Popayán caótica y bajo asedio: ¿Quién responde?
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Popayán está llegando a un punto en el que ya no basta con celebrar su historia, admirar sus fachadas blancas o repetir que es una ciudad universitaria y patrimonial. Hay que preguntarse, con seriedad, qué ciudad estamos construyendo y quién está asumiendo la responsabilidad de conducirla. Porque mientras la expansión urbana avanza de manera desorganizada y abrupta, la movilidad se hace más difícil, aparecen nuevos asentamientos y la presión sobre el espacio público aumenta, también se profundiza una amenaza mucho más grave: la penetración de estructuras armadas y economías ilegales en la vida cotidiana de la capital caucana.
La primera señal de alarma está en la planeación. Popayán continúa rigiéndose por un Plan de Ordenamiento Territorial adoptado en 2002, actualmente en proceso de revisión y ajuste. No es un dato menor. En más de dos décadas la ciudad cambió, creció, se densificó y extendió sus necesidades de vivienda, vías, servicios, equipamientos y protección ambiental. La propia Administración Municipal ha reconocido que Popayán no puede seguir creciendo mediante soluciones parciales y que necesita una nueva hoja de ruta territorial.
El problema no consiste simplemente en que se expidan licencias de construcción. Las curadurías cumplen una función legal y las licencias son instrumentos necesarios para el desarrollo urbano. El verdadero interrogante es otro: ¿existe una visión de ciudad capaz de articular esas decisiones con una red vial suficiente, servicios públicos, zonas verdes, equipamientos, manejo del riesgo, movilidad y protección del patrimonio? Una licencia puede ser jurídicamente válida y, sin embargo, resultar insuficiente frente a una ciudad que carece de una planificación integral actualizada.
Por eso Planeación Municipal no puede limitarse a producir diagnósticos, mapas y documentos técnicos. Debe ejercer liderazgo real sobre el territorio, coordinar el control urbanístico y garantizar que el crecimiento no termine imponiéndose sobre la capacidad de respuesta de la ciudad. La planificación puramente declarativa sirve para llenar archivos; la planificación efectiva se reconoce en calles transitables, barrios conectados, espacio público protegido, servicios oportunos y reglas claras para todos.
A esta fragilidad urbana se suma una advertencia todavía más inquietante. La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 018 de 2026, identificó riesgos para la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de habitantes de las nueve comunas y los 23 corregimientos de Popayán. La alerta describe la convergencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, así como su interés en corredores rurales estratégicos y en actividades ilícitas que encuentran conexión con el ámbito urbano. La entidad formuló 27 recomendaciones a autoridades nacionales y territoriales. Conviene subrayar que las alertas tempranas son preventivas, no predictivas: su valor está precisamente en permitir actuar antes de que los riesgos se agraven.
Este diagnóstico obliga a cambiar la manera de entender la seguridad. No se trata únicamente de aumentar patrullajes o reaccionar después del delito. La seguridad de Popayán también depende de cómo se ocupa el territorio, de la iluminación de los barrios, de la recuperación del espacio público, de la presencia institucional en las zonas periféricas, de las oportunidades para los jóvenes y de impedir que sectores rurales y urbanos sean funcionales a economías criminales.
Una ciudad mal planificada resulta más vulnerable. Allí donde el Estado llega tarde, donde la urbanización precede a los servicios y donde la institucionalidad es débil, otros poderes encuentran espacio para imponer reglas, controlar actividades y capturar economías. Por eso la planeación urbana y la seguridad no son asuntos separados: forman parte de una misma obligación pública.
Popayán se aproxima además a la conmemoración de sus 500 años de fundación. Esa fecha no debería reducirse a ceremonias, placas, conciertos o discursos. Puede ser la oportunidad histórica para definir qué ciudad queremos legar a las próximas generaciones: una capital ordenada, segura, incluyente, conectada con su territorio rural y capaz de proteger su patrimonio sin convertirse en un museo inmóvil.
La pregunta, entonces, no es solamente quién expide una licencia o quién atiende un problema de orden público. La pregunta de fondo es quién está gobernando integralmente la ciudad. El alcalde, Planeación, las autoridades de seguridad, el Concejo, las curadurías y los organismos de control tienen competencias distintas, pero comparten una responsabilidad pública: impedir que Popayán siga creciendo por inercia y que la violencia regional termine encontrando en sus debilidades urbanas un terreno favorable.
La Ciudad Blanca necesita algo más que administración cotidiana. Necesita dirección, autoridad legítima y una visión de largo plazo. Y la ciudadanía tiene derecho a exigirla.
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