Protección animal: ¡poca compasión!
Hay que reconocerle algo a la Alcaldía de Popayán: mientras los animales agonizan, la burocracia viaja y parecen más preocupados por perpetuarse en el poder que por atender las necesidades de quienes no tienen voz.
Esta semana se volvió viral el video de un perrito agonizando a las afueras del Centro de Bienestar Animal (CBA), sin posibilidad de recibir atención profesional por una razón tan indignante como inaceptable: no había insumos veterinarios para atenderlo. ¡Ni siquiera un analgésico para que muriera sin dolor!
Detrás de esas imágenes hay una realidad que debería avergonzarnos como sociedad. Los profesionales del CBA hacen hasta lo imposible por salvar vidas. Ponen su conocimiento, su tiempo, su compromiso y hasta el dinero de sus propios bolsillos para suplir lo que le corresponde garantizar a la Administración municipal. Cumplen con su vocación, pero la Alcaldía los deja con las manos vacías.
Y lo más preocupante es que, según la información oficial conocida, a la fecha hay más de 900 millones de pesos destinados a la Política de Protección Animal que están sin ejecutarse. Ya vamos en octubre y ojalá no se repita lo ocurrido el año pasado, cuando se quedaron centenares de millones de pesos sin contratar en este rubro.
¡Qué tranquilidad y qué falta de compasión! Los animales pueden esperar. Las urgencias pueden esperar. El sufrimiento puede esperar. Lo importante parece ser que los acuerdos y los trámites contractuales lleguen a su debido tiempo. Al fin y al cabo, un proceso contractual no siente dolor, no se desangra ni agoniza a las puertas de un centro de atención.
La ironía es que el presupuesto está aprobado, la política pública es obligatoria y existen mandatos judiciales de inaplazable cumplimiento. ¡Y, aun así, las respuestas no llegan!
La protección animal no puede tratarse como una limosna ni como esa materia de costura del colegio que muchos consideran irrelevante. Tampoco puede convertirse en un título y una foto prestada para mostrar resultados en el informe anual de gestión.
Los administradores públicos de turno deben entender algo fundamental: los tiempos cambiaron. La protección animal no es un asunto opcional ni un favor que se les hace a los animales; es una responsabilidad legal y ética cuyo incumplimiento puede acarrear consecuencias jurídicas. Esa obligación debe traducirse en medicamentos disponibles, insumos suficientes, atención veterinaria oportuna, esterilizaciones y capacidad de respuesta cuando una vida depende de ello.
Y hay preguntas que la ciudadanía tiene todo el derecho de hacer: si existen recursos destinados a esta política, ¿por qué los profesionales que atienden a los animales deben recurrir a sus propios bolsillos? ¿Quién responde por las demoras? ¿Quién asume la responsabilidad cuando la falta de insumos impide prestar una atención que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte?
Los animales no votan, no protestan frente al despacho del alcalde ni pueden exigir que se ejecute un presupuesto. Dependen de nuestra capacidad de protegerlos y de la responsabilidad de las instituciones que tienen la obligación legal y moral de hacerlo.
Ojalá el próximo video que se vuelva viral no sea el de otro animalito agonizando mientras espera ayuda, sino el de un Centro de Bienestar Animal dotado de los insumos, los recursos y la capacidad de atención que necesita para cumplir su misión: salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger a quienes no tienen voz.
Posdata: Y cambiando de tema, hay otra pregunta que merece respuesta ahora que el volcán Purace bajó a alerta amarilla: ¿por qué Clic reanudó sus vuelos a Popayán y Avianca todavía no? ¿Cuáles son las razones que explican esta diferencia ?
