Nueva masacre golpea al gobierno propio del pueblo Nasa
El Consejo de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca, NASAWES’X DXI’J, declaró alerta máxima y denunció públicamente el atentado contra Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, autoridad tradicional indígena y gobernador mayor del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ocurrido el 1 de agosto de 2026 en el municipio de Florida, Valle del Cauca.
El comunicado oficial fue dirigido a la opinión pública nacional e internacional, a organismos de derechos humanos, a la MAPP/OEA, a la ONU, a la Defensoría del Pueblo, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a las demás instituciones competentes. En el documento, NASAWES’X DXI’J y sus 27 autoridades tradicionales califican lo ocurrido como un nuevo atentado contra la vida, la integridad y la pervivencia de las autoridades y comunidades indígenas.
Según la denuncia pública, hacia las 2:50 de la tarde del 1 de agosto ocurrió la masacre: hombres fuertemente armados irrumpieron en un establecimiento comercial, un restaurante ubicado en Florida, y abrieron fuego de manera indiscriminada contra Julián Mauricio Gutiérrez Grajales y contra las personas que integraban su esquema de protección.
El ataque dejó como víctimas mortales al escolta de la Unidad Nacional de Protección, Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, y al comunero Hamilton Daniel Dagua, perteneciente al resguardo indígena Nasa Kwesx Kiwe. También resultó gravemente herido el escolta Jhon Fredy Lemus Ferro.
En el momento en que fue emitido el comunicado, Julián Mauricio Gutiérrez Grajales había sufrido heridas de extrema gravedad y permanecía en una Unidad de Cuidados Intensivos bajo pronóstico reservado. Posteriormente, otros pronunciamientos públicos confirmaron su fallecimiento, lo que convirtió el atentado en un golpe aún más doloroso para el pueblo Nasa, su gobierno propio y sus procesos organizativos.
El documento de NASAWES’X DXI’J también advierte que, después del atentado, hacia las 4:30 de la tarde, varios líderes del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe comenzaron a recibir amenazas mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas. Para las autoridades indígenas, ese hecho evidencia un patrón de criminalidad sistemático contra el liderazgo del territorio.
La organización recordó además que, en días recientes, la comunidad había sido informada sobre presuntas amenazas contra la vida del gobernador del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe. Esa advertencia previa aumenta la preocupación por la materialización del ataque y por la capacidad real de protección institucional frente a liderazgos indígenas que ya habían sido señalados como objetivos de riesgo.
Para el Consejo de Gobierno Propio, este atentado contra una de las máximas autoridades del resguardo, sumado al asesinato de integrantes de su esquema de protección y de un comunero, representa una agresión grave contra el pueblo Nasa, sus procesos organizativos, su autonomía y su gobierno propio.
El comunicado sostiene que los hechos encienden la alerta máxima sobre las condiciones de seguridad de la dirigencia indígena y evidencian el recrudecimiento de la violencia en los territorios. También advierte que esta situación afecta los esfuerzos comunitarios por consolidar la paz, la convivencia y las garantías para el ejercicio del liderazgo social e indígena.
Ante la gravedad de lo ocurrido, NASAWES’X DXI’J exigió al Gobierno Nacional, a las autoridades judiciales y a los organismos competentes la adopción inmediata de medidas extraordinarias de protección para autoridades indígenas, líderes, lideresas y comunidades del pueblo Nasa. También pidió el esclarecimiento pronto, exhaustivo e imparcial de los hechos, con identificación y judicialización tanto de los autores materiales como de los determinadores del atentado.
La organización solicitó además el acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la MAPP/OEA, la ONU y los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, con el fin de garantizar la protección de la vida y de los derechos colectivos de las comunidades indígenas.
El llamado va más allá de la reacción inmediata. Las autoridades Nasa pidieron acciones urgentes que impidan la repetición de estos hechos y garanticen condiciones reales de seguridad para los pueblos indígenas. En el mismo pronunciamiento, responsabilizaron al Estado colombiano de adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de sus autoridades y comunidades.
La gravedad del comunicado está también en su decisión política y organizativa: NASAWES’X DXI’J se declaró en asamblea permanente a partir de ese momento, junto con sus 27 autoridades territoriales. Esa determinación expresa la dimensión colectiva del riesgo y la urgencia de una respuesta institucional que no se limite a comunicados de rechazo después de cada atentado.
El ataque en Florida vuelve a poner sobre la mesa una realidad que las comunidades indígenas han denunciado de manera reiterada: la vida de las autoridades tradicionales, comuneros, guardias indígenas, líderes sociales y personas protegidas por esquemas institucionales continúa en riesgo. La violencia no golpea únicamente a individuos; afecta el gobierno propio, la autonomía, la organización territorial y la posibilidad de construir paz desde las comunidades.
La muerte de un comunero, el asesinato de un escolta de la UNP, las heridas contra otro integrante del esquema de protección y el ataque contra una autoridad mayor del pueblo Nasa obligan a preguntar qué tan efectivas son las medidas de prevención cuando ya existen amenazas previas. También exigen revisar si los esquemas de seguridad responden realmente a las condiciones del territorio o si llegan tarde frente a estructuras armadas que actúan con capacidad de intimidación.
El pueblo Nasa ha sido claro: la vida de sus líderes y lideresas es indispensable para la defensa del territorio, la autonomía y la paz. Por eso reclama garantías reales, acciones inmediatas y presencia institucional coordinada.
Florida no puede quedar reducida a un nuevo punto en la estadística de la violencia. El atentado contra Julián Mauricio Gutiérrez Grajales y su esquema de protección exige investigación pronta, medidas extraordinarias y protección colectiva efectiva. El territorio no pide condolencias repetidas. Exige justicia, garantías y paz.
