Por David Luna
La Alcaldía de Cali anunció una negociación cercana a los dos billones de pesos para adquirir la Central Hidroeléctrica Salvajina. La operación contempla entregar las acciones de EMCALI en Celsia Colombia a cambio de la hidroeléctrica, construida hace cuatro décadas en territorio caucano. Mientras Cali proyecta beneficios energéticos y financieros, documentos judiciales revelan la historia de las acciones adquiridas por Suárez y Morales, los recursos de la privatización y los compromisos con comunidades afectadas por el embalse.
La Central Hidroeléctrica Salvajina, construida sobre el río Cauca, en jurisdicción de los municipios de Suárez y Morales, podría cambiar nuevamente de propietario. Este jueves 15 de octubre de 2026, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el gerente de Empresas Municipales de Cali (EMCALI), Roger Mina, anunciaron el inicio del proceso para adquirir la central, actualmente vinculada a Celsia Colombia, del Grupo Argos.
La propuesta consiste en intercambiar el 18,06 % de participación accionaria que EMCALI posee en Celsia Colombia, valorada preliminarmente en cerca de dos billones de pesos, por el 100 % de la central hidroeléctrica. La iniciativa fue presentada ante el Concejo Distrital de Cali y su cierre se proyecta para el primer semestre de 2027, sujeto a autorizaciones y negociaciones.
El anuncio reabre una discusión que trasciende el negocio energético. Salvajina fue financiada y construida por el sector público en tierras del norte del Cauca, donde su puesta en funcionamiento modificó las condiciones de vida de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Décadas después, las decisiones sobre su propiedad vuelven a tener como protagonistas a empresas y autoridades del Valle del Cauca.
Eder anuncia el regreso de Salvajina al patrimonio público
El alcalde Alejandro Eder presentó la iniciativa como parte de su propósito de ampliar la capacidad empresarial de EMCALI y conservarla bajo propiedad pública.
“Hoy iniciamos el proceso para adquirir la hidroeléctrica Salvajina. Hace 30 años, Salvajina fue adquirida por la empresa privada”, manifestó el mandatario en sus declaraciones de este jueves.
Eder sostuvo que la compra permitiría recuperar capacidad de generación eléctrica e incorporar la infraestructura al patrimonio público de Cali. También planteó que la operación podría mejorar las finanzas de la empresa municipal.
“Reitero mi convicción que Emcali debe seguir siendo una empresa pública de los caleños, eso sí, administrada con criterio empresarial y que sea capaz de generar valor para la ciudad y responder a las necesidades de las próximas generaciones”, afirmó.
El mandatario reconoció que la adquisición todavía se encuentra en una etapa inicial. Por ahora, EMCALI ha formulado una oferta no vinculante a Celsia, mientras adelanta gestiones para valorar los activos y revisar las condiciones jurídicas del intercambio. La operación no constituye una compraventa perfeccionada.
Roger Mina explicó que el intercambio de acciones busca que EMCALI pase de ser accionista minoritaria de una compañía energética a tener el control directo de una planta de generación.
“Planteamos hacer un intercambio de la participación accionaria que tiene Emcali en Celsia Colombia, que es del 18%, por el 100% de este importante activo”, señaló el gerente.
De acuerdo con la información publicada por La República, la empresa cuenta con acompañamiento de Sumitomo Mitsui Banking Corporation para la estructuración y valoración financiera, y de Lotero Zuluaga para los estudios legales y regulatorios.
La negociación requiere que el Concejo estudie la autorización para enajenar las acciones de EMCALI. También deberán cumplirse las disposiciones aplicables a la venta de participación accionaria pública, incluidas las previstas en la Ley 226 de 1995, y definirse un acuerdo vinculante con el propietario de Salvajina.
Una central capaz de producir parte de la energía de Cali
La importancia económica de Salvajina está relacionada con su capacidad de generación y su función en la regulación del río Cauca.
Según la información técnica publicada por Celsia, la central cuenta con una capacidad de generación de 315 megavatios y un embalse de aproximadamente 31 kilómetros de longitud. Su capacidad de almacenamiento es de 960 millones de metros cúbicos, de los cuales 753 millones corresponden a volumen útil.
Roger Mina afirmó que la producción eléctrica de Salvajina equivale al 30 % de la energía consumida en Cali, una proporción que, según su planteamiento, permitiría reducir la dependencia de EMCALI frente a las variaciones del mercado mayorista.
El gerente también aseguró que el embalse garantizaría agua para la región durante los próximos cien años. Esa afirmación corresponde a una expectativa expresada por el funcionario y no constituye una garantía técnica comprobada para todo ese período. La disponibilidad futura dependerá de factores como las condiciones climáticas, los aportes del río, la sedimentación y las reglas de operación.
El embalse cumple funciones de regulación hidráulica que contribuyen al control de crecientes y al mantenimiento del caudal del río Cauca durante temporadas secas. Estas actividades se coordinan mediante un comité técnico liderado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en el que participa el operador de la central.
Aunque la Administración de Cali plantea que la adquisición podría favorecer la estabilidad de las tarifas eléctricas, todavía no se conocen estudios públicos definitivos que permitan establecer cuánto ahorrarían los usuarios. Tampoco se ha presentado un avalúo final de la central que confirme que su valor coincide con el de las acciones propuestas para el intercambio.
Salvajina nació pública y pasó a manos privadas
La historia de Salvajina comenzó mucho antes de la negociación anunciada por Eder.
La obra fue construida por la CVC entre 1980 y 1985, con el propósito de reducir inundaciones en el valle geográfico del río Cauca, regular los caudales y producir electricidad. Su ubicación respondió a las condiciones del terreno en Suárez, donde el cauce del río permitía construir una presa de gran capacidad de almacenamiento.
La central inició operaciones en 1985, cuando entraron en funcionamiento sus primeras unidades generadoras. Desde entonces, se convirtió en parte del sistema energético regional.
Su propiedad comenzó a cambiar durante la reestructuración del sector eléctrico colombiano de los años noventa.
El Decreto Ley 1275 del 21 de junio de 1994 reorganizó las funciones de la CVC y dio paso a la creación de la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA), separando la actividad eléctrica de las competencias ambientales de la corporación.
La Corte Constitucional estableció que la transferencia formal de Salvajina a EPSA se realizó mediante la escritura pública 0943 del 31 de julio de 1996.
Posteriormente, en 1997, el proceso de privatización de EPSA permitió el ingreso de inversionistas privados. La empresa atravesó sucesivos cambios de control hasta quedar vinculada al grupo empresarial que hoy encabeza Celsia.
Por eso, cuando el alcalde de Cali se refiere a una privatización ocurrida hace aproximadamente treinta años, está hablando de una transformación empresarial que se produjo durante la década de 1990 y no de la construcción original de la represa.
Suárez y Morales también participaron en las acciones
Uno de los antecedentes menos conocidos de Salvajina es la participación que se contempló para los municipios caucanos durante la reorganización de EPSA.
Las disposiciones de la época establecieron la posibilidad de ofrecer hasta el 5 % de las acciones de la empresa a los municipios del Cauca donde se encontraba el embalse. También se contemplaron participaciones para el Departamento del Cauca, el Valle del Cauca y EMCALI, con condiciones especiales de financiación.
La distribución quedó desarrollada en las normas sobre enajenación de las acciones de EPSA, entre ellas el Decreto 1151 de 1997, que incluyó plazos de veinte años, intereses del 6 % anual y un período de gracia de tres años para determinadas operaciones.
La participación municipal no quedó limitada a una posibilidad legal. Un expediente judicial del Consejo de Estado, identificado con la referencia AP-085 y fechado el 7 de septiembre de 2000, recoge antecedentes sobre la adquisición de acciones por parte de Suárez y Morales y las obligaciones que surgieron ante la Financiera Energética Nacional (FEN).
De acuerdo con el acta del 18 de junio de 1997, citada en ese expediente, Suárez registraba 27.881 acciones y Morales, 26.994, con un valor de $161.371 por acción. Las obligaciones asociadas ascendían aproximadamente a $4.499 millones para Suárez y $4.356 millones para Morales, en pesos de aquella época.
El mismo antecedente judicial da cuenta de discusiones sobre la distribución de recursos provenientes de la privatización, el pago de obligaciones financieras y las inversiones que se pretendían realizar en los municipios afectados por la construcción de la represa.
Estos registros muestran que los dos municipios hicieron parte de la historia accionaria de EPSA. Sin embargo, para conocer su situación definitiva es necesario revisar las operaciones posteriores, los pagos efectuados, las posibles ventas de participaciones y el destino presupuestal de los recursos.
No se dispone todavía de documentos suficientes para precisar cuándo dejaron de tener esas acciones, si fueron vendidas en su totalidad, a quién y por cuánto dinero.
El asunto adquiere nueva relevancia porque EMCALI plantea entregar su propia participación accionaria en Celsia Colombia para recuperar el control de Salvajina. Las decisiones tomadas hace tres décadas en torno a las acciones del Cauca constituyen un antecedente necesario para examinar la negociación actual.
Las comunidades que pagaron el costo de la represa
La construcción de Salvajina también tuvo consecuencias documentadas sobre la población que habitaba las riberas del río Cauca.
El llenado del embalse inundó terrenos, modificó caminos y afectó actividades tradicionales como la agricultura, la pesca y la minería artesanal. Diversas comunidades quedaron dependiendo del transporte fluvial para comunicarse con otras veredas y con las cabeceras municipales.
Las reclamaciones comenzaron desde los primeros años de funcionamiento. El 17 de agosto de 1986, representantes del Gobierno y de las comunidades suscribieron un acuerdo conocido como el Acta de 1986, que contemplaba obras de conectividad, escuelas, puestos de salud, servicios públicos y medidas para atender las afectaciones económicas.
El incumplimiento de parte de esos compromisos fue examinado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-462A de 2014.
En esa providencia, la Corte reconoció vulneraciones de los derechos a la libre circulación, la salud y la educación de comunidades indígenas de los resguardos Honduras y Cerro Tijeras, relacionadas con el aislamiento provocado por la represa y las deficiencias en el cumplimiento de las medidas acordadas.
El tribunal documentó dificultades de transporte, ausencia de caminos adecuados y restricciones para movilizar personas y productos durante determinadas temporadas.
Además, ordenó a EPSA adelantar la consulta previa relacionada con el Plan de Manejo Ambiental y concertar medidas para atender los impactos sociales, ambientales y económicos de la operación.
La Corte sostuvo que, desde la transferencia de 1996, EPSA había asumido los pasivos y obligaciones derivados de la represa. Este antecedente resulta relevante frente a cualquier operación que pueda modificar nuevamente su propiedad.
La sentencia permite comprobar que existieron afectaciones y obligaciones incumplidas al momento del fallo. Para establecer cuál es su situación en octubre de 2026 se requiere revisar los informes de seguimiento judicial, las actuaciones de las autoridades ambientales y los compromisos ejecutados por la empresa operadora y las entidades públicas.
Una negociación en Cali con consecuencias para Cauca
La eventual adquisición de Salvajina plantea una cuestión territorial que hasta ahora no ocupa el centro de los anuncios de EMCALI.
La presa y el embalse se encuentran en Cauca, mientras que una parte considerable de los beneficios asociados a su regulación hidráulica y a la operación eléctrica se proyecta hacia Cali y el Valle del Cauca.
Esto no significa que los beneficios regionales sean incompatibles con los intereses de Suárez y Morales. Sin embargo, una nueva transferencia de propiedad exige claridad sobre los compromisos sociales y ambientales existentes, las competencias de cada entidad y el tratamiento de las obligaciones vinculadas a la central.
También corresponde establecer si las administraciones de Suárez y Morales han sido informadas formalmente sobre la negociación y si se contempla su participación en el estudio de los efectos territoriales de la operación.
En el componente económico, los municipios del área de influencia reciben transferencias asociadas a la generación hidroeléctrica, sujetas a la legislación ambiental. Estos recursos tienen una naturaleza distinta de los ingresos que pudieron obtener por acciones de EPSA y de las compensaciones derivadas de los impactos de la represa.
La posible llegada de EMCALI como nuevo propietario no implica, por sí misma, que se extingan las obligaciones ambientales, sociales y judiciales asociadas a Salvajina. Su distribución específica deberá quedar establecida en los documentos jurídicos de la operación y conforme a las decisiones de las autoridades competentes.
Por ahora, la información pública no permite conocer si la propuesta incluye un capítulo específico para Suárez y Morales, ni qué compromisos asumiría directamente EMCALI frente a las comunidades que habitan alrededor del embalse.
Mientras Cali inicia el proceso para incorporar Salvajina a su patrimonio público, permanecen preguntas sobre el destino de las antiguas acciones municipales, la utilización de los recursos de la privatización y el cumplimiento de los acuerdos firmados desde 1986.
La negociación anunciada este 15 de octubre abre así una nueva etapa empresarial para una hidroeléctrica que cumple cuatro décadas de funcionamiento. Su alcance económico dependerá de los estudios y autorizaciones pendientes; sus consecuencias para el Cauca también deberán examinarse a la luz de una historia documentada de cambios de propiedad, compromisos territoriales y decisiones judiciales.
