Un estudio de la Defensoría del Pueblo revela cómo la violencia, la pobreza, el racismo y las dificultades para recibir atención en salud mental afectan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del litoral Pacífico. En 2025 se notificaron 351 intentos de suicidio entre personas de 5 a 28 años en los municipios estudiados.
Hay niños que encuentran la felicidad jugando con sus amigos, acompañando a sus familias o recorriendo los lugares donde han crecido. Para ellos, el territorio es la casa, el río, la escuela y las personas que conocen. Pero al llegar a la adolescencia, esa misma tierra puede comenzar a parecerles un lugar donde resulta difícil cumplir sus sueños.
Así lo expresó un adolescente afrocolombiano de Guapi, Cauca, durante una conversación con investigadores de la Defensoría del Pueblo:
«Aquí no hay nada, para cumplir esos sueños toca irse, porque aquí no hay nada».
Detrás de esas palabras hay una preocupación que atraviesa buena parte del litoral Pacífico colombiano. Muchos jóvenes quieren estudiar, trabajar, permanecer cerca de sus familias y construir una vida digna en sus comunidades, pero encuentran obstáculos económicos, sociales y territoriales que limitan sus posibilidades.
La reflexión aparece en Buen futuro en el Pacífico colombiano. Estudio sobre trayectorias de salud mental y conducta suicida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, una investigación publicada en 2026 por la Defensoría del Pueblo de Colombia.
El documento plantea que la salud mental de las nuevas generaciones debe analizarse teniendo en cuenta las condiciones en las que viven, las violencias que experimentan, sus relaciones familiares y las oportunidades reales que tienen para construir su futuro.
La investigación escuchó directamente a 145 participantes: 112 niñas, niños y adolescentes y 33 jóvenes, mediante grupos focales realizados en Guapi, Buenaventura, Barbacoas, Tumaco y Quibdó. También examinó estadísticas oficiales, documentos institucionales y experiencias de organizaciones comunitarias.
Cuando los sueños obligan a abandonar el territorio
Para comprender el problema hay que mirar lo que sucede en la vida cotidiana.
En Guapi, varios adolescentes manifestaron que desean continuar sus estudios y conseguir empleo, aunque consideran que las oportunidades disponibles en el municipio son insuficientes.
Algunos jóvenes afrocolombianos hablaron de las dificultades para permanecer en su territorio después de terminar su formación. Entre participantes indígenas surgió otro problema: el costo del transporte fluvial para llegar a los establecimientos educativos desde las comunidades rurales.
La gasolina necesaria para desplazarse en lancha puede convertirse en una barrera que impide asistir regularmente a clases.
En Buenaventura, los jóvenes mencionaron dificultades económicas para ingresar a la educación superior. En Tumaco y Quibdó aparecieron inquietudes sobre la escasez de oportunidades laborales, especialmente por fuera de las economías ilegales.
Estas experiencias muestran cómo la posibilidad de estudiar o trabajar influye en las expectativas personales de quienes están comenzando su vida adulta.
La Defensoría advierte que el bienestar emocional también depende de esos factores. Cuando una persona encuentra obstáculos persistentes para realizar sus proyectos, la incertidumbre puede afectar su confianza en el porvenir.
El informe no presenta a los jóvenes del Pacífico como una población sin aspiraciones. Por el contrario, identifica un deseo recurrente de estudiar, trabajar, ayudar a sus familias y aportar a sus comunidades.
El problema está en la distancia entre esas aspiraciones y las condiciones disponibles para realizarlas.
El sufrimiento que muchas veces permanece en silencio
Otro hallazgo preocupante aparece en la manera en que niñas, niños y adolescentes expresan sus emociones.
Algunos participantes contaron que prefieren guardar silencio cuando sienten tristeza, temor o preocupación porque no siempre encuentran personas dispuestas a escucharlos.
Una niña indígena awá de Barbacoas lo expresó así: «Si tú estás triste tus papás te regañan, mejor no les dices nada».
En otros grupos, los jóvenes explicaron que sus dificultades suelen parecer poco importantes frente a las preocupaciones económicas y familiares de los adultos. Algunos también mencionaron el temor a los comentarios y rumores que pueden surgir cuando alguien comparte situaciones personales dentro de su comunidad.
El resultado es que experiencias de sufrimiento emocional pueden permanecer ocultas durante largos periodos.
La investigación advierte sobre la necesidad de crear espacios de confianza, dentro y fuera de las familias, donde las nuevas generaciones puedan expresar sus preocupaciones sin temor al rechazo o al castigo.
También reconoce el papel de las prácticas comunitarias de cuidado, la espiritualidad, las relaciones entre compañeros, el juego, la música y el deporte como recursos que pueden contribuir al bienestar emocional.
Estas formas de acompañamiento adquieren especial relevancia en comunidades indígenas y afrocolombianas donde existen conocimientos propios sobre el cuidado de la vida.
Las cifras detrás de una preocupación creciente
El Pacífico medio comprende Buenaventura, Guapi, Timbiquí y López de Micay. Las cifras proceden del Instituto Nacional de Salud y están recogidas en el informe defensorial.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2025 se registraron 1.080 muertes por suicidio entre personas de 5 a 28 años en Colombia, de las cuales 28 correspondieron a los municipios priorizados.
Entre enero y junio de 2026, el informe reporta 13 muertes por suicidio en el litoral estudiado, dentro de un total nacional de 512 para ese grupo de edad.
La Defensoría advierte que estas cifras deben interpretarse con cautela. Los problemas de registro, las distancias geográficas, la dispersión de la población y las dificultades para acceder a los servicios pueden impedir que todos los casos sean identificados oportunamente.
Además, los datos muestran una tendencia creciente de la mortalidad por suicidio entre 2021 y 2025 en los territorios estudiados, particularmente en Chocó y el Pacífico nariñense, según las conclusiones de la entidad.
La investigación no atribuye cada muerte a una causa determinada. Explica que la conducta suicida debe entenderse a partir de múltiples factores personales, familiares, sociales y territoriales que interactúan a lo largo de la vida.
La guerra también deja heridas emocionales
En el litoral Pacífico, las experiencias de violencia ocupan un lugar importante en las historias recogidas por la Defensoría.
El desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, las amenazas, la violencia sexual y las restricciones impuestas por actores armados afectan las relaciones familiares y comunitarias.
Sus consecuencias pueden extenderse mucho después de que termina una confrontación o una situación de riesgo inmediato.
El temor a desplazarse, las interrupciones escolares, la separación de seres queridos y la incertidumbre sobre la seguridad del territorio forman parte de las circunstancias que pueden deteriorar el bienestar emocional.
A esas dificultades se suman la pobreza, la inseguridad alimentaria y las experiencias de discriminación étnica y racial.
La Defensoría insiste en que estas condiciones no afectan de la misma manera a todos los habitantes. Las niñas, los niños y las juventudes indígenas y afrocolombianas enfrentan riesgos particulares relacionados con sus contextos territoriales, culturales y sociales.
La permanencia de esas dificultades exige intervenciones que contemplen la protección de los derechos individuales y colectivos, así como el reconocimiento de las formas propias de cuidado de cada comunidad.
Pedir ayuda no debería depender de un viaje
El acceso a servicios de salud mental representa otra dificultad.
En muchos municipios del litoral, la atención especializada se concentra lejos de las comunidades rurales. Llegar a una consulta puede exigir desplazamientos prolongados, transporte fluvial y gastos que numerosas familias no están en condiciones de asumir.
La disponibilidad limitada de profesionales, las deficiencias de conectividad y las dificultades para garantizar tratamientos continuos agravan esas barreras.
El estudio también recoge experiencias de personas indígenas que encuentran en sus autoridades y sabedores tradicionales formas de interpretar y atender determinados malestares.
La Defensoría plantea que los servicios institucionales deben trabajar en coordinación con esos conocimientos y prácticas comunitarias, respetando la autonomía cultural y garantizando atención especializada cuando se requiera.
Para la entidad, prevenir la conducta suicida requiere servicios oportunos de salud, pero también protección frente a las violencias y condiciones que permitan desarrollar proyectos de vida.
Escuchar a los jóvenes también puede proteger sus vidas
El documento presenta dos experiencias de intervención comunitaria que buscan mejorar las condiciones de bienestar.
La primera es Serena-Mente, desarrollada en Buenaventura y Tumaco para promover el cuidado emocional, la escucha, las relaciones familiares y las redes de apoyo.
Según la Defensoría, durante seis meses de implementación el programa registró 6.945 personas únicas participantes y 13.743 asistencias a actividades.
La evaluación identificó avances en aspectos como la expresión de emociones, la confianza para buscar ayuda y las prácticas familiares de cuidado.
La entidad aclara que el programa no constituye una intervención clínica especializada ni que esos resultados permitan demostrar una reducción en las tasas de conducta suicida.
La segunda experiencia es Raíz Joven, que acompaña iniciativas comunitarias lideradas por jóvenes de Tumaco, Francisco Pizarro y Guapi.
Mediante proyectos culturales, deportivos, ambientales y de participación, busca apoyar procesos organizativos que ya existen en las comunidades y que ofrecen espacios de encuentro y colaboración.
Ambas experiencias muestran posibilidades de acompañamiento que reconocen a los jóvenes como participantes activos en el cuidado de sus territorios.
El derecho a imaginar una vida diferente
Una de las propuestas centrales de la investigación es el reconocimiento de un derecho al buen futuro.
La Defensoría lo plantea como un derecho emergente, vinculado con la posibilidad de que todas las personas, especialmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, construyan proyectos de vida con esperanza, confianza y condiciones reales para realizarlos.
Esta propuesta parte de reconocer que las posibilidades de futuro dependen también de decisiones públicas actuales.
Por eso, el estudio dirige recomendaciones a ministerios, gobernaciones, alcaldías, instituciones educativas, autoridades de salud y organizaciones comunitarias.
Entre ellas sobresale la necesidad de establecer rutas de atención claras frente al riesgo suicida. La Defensoría pide que en cada municipio se conozca quién identifica las señales de alarma, quién orienta a las familias, quién remite a los servicios especializados y quién verifica que la persona reciba atención y seguimiento.
También propone mejorar los registros oficiales, disponer de equipos territoriales de atención, incorporar recursos específicos en la planeación institucional y promover espacios de participación de niñas, niños y jóvenes.
A los medios de comunicación les solicita informar sobre salud mental y conducta suicida sin sensacionalismo, dando espacio a las experiencias de cuidado y a las iniciativas de las comunidades.
El estudio deja una tarea para las autoridades del Pacífico colombiano: construir respuestas que no aparezcan únicamente cuando se presenta una emergencia, sino que acompañen a las personas desde la infancia y durante su desarrollo.
En Guapi, Buenaventura, Tumaco, Barbacoas y Quibdó, las conversaciones recogidas por la Defensoría muestran que las nuevas generaciones mantienen aspiraciones educativas, laborales, familiares y comunitarias.
Quieren vivir cerca de sus afectos, participar en sus territorios y disponer de oportunidades para elegir su camino.
Aquella frase del adolescente de Guapi que considera necesario marcharse para cumplir sus sueños plantea una pregunta que deberían responder las instituciones públicas: ¿qué tendría que cambiar para que los jóvenes del Pacífico puedan construir el futuro que desean sin verse obligados a abandonar sus territorios?
La Defensoría del Pueblo ofrece un punto de partida. Corresponde ahora a las autoridades demostrar qué decisiones están dispuestas a tomar y con qué recursos cuentan para convertir esas recomendaciones en condiciones reales de vida.
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- Puedes consultar el documento completo en el Repositorio institucional de la Defensoría.
- Las imágenes utilizadas para ilustrar esta crónica pertenecen a «Buen futuro en el Pacífico colombiano. Estudio sobre trayectorias de salud mental y conducta suicida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes», investigación publicada en 2026 por la Defensoría del Pueblo de Colombia.
