En Colombia, el salario mínimo tiene una virtud casi sobrenatural: cada diciembre se multiplica por decreto y, por arte de magia, se supone que con eso desaparecen la pobreza, la desigualdad y la informalidad. No importa si la economía crece poco, si la productividad está estancada o si las empresas apenas sobreviven: el salario mínimo sube, y con eso —nos dicen— todos vivimos mejor. Fin del debate.
El problema es que la economía, a diferencia del discurso político, no funciona a punta de aplausos. Cuando el incremento del salario mínimo es excesivo, el mercado laboral no responde con solidaridad sino con aritmética básica. Si contratar cuesta más de lo que se produce, el empleo no se dignifica: se elimina. Pero claro, eso no sale en el anuncio oficial.
Para las micro y pequeñas empresas —esas que generan la mayor parte del empleo formal— el aumento desbordado no es una “conquista social”, sino una amenaza directa. Ante el nuevo costo laboral, las opciones son pocas y nada heroicas: despedir, no contratar, reducir horas o informalizar. Así, el trabajador queda “protegido” en el papel, pero desempleado en la realidad. Un éxito rotundo.
Luego viene la inflación, ese invitado incómodo que siempre llega sin ser invitado. Suben los salarios por decreto y, casualmente, suben los precios del transporte, la vigilancia, el aseo, los restaurantes y los servicios. El trabajador celebra el aumento en enero y en marzo ya está pagando más por todo. Pero no importa: el salario mínimo ya subió, la misión está cumplida.
El salario mínimo colombiano, además, no se limita a pagar sueldos. Es una especie de vara mágica que mueve multas, tarifas, trámites y costos administrativos. Cuando el mínimo sube “generosamente”, también sube el precio de equivocarse, de emprender y hasta de existir dentro del sistema legal. El independiente, que no recibe salario mínimo alguno, agradece profundamente este gesto solidario… pagando más.
Y no olvidemos al Estado. Cada incremento exagerado presiona la contratación pública, los servicios tercerizados y los gastos indexados. Pero tranquilos: si no hay plata, siempre queda la solución creativa de recortar inversión, endeudarse más o inventar nuevos impuestos. Todo sea por la justicia social… ajena.
Lo más curioso es que el aumento excesivo del salario mínimo se vende como una política para reducir la desigualdad, cuando en la práctica suele ampliarla. Los que conservan su empleo formal ganan algo más; los que lo pierden pasan a la informalidad o al desempleo. El resultado: menos cotizantes, más rebusque y un mercado laboral cada vez más excluyente para jóvenes y trabajadores poco calificados.
Nadie discute que el salario mínimo deba subir. Lo que sí es discutible —aunque incómodo— es creer que subirlo sin respaldo productivo es progreso. Convertir el salario mínimo en trofeo político puede dar votos, titulares y discursos emocionantes, pero no crea empleo ni reduce precios.
En Colombia seguimos creyendo que la economía se arregla firmando decretos. Y cada diciembre repetimos el milagro: subir el salario mínimo y sorprendernos, meses después, de que la realidad no leyó el comunicado oficial.
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