Rebelión
«Los congresistas de los 18 departamentos y cerca de 170 municipios productores de hidrocarburos del país, reunidos en la Mesa nacional de regalías, se unieron contra el sistema general de regalías, recientemente sancionado por el presidente de la República, por considerar que lesiona la autonomía territorial, acaba con la descentralización y perjudica el desarrollo de las regiones productoras de petróleo», anunció la representante a la Cámara, Claudia Marcela Amaya, quien comanda la rebelión contra la distribución de las regalías que hace el Gobierno nacional. El apoderado de la Mesa nacional de regalías es el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, quien argumenta en la demanda de inconstitucionalidad vicios de trámite, como votar sin publicar el texto conciliado, ponentes que no firmaron la ponencia, no publicación en la Gaceta del Congreso, no se votaron las proposiciones modificatorias o sustitutivas presentadas por los congresistas, entre otros.
Motoa en La Guajira
Como consecuencia de la falta de representación de los guajiros en el Senado de la República, el senador Carlos Fernando Motoa Solarte ha acudido al llamado que le han hecho, para iniciar un trabajo legislativo por esa región colombiana. En la gráfica el senador Motoa, en diálogo abierto con el líder guajiro Pablo Parra, donde acordaron realizar diferentes actividades de carácter social y de política.
Desubicada
En su carrera por lograr su reelección al senado de la República Gilma Jiménez, anuncia tramitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una petición para que se obligue al Estado colombiano a tramitar el referendo de cadena perpetua contra los violadores y abusadores de niños. La senadora, según reconocidos juristas, no cuenta con los conocimientos mínimos en materia de Derecho, como sus asesores, para estar realizando propuestas que no tienen ninguna base legal. Para expertos jurídicos la acción de la senadora Jiménez se trata de una nueva «metida de pata» jurídica, y desde ya le anuncian que no prosperará.
Código aeronáutico
Las aerolíneas que decidan cancelar un vuelo sin haber reintegrado el precio del pasaje a los pasajeros con reserva confirmada, tendrán que asumir los gastos de hospedaje y transporte para quienes no se encuentren en su lugar de residencia. Además, si se presenta demora antes de la cancelación del vuelo, el pasajero recibirá las compensaciones previstas según corresponda, propone el Código aeronáutico, que se tramita en el Congreso por iniciativa del senador Carlos Ferro. La nueva norma indica que los usuarios serán recompensados con mínimo el 10% del valor pagado por el pasaje, cada vez que reciban información errónea o insuficiente por parte de la aerolínea o agente de viajes, lo cual induzca a error, engaño o confusión. Por su parte, el pasajero tendrá derecho a desistir del viaje, sin que haya lugar a penalidad alguna, o a incurrir en multas por expedición del tiquete y gestión de la reserva, siempre y cuando informe unas 72 horas antes del vuelo. Otra garantía estipula que el dinero correspondiente al tiquete podrá ser reembolsado al usuario que, por decisión propia o determinación del transportador, decida viajar haciendo uso de un cupo con una tarifa inferior a la acordada previamente.
Controlado estado de salud de Angelino
La enfermedad cerebrovascular aguda que padece el vicepresidente, Angelino Garzón, no presenta deterioro, indica la Clínica Reina Sofía. «Comunicado 02: La Clínica Reina Sofía se permite informar que el señor vicepresidente de la República, doctor Angelino Garzón, se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo, en una condición delicada pero estable, bajo estricta vigilancia médica, con medidas de protección neurológica, como parte del manejo de su enfermedad cerebrovascular aguda. En el día de hoy se documenta que el accidente cerebrovascular isquémico, que está ubicado en el mesencéfalo, presenta una evolución esperable, sin deterioro clínico. No obstante, y de manera preventiva, se instauró un sistema de monitoreo neurológico interventricular. Tal y como se mencionó en el día de ayer, el equipo médico estará informando de manera oportuna a la opinión pública y al Gobierno nacional los cambios relevantes en su estado clínico».
Sigifredo con medida de aseguramiento
La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento, contra el exdiputado Sigifredo López, acusado de los presuntos delitos de perfidia, homicidio y toma de rehenes. El exdiputado del Valle del Cauca será enviado a su casa por cárcel en Cali, mientras se le define su situación jurídica legal. La medida se toma como consecuencia del testimonio de algunos desmovilizados de la guerrilla, cuando el FBI en su dictamen descartó que la voz del video donde se explica y se prepara el secuestro de los diputados sea la del abogado Sigifredo López.
Asilo
El Gobierno de Ecuador aceptará la solicitud de asilo del fundador de WikiLeaks, Julián Assange, al establecer que su vida corre riesgo. En el curso de este día el presidente, Rafael Correa, hará el anuncio y solicitará al Gobierno británico que le permita su salida con destino a Quito. El fundador de WikiLeaks se refugió este martes en la embajada ecuatoriana en Londres, después de haber agotado todos los recursos legales para evitar su extradición a Suecia, donde es reclamado por delitos sexuales que él niega haber cometido.
Aumentan hurtos de celulares
A pesar de haber anunciado el Gobierno nacional una serie de medidas para contrarrestar el robo de celulares, los indicadores señalan que se ha incrementado tal delito. En Colombia se reportan mensualmente 140.000 robos de teléfonos móviles, es decir, 194 cada hora, y 3 por minuto. En Bogotá, según sostienen las autoridades, de 43 hurtos diarios que se denuncian, 27 corresponden a celulares.
Nunca se ordenó reintegro de Santoyo
El procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado, afirmó que la Procuraduría General de la Nación, en un fallo de primera instancia, ordenó la suspensión del cargo contra el entonces coronel Mauricio Santoyo, quien fue investigado disciplinariamente por su presunta participación en interceptaciones ilegales. Ordóñez dijo que en la actualidad hay una suspensión provisional, pero que nunca se ordenó el reintegro del alto oficial.
La reforma a la justicia en nada beneficia a los colombianos
El presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, denunció que la reforma que aprobó el Congreso genera una incertidumbre a la rama judicial, e indicó que en nada se va a beneficiar al «ciudadano común y corriente». «Preocupación nos genera tanto a los que integramos la rama judicial, como a la sociedad en su conjunto, porque se trata de una reforma cuya finalidad era crear el estatuto del congresista; y para hacerlo fue necesario tocar fuertemente la estructura de la administración de la justicia» sostuvo el jurista.
Santoyo, prófugo
Cuando todas las voces del Gobierno y de la Policía le solicitaban al exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, general Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, que enfrentara las acusaciones que le formulan las autoridades de Estados Unidos, que lo acusan de diversos delitos, se perdió el rastro del oficial, que fue protegido por el anterior Gobierno para que llegara a ser general. Nadie da razón de su paradero, ni siquiera en el municipio de San José de Pare, Boyacá, donde tiene un negocio de fabricación de panela. Las autoridades, si no aparece el general Santoyo en las próximas 48 horas, procederán a iniciar su búsqueda para que responda por las graves acusaciones que existen en su contra.
Millonario lío
El Gobierno nacional afronta la amenaza de los dueños en un terreno por donde pasa la carretera Bogotá-Girardot, quienes anunciaron que cercarán la vía al no habérseles pagado todavía el valor del predio. La historia del terreno, cuya propiedad privada reconoció un fallo judicial, se remonta a 1989, cuando los concesionarios Intergilo y Caipa, encargados de construir ese tramo de la vía, no pagaron por el terreno por donde hoy pasa la carretera. Los propietarios del terreno aspiran a recibir 8 mil millones de pesos, que según el juez 22 del circuito de Bogotá se les deben girar por el usufructo del predio durante todos estos años. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) impugnó la decisión judicial.
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