Desde hace varios días empezó la temporada de las renuncias. Quienes ocupan cargos públicos y calculan su salto para las próximas elecciones a la Gobernación del Cauca y Alcaldía de Popayán, han mirado el calendario electoral y para evitar inhabilidades, se encuentran dando su paso al costado. La discusión no se limita a quienes y cuándo abandonan los despachos oficiales. La pregunta es, qué dejan detrás: ¿resultados para la comunidad?, o una estructura de lealtades financiada con el presupuesto departamental y municipal, que es de todos.
De acuerdo a información suministrada por personal vinculado a la administración departamental y municipal, la contratación alcanzaría los tres mil contratistas en cada entidad. Si se confirma este número, corresponde explicar qué necesidades atienden, cuánto cuestan y cuáles son sus resultados. Una administración que multiplica contratos debe demostrar que multiplica soluciones, no dependencia política.
El centro del debate se centra en el festín adelantado con los recursos públicos, mientras las necesidades colectivas siguen en aumento y esperando solución. Cuando la contratación sirve para amarrar apoyos y preparar candidaturas, deja de ser una herramienta administrativa y se convierte en combustible electoral dañino. Ninguna aspiración política justifica semejante apropiación del interés general.
El gobernador y los alcaldes deben responder por su gestión, no comportarse como propietarios de la sucesión. Pretender dejar herederos políticos resulta cuestionable, cuando las promesas de campaña siguen pendientes y el malestar ciudadano cada día mayor, contrasta con el optimismo de la propaganda oficial acomodada de último momento. La impopularidad de nuestros gobernantes es el resultado del descontento general por su mandato y merece respuestas efectivas, no fotografías, slogans y nuevas campañas pagadas indirectamente por la ciudadanía.
La baja ejecución presupuestal exige explicaciones hacia las comunidades. ¿Dónde están las obras, la mejora en servicios esenciales como vías, educación, salud, equipamiento urbano, etc. y donde están las inversiones capaces de transformar las condiciones de vida de los caucanos? Ejecutar no significa gastar apresuradamente para exhibir porcentajes. Significa convertir los recursos en resultados, que brinden beneficio comunitario.
En el Cauca, las recientes elecciones de Senado y Cámara nos ofrecen un ejemplo de primera mano, dejaron en evidencia “las presuntas” prácticas de presión sobre contratistas: se les exigía organizar y asistir a reuniones (firmando planillas) en horario diurno, nocturno, incluso los fines de semana, para obtener respaldo electoral, dichas presiones dieron resultados. Estos antecedentes obligan a una vigilancia rigurosa por parte de los entes de control. Es indispensable garantizar que todos los candidatos participen en condiciones de igualdad, dentro de una competencia transparente, leal y honesta.
Ningún contratista debería sentir que la continuidad de su contrato depende de asistir a reuniones políticas, dar “likes” en redes sociales, conseguir votos o respaldar al candidato promovido por el mandatario. Cuando el sustento se convierte en un mecanismo de presión política, la libertad electoral se vulnera y la administración pública pierde legitimidad y se elige no al mejor, sino al guardián de intereses particulares que seguirá pisoteando el interés comunitario.
Preocupa el silencio de la comunidad caucana conocedora de estos hechos. Los comentarios sobre usos indebidos de la contratación necesitan convertirse en derechos de petición, veedurías y denuncias sustentadas. Callar por miedo, conveniencia o resignación facilita que las prácticas cuestionadas se normalicen.
Lo que está en juego es, quien asume en los próximos cuatro años la administración municipal y departamental. Si la prioridad es conservar contratos, posiciones y favores mediante un sucesor, la campaña sirve a intereses personales y posterga otra vez la solución a necesidades muy sentidas desde hace tiempo en Popayán y el Cauca. La ciudadanía debe examinar quién respalda cada candidatura, qué compromisos arrastra y qué propone realmente. Cambiar de nombre no garantiza cambiar de prácticas. Renunciar a tiempo para evitar una inhabilidad, no borra la mala gestión, ni sustituye la obligación de rendir cuentas. El presupuesto público no pertenece al gobernante, ni a sus aspirantes, pertenece a una comunidad que tiene derecho a exigir resultados y elegir libremente. Ese derecho ciudadano, no puede heredarse por el gobernante para prolongar su proyecto político personal.
