Oposición a Petro amenaza sostenibilidad fiscal
El Congreso de la República, impulsado por lo que se ha denominado como la «extrema derecha», aprobó una ley que endeuda a todos los municipios del país. Se trata de la Ley 2468 de 2025. Esta norma interviene el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). El presidente Gustavo Petro objetó la ley debido al inminente vacío fiscal que generaría. Sin embargo, la norma fue sancionada por el senador conservador Iván Cepeda. Las objeciones del gobierno habrían llegado fuera de los plazos constitucionales.
El gobierno del presidente Petro advirtió repetidamente sobre los efectos negativos. La reforma al FONPET, según el gobierno, tendría un impacto devastador en las finanzas de todos los municipios. A pesar de esto, la oposición en el Congreso la aprobó. La decisión perjudica a todos los entes territoriales locales. El cobro retroactivo afectaría también a hospitales e instituciones educativas públicas. Esta situación desataría una crisis financiera en las regiones.
Ley 2468 de 2025: la factura de 50 billones
La Ley 2468 modifica la esencia del FONPET. Este fondo es una bolsa de ahorro. A él aportan el Gobierno Nacional, los departamentos y los municipios. Su propósito es cubrir el pasivo pensional del sector público. Esta bolsa de ahorro también proyecta las mesadas futuras. La norma indica que, desde el 2006, se destina al fondo el 10% de los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial. Esto crea una deuda retroactiva y no presupuestada. El Ministerio de Hacienda confirmó estas cifras.
MinHacienda, a través de Germán Ávila, remitió un recurso legal por solicitud del diario El Espectador para evaluar el impacto. El documento reveló cifras alarmantes. La ley representaría para distritos y municipios unos gastos nuevos de aproximadamente $3,6 billones al año. Además, si se aplica la retroactividad desde 2006, el costo sería de $49,3 billones a corte de 2024. Esto, sin duda, representa un golpe brutal a las finanzas territoriales.
Impacto social y fiscal en los municipios
La secretaria de Hacienda de Bogotá advirtió sobre las consecuencias. La ley afectará la capacidad de las ciudades para ofrecer servicios. También dificultará la realización de obras claves para los ciudadanos. Esta situación se repetiría en los años siguientes. «Un billón de pesos es una suma bastante importante», señaló. En el trámite de la ley, una de sus protagonistas, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, solicitó una reunión del Comité Directivo del FONPET. En dicha reunión, funcionarios del Ministerio de Hacienda reiteraron sus advertencias. Esto subraya la gravedad del problema.
Si la norma se mantiene, los municipios deberán destinar parte sustancial de su presupuesto a cubrir una deuda que no estaba contemplada. Esto afectará la ejecución de proyectos, la calidad de servicios y la capacidad de respuesta en áreas críticas como salud y educación.
Hospitales que dependen de recursos locales para modernizar infraestructura o habilitar servicios quedarían sin financiación suficiente. Escuelas públicas verían retrasos en obras y programas pedagógicos. En términos de gestión pública, la medida es vista como una carga que no responde a criterios técnicos ni a un plan fiscal sostenible.
Demanda de inconstitucionalidad
En consecuencia, el Ministerio de Hacienda presentó una demanda de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional deberá mediar en la disputa. El recurso de demanda señala que la ley atenta contra la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales. En su exposición de motivos, el proyecto no hizo explícita su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esto constituye una grave omisión.
El futuro del FONPET en la balanza
Otra de las principales preocupaciones es que la norma permite que las entidades que ya cubrieron su pasivo pensional retiren fondos para obras de inversión social. El Ministerio de Hacienda considera que esta acción desvía recursos del sistema de seguridad social para otros fines, lo cual es inconstitucional. Esta medida podría dejar al fondo inoperante.
En general, la principal inquietud del Gobierno es que el FONPET, creado para resolver una crisis pensional, se desfinancie rápidamente. Esta desfinanciación ocurriría al permitir el retiro de sus ahorros para usos distintos a la cobertura pensional. Ahora será la Corte Constitucional quien deba decidir. Tendrá que elegir si apoya al Congreso o si da la razón al Gobierno y a los alcaldes, quienes enfrentan una deuda billonaria que no saben cómo pagar.
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