El Cauca se cansó de la burla energética de la CEO
El departamento del Cauca se apaga, no solo por los cortes eléctricos reiterados, sino por la oscuridad institucional que los ampara.
Lo que la Compañía Energética de Occidente (CEO) ha consolidado es una forma de subdesarrollo garantizado, un lastre que, día tras día, paraliza el comercio, asfixia la industria y pone en riesgo los emprendimientos campesinos y hasta la vida en nuestras entidades de salud.
El comercio, las escuelas, las oficinas públicas y privadas, las amas de casa, deben soportar el deterioro de un servicio que debió impulsar el desarrollo, pero hoy lo detiene.
La inestabilidad del servicio eléctrico en el Cauca, con sus apagones reiterados e inoportunos, principalmente por la sobrecarga en las redes, la falta de reposición tecnológica y el cobro de tarifas desproporcionadas, es una burla crónica que contrasta grotescamente con los «papeles» que la empresa presenta ante la Superintendencia. En el escritorio de Bogotá, CEO puede que cumpla requisitos; en la realidad solo cumple con causar perjuicios.
Lo que existe es un servicio precario, inestable y abusivo que ha convertido la energía, bien público esencial, en un factor de desesperanza y que es prueba palpable de una gestión orientada al lucro y no al servicio, que causa más perjuicios que los bloqueos a la vía Panamericana.
El contrato que entregó la administración del sistema eléctrico del Cauca a esta compañía hace más de quince años fue concebido bajo la promesa de modernización, pero terminó convirtiéndose en una concesión de la paciencia ciudadana. Nunca se cumplió.
Oscuridad institucional
Pero el problema de la CEO no es solo de la empresa; es una crisis de acción, una omisión, también reiterada, de los organismos de control.
Los graves daños causados por la CEO no son un secreto. La Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, que deberían ser aliadas de las comunidades, están llamadas a registrar y documentar estos perjuicios de manera rigurosa y real, más allá de los informes administrativos. Es momento de que su labor se oriente a escuchar y confrontar la verdad de los territorios, donde la evidencia del daño es cotidiana y profunda.
Investigación exhaustiva
Esto no se trata de un capricho editorial, sino de una obligación moral con un pueblo cansado de la inoperancia. Por esta razón, desde Proclama del Pacífico, anunciamos el inicio de una investigación periodística de fondo que va desde la apropiación irregular que se hiciera de la infraestructura eléctrica del Cauca, levantada a punta de créditos asociativos para electrificación rural, concedidos por la antigua Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, hoy Banco Agrario, a las comunidades y construida de manera exclusiva con la mano de obra campesina. ¿A qué horas terminó esto siendo dizque “propiedad” de Cedelca? ¿Por qué su explotación comercial está en manos de la CEO?
El desafío a la clase dirigente y a la ciudadanía
Esta lamentable situación debe generar una reflexión cívica y política.
¿Los ciudadanos del Cauca serán capaces de participar en las próximas elecciones votando por supuestos líderes y dirigentes que no dicen “esta boca es mía” en defensa de sus electores? El silencio de los políticos ante esta crisis energética es una ofensa y una declaración de que nos consideran sus sometidos.
¿Estamos condenados a otros diez años de burlas, de mediocridad, de esclavitud económica?
Es que tenemos que decirles a los señores (y señoras, claro) de la CEO, que los caucanos no somos súbditos ni mendigos de un Estado insocial. Somos ciudadanos capaces de construir nuestro propio destino, de exigir justicia, de defender nuestros derechos y de reclamar un servicio digno que nos pertenece por ley y por esfuerzo colectivo.
La energía del Cauca no puede seguir siendo el negocio de unos pocos. Debe volver a ser la fuerza que ilumine la esperanza de todos.
Las comunidades ya no reclaman solo energía. Reclaman dignidad. Reclaman respeto. Reclaman que se cumpla la ley y que se restituya la confianza en las instituciones que debieron velar por sus derechos.
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