CRIC rechaza proyecto del Gobierno sobre las guardias indígenas
Hay objetos que pesan más por lo que representan que por lo que cargan. El bastón de la Guardia Indígena es uno de ellos. Como no es un arma, en muchos territorios del Cauca aparece en mingas, asambleas, controles comunitarios, movilizaciones y momentos de riesgo. Lo llevan hombres y mujeres escogidos por sus comunidades para una tarea que los pueblos indígenas describen como defensa de la vida y del territorio..
Ahora ese bastón quedó en medio de una discusión por un proyecto de decreto escrito en el Ministerio del Interior y que publicó el 28 de septiembre de 2026, según el cual se propone crear el Sistema de Información sobre Guardias Indígenas.
La iniciativa permanecerá abierta para observaciones ciudadanas hasta el 4 de octubre y busca incorporar un nuevo capítulo al Decreto 1066 de 2015. La administración del sistema quedaría en manos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.
La razón que presenta el Gobierno parece, en principio, administrativa. El Estado reconoce en el documento que no sabe con precisión cuántas guardias indígenas existen en Colombia, dónde actúan, qué autoridades las orientan ni aproximadamente cuántas personas las integran. Esa información, dice el borrador, está dispersa entre las entidades que se relacionan con ellas.
Ahí comienza la distancia entre dos maneras de entender una misma información.
Para el Ministerio del Interior, se trata de organizar datos. Para la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, detrás de esa organización aparecen preguntas más profundas: quién necesita saber, para qué necesita saber y qué podría ocurrir después con esa información.
El proyecto intenta responder anticipadamente a algunas de esas inquietudes. Dice expresamente que el sistema tendría carácter “exclusivamente informativo”, que no constituiría ni reconocería a una guardia, que no le otorgaría facultades, que no modificaría la jurisdicción especial indígena y que tampoco podría utilizarse como requisito para acceder a medidas de protección, fortalecimiento o reparación.
El borrador incluso establece que sería la propia autoridad indígena la que decidiría si reporta información. Entre los datos previstos aparecen el pueblo al que pertenece la guardia, la comunidad o territorio donde actúa, su denominación, la autoridad que la orienta, el ámbito territorial, el número aproximado de integrantes y la identificación de una persona designada como enlace con las instituciones públicas.
No plantea, en su formulación actual, un listado público con los nombres de todos los guardias. El texto sostiene que la información debe referirse principalmente a la institución colectiva y reconoce que los datos individuales pueden comprometer la seguridad de quienes integran estas estructuras.
Sin embargo, en el Cauca la lectura fue distinta.
El 30 de septiembre, la Guardia Indígena del CRIC hizo público su rechazo. Para la organización, el problema no comienza en una casilla del formulario ni termina en el número de personas que puedan registrarse. Su cuestionamiento se dirige al origen mismo de la iniciativa: considera que una decisión relacionada con sus estructuras propias no debe adelantarse unilateralmente desde el Gobierno Nacional. CRIC Colombia
Desde esa perspectiva, la Guardia recuerda que su existencia no depende de un decreto.
Su origen, sostiene el CRIC, está en las comunidades, en sus autoridades y en sus mecanismos de gobierno propio. Por eso rechaza que pueda entenderse como una estructura cuya legitimidad provenga de un reconocimiento administrativo del Estado. El organismo indígena vincula esa posición con los derechos a la autonomía, la libre determinación, los usos y costumbres y el gobierno propio.
El coordinador regional de la Guardia Indígena del CRIC resumió una de las exigencias de la organización: “necesitamos un espacio para la participación y la consulta frente a este escenario”.
El desacuerdo llega precisamente hasta la consulta previa.
El Ministerio sostiene en la motivación jurídica del proyecto que la medida no produciría una afectación directa que obligue a realizarla. Su argumento es que la incorporación de información dependería de la voluntad de las propias autoridades indígenas y que el sistema no modificaría ni condicionaría a las guardias. Para sustentar esa interpretación cita jurisprudencia constitucional y disposiciones del Convenio 169 de la OIT. Ministerio del Interior
El CRIC plantea lo contrario. Considera que una iniciativa relacionada directamente con una institución propia debe pasar por escenarios de participación y concertación con los pueblos indígenas. CRIC Colombia
Allí está uno de los nudos centrales de esta historia.
No existe, por ahora, un decreto expedido. Existe un proyecto sometido a comentarios públicos. Tampoco el texto propone, en su versión publicada, que el Ministerio decida quién puede o no ser Guardia Indígena. El documento afirma precisamente lo contrario: que esa decisión corresponde a cada pueblo y a sus autoridades.
Pero para quienes recorren los territorios con un bastón en la mano, la discusión no se agota en lo que la norma dice que hará.
El comunicado divulgado por el CRIC advierte sobre un temor concreto: que una base de información pueda convertirse, eventualmente, en instrumento de seguimiento, vigilancia, individualización, estigmatización o judicialización. Es una preocupación expresada por la organización, no un efecto establecido del proyecto. El borrador del Gobierno, por su parte, incluye disposiciones de protección de datos y señala que los listados nominales de integrantes no forman parte de la información pública del sistema.
Esa diferencia importa.
Una cosa es lo que el Gobierno afirma que pretende construir. Otra, la confianza que ese instrumento despierta entre quienes entregarían los datos.
En los territorios indígenas, la información tampoco es un asunto abstracto. Saber quién ejerce autoridad, quién participa en una organización comunitaria, cuántas personas la integran y dónde actúan puede adquirir otra dimensión en lugares atravesados por amenazas, confrontaciones armadas y disputas territoriales. Esa preocupación explica por qué el CRIC pone la seguridad y la autonomía en el centro de su rechazo.
El propio proyecto admite que las guardias enfrentan riesgos y utiliza esa circunstancia para justificar restricciones sobre los datos personales que podrían ser conocidos públicamente.
De modo que las dos partes terminan encontrándose, aunque desde posiciones distintas, en un mismo punto: la información sobre una Guardia Indígena no es cualquier información.
Para el Estado puede servir para coordinar protección, reparación, interlocución y programas institucionales. Para las organizaciones indígenas, esa misma información toca estructuras construidas desde la autonomía y debe manejarse bajo reglas acordadas con las comunidades.
El Gobierno tiene hasta ahora un borrador. El CRIC ya dejó su negativa en público. Hasta el 4 de octubre podrán presentarse observaciones al Ministerio del Interior, que posteriormente deberá analizarlas antes de continuar el trámite normativo. El propio procedimiento oficial contempla que las observaciones ciudadanas puedan producir modificaciones al texto antes de una eventual expedición.
Mientras tanto, el debate seguirá donde comenzó. En Bogotá, entre artículos, sentencias, sistemas de información y conceptos jurídicos. Y en el territorio, alrededor de un bastón que para las comunidades que lo portan no necesita inscripción para existir.
Proyecto del MinInterior:
Comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca:
