CADÁVERES EXQUISITOS

(Por Jaime Cárdenas) Al occidente de la sabana de lo que hoy es el distrito de Bogotá se yergue la edificación. Es imponente. Las zonas verdes, las avenidas bien trazadas la circundan. Allí se centra el poder investigativo y acusador del Estado, en ese estratégico enclave se localiza la Fiscalía General de la Nación. La arquitectura interior con sus pasadizos pétreos y sus escaleras circulares que permiten la vista de quienes transitan pareciera concordar con el imaginario del poder de vigilar y de castigar, el panóptico de que hablara Bentham y que de manera tan brillante actualiza Foucault.

Investigar los crímenes y los delitos, acusar a quien se encuentra hipotéticamente responsable es la misión de la Fiscalía en un país donde el crimen y el delito tienen una presencia histórica abrumadora, circunstancia que ha devenido sino en deporte nacional, al menos en una costumbre aceptada por la mayoría.

El balance de la Fiscalía desde su creación relativamente reciente es pobre, – entró en acción en 1.992-, y los fiscales generales han sido desastrosos, peligrosos. La actual fiscal es quien mejor la ha orientado. Basta recordar, – su recordación es ingrata, indigna-, a Osorio, protector de los paramilitares. ¿Cómo así? Terrible paradoja. Sí, el encargado de perseguirlos los protegió. ¿Y qué decir de Martínez Neira? Desconocedor indiscutible del derecho penal, de la criminología, –  su especialidad son las sociedades, el mundo del comercio-, llega allí porque había que proteger a su nominador del delito trasnacional relacionado con Odebrecht. No podía llegar uno peor. Quiso Duque, el vástago del condenado Uribe, que viniera otro peor, llegó Barbosa.

La justicia no puede estar circunscrita a la personalidad, a la voluntad, a la ideología de quien está a la cabeza de la Fiscalía General de la Nación, es por ello que puede, en ese perverso y fino juego que se deriva de la autonomía, desplazar a los fiscales investigadores cuando crea conveniente- o es conveniente para quien está en la sombra-, de nominarlos, de mover a los fiscales e investigadores como quien mueve un peón del ajedrez. (Sin ir más lejos al Chocó se envió durante Barbosa al ejemplar fiscal Ponce Mena que investiga el caso Pizarro).

Ergo: se requiere reformar la Fiscalía General de la Nación. Empezando por el sistema de nombramiento del Fiscal, que, tal como lo sabemos, lo nombra el presidente pues es él quien envía la terna a la Corte Suprema de Justicia quien termina escogiéndolo, examinando todos los pormenores menos el más importante: el plan de política criminal que acompaña al candidato.

De manera que la tan mentada y celebrada separación de poderes es relativa, más que relativa, es una falacia y es seguro que nada se hará en los próximos días para derruir estos muros que impiden avanzar, por ejemplo, en resultados sobre los determinadores de masacres como las del Aro, o la de la Granja.

No hay discusión de que hay una inmensa minoría de fiscales y empleados de la fiscalía que la dignifican, pero el cerebro dirige al cuerpo. Así es la configuración de esta crucial institución de justicia.

Con otra Fiscalía seguramente no se habría llegado a la tragicomedia de estos días. Seguramente se tendría una intervención a la altura de las circunstancias que permita mostrar a los dolidos copartidarios y no copartidarios de Miguel Uribe, a la sociedad en general, indicios sólidos, hipótesis serias, avances concretos, obstáculos, proyecciones.

Esta omisión ha permitido que se llegue a las especulaciones más burdas y sucias, una de ellas el afirmarse que su asesinato es un crimen de Estado. En una muerte violenta, en toda muerte violenta en la que se descarta el dolo de ímpetu, el crimen pasional, se debe acudir a la lógica y preguntarse a quien favorece: ¿a los deudores, a los socios, a los cómplices, a los determinadores de otros delitos para envolverse en el silencio?

En el caso de Miguel Uribe la respuesta en principio conduce a encontrar que, quien más se favorece del crimen, como en efecto ha ocurrido, es el sector de la extrema derecha del cual formaba parte el interfecto. De manera que su ideación, la determinación del crimen bien pudo partir del interior de su secta, de los altos directivos de su agrupación política. Es que ya se ha visto de lo que son capaces.

Al sector político progresista en nada le favorecía ordenar el asesinato, pero además el atentado personal no está en su filosofía, en su ideario, no constituyen una organización político militar, su radicalidad es meramente verbal, emotiva y efímera.

Si se estudia la historia del accionar de la izquierda en armas, la delincuencia política, tampoco se encuentra que el atentado personal sea un método de su lucha, – es que no solo un crimen atroz sino también una estupidez-, lo que no significa que se deje de atentar contra uniformados, de utilizar las bombas, francotiradores, de incorporar, contraviniendo las normas del ius bellum, a la población civil.

Se objetará ¿y la muerte de Álvaro Gómez perpetrada por las farc? Ni los mismos deudos de Gómez Hurtado creen en esta versión y apuntan a quienes compartían con ellos en sus clubes el poder.

Para que se purifique la Fiscalía empezando por la elección de su máximo representante es necesario modificar la Constitución. Por ello, como en tantos otros acuciosos problemas del país, es necesario que sin demagogia se examine la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, en mi modesto criterio, el único mecanismo valido para avanzar.

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