Un departamento entero no puede seguir de rodillas ante la Compañía Energética de Occidente (CEO). Diez años de apagones, fluctuaciones y daños irreparables en la infraestructura productiva ya no constituyen fallas técnicas; representan un abuso institucionalizado que se burla de la dignidad de los caucanos. Mientras la empresa privada impone su lógica de rentabilidad sobre la necesidad pública, el silencio de quienes son pagados con dineros públicos para defender al pueblo raya en complicidad.
La soberanía del Cauca se encuentra hoy secuestrada por un servicio eléctrico que es, a todas luces, el principal freno al desarrollo regional. No existe posibilidad de progreso, competitividad o bienestar social bajo un suministro intermitente que paraliza quirófanos, detiene fábricas y arruina al pequeño comerciante. El panorama es desolador: una empresa que factura con puntualidad alemana, pero presta un servicio de tercer mundo, amparada en una legión de ingenieros expertos en fabricar disculpas técnicas para justificar lo injustificable.
Es inaceptable que el «terror» institucional o la simple desidia impidan que alcaldes, congresistas, defensorías y personerías exijan el cumplimiento del contrato de concesión. Resulta evidente que el «poder» de la CEO ha superado cualquier intención de control administrativo. Esta parálisis estatal no es solo ineficiencia; es una forma de corrupción que condena al Cauca a otros diez años de martirio y subdesarrollo. La empresa parece actuar bajo la premisa del reto cínico al usuario, sabiendo que puede arroparse en la compleja situación de orden público del departamento para incumplir sus obligaciones sin consecuencia alguna.
El acceso a una energía confiable no representa un privilegio ni un favor que la concesionaria concede; constituye un derecho básico y un requisito indispensable para la vida moderna. La estabilidad democrática se resquebraja cuando una entidad privada se impone por encima de la ley y de las necesidades de las comunidades ante la mirada indiferente de los organismos de control. La industria que genera empleo y el comercio que sostiene hogares no pueden seguir sometidos a la incertidumbre de una gestión administrativa indiferente y un cableado deficiente.
El tiempo de las quejas estériles que se pierden en los archivos de la Superintendencia de Servicios Públicos debe terminar. La defensa del Cauca exige valor civil y rigor administrativo inmediato. Quienes ostentan cargos de representación deben demostrar su utilidad o renunciar por incapacidad manifiesta.
Recuperar la soberanía energética es una urgencia vital. El Cauca tiene derecho a un servicio digno y el Estado la obligación de imponer la ley sobre el abuso. El respeto no se mendiga, se exige con la firmeza de un pueblo que se niega a vivir otros diez años en la oscuridad.
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