No soy petrista. Ni siquiera he podido establecer si el petrismo existe como una corriente ideológica definida o si es simplemente una agrupación política cuya identidad y permanencia dependen del liderazgo personal de Gustavo Petro. No lo sé, además porque siempre he sido liberal, en el sentido filosófico de la palabra, y desde esa convicción he procurado ejercer mi libertad de pensamiento sin necesidad de someterla a las consignas de ningún gobierno, partido político o centro de poder.
Pero estoy profundamente cansado, fastidiado, incómodo y me produce una creciente repulsión ver cómo se ejerce en Colombia un periodismo instalado en los grandes medios de comunicación vinculados a los poderosos conglomerados del capital económico transnacional.
Estamos sometidos a una campaña sistemática de condicionamiento ideológico. Ese bombardeo cotidiano de escándalos, insinuaciones, descalificaciones y juicios políticos y seudojudiciales que, bajo la apariencia de información, pretende destruir la imagen de Gustavo Petro y de su gobierno, mientras se procura presentar favorablemente al poder que lo sucedió, no responde en sí mismo a demoler a Petro, ni a enaltecer a Abelardo. No, esa campaña virulenta, no es coyuntural, es la ratificación de estructuras de poder económico transnacional y de su pretensión de someter las decisiones políticas, las instituciones y la conciencia colectiva a sus intereses.
Petro y Abelardo son lo circunstancial, lo pasajero, los protagonistas de turno, la excusa conveniente para alimentar una confrontación que oculta propósitos mucho más profundos. Lo que está en juego es una estrategia sutil, persistente y calculada de sometimiento ideológico y, sobre todo, psicológico, a los intereses de un capitalismo vulgar, inhumano y excluyente, que pretende imponer sus necesidades económicas como si fueran las necesidades de toda la sociedad.
Los gobernantes pasan, las disputas políticas cambian de protagonistas y los escándalos se suceden unos a otros, pero las estructuras de poder económico permanecen, administrando sus influencias y procurando moldear la conciencia colectiva. Y allí radica, precisamente, mi mayor indignación: que se utilice el periodismo, cuyo deber es servir a la libertad de pensamiento, como instrumento para domesticarla.
Esa corriente política transnacional no es nueva, es la derecha radical, la derecha nacionalista, extrema derecha o derecha populista que avanza por el mundo liderada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que en América ha reclutado los gobiernos de Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, El Salvador, y con referentes en Europa, como Italia, Francia, Alemania, Hungría, España, Reino Unido… Hacen parte de un entramado internacional de afinidades ideológicas, relaciones partidistas, alianzas diplomáticas e intereses económicos.
Enciende uno la radio y lo atropellan con acusaciones, con interpretaciones, con periodistas convertidos en fiscales de la moral pública. Cambio entonces de emisora para escapar de semejante hostigamiento mental y termino escuchando prácticamente lo mismo, apenas con otras voces. Busco refugio en las redes sociales y descubro que allí el espectáculo adquiere dimensiones todavía más grotescas. Esos medios creen que no tenemos derecho a informarnos sin aceptar, al mismo tiempo, que intenten conducir nuestras conclusiones.
Si realmente existiera un propósito sincero de entregar información relevante, decencia, transparencia y responsabilidad cívica, uno encontraría investigaciones documentadas, denuncias sustentadas, seguimiento a las actuaciones judiciales y un compromiso permanente con el esclarecimiento de los hechos. Pero en esto, lo fundamental es el escándalo, lo que consume la ignorancia colectiva que no reflexiona, que no deduce, que no toma decisiones, pero que hace montonera, inclusive en las urnas, para elegir.
Lo que me hastía es esa sustitución de la investigación por el bochinche, de la prueba por la conseja y de la responsabilidad profesional por el escándalo convertido en mercancía informativa.
Esos vehículos de difusión conceden amplios espacios a declaraciones tardías, de extraordinaria gravedad y todavía pendientes de esclarecimiento judicial. Ahí están, por ejemplo, las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer por un supuesto tráfico de drogas y el traslado de 2,5 millones de dólares desde Venezuela; o las de Angie Rodríguez, antigua integrante de la burocracia presidencial, quien años después de haber disfrutado de las mieles del poder asegura que Laura Sarabia habría chantajeado a Gustavo Petro para conseguir su nombramiento como embajadora en el Reino Unido.
A semejante repertorio se suman las afirmaciones del actual director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios, con insinuaciones que pretenden convertir retrospectivamente la Casa de Nariño en un burdel, fuera de otros relatos sobre la intimidad y los supuestos comportamientos del expresidente, divulgados con una ligereza que contrasta con la gravedad de sus implicaciones.
No pretendo absolver a nadie ni impedir que se investigue lo que deba investigarse. No tengo facultades para hacerlo, pero sí para preguntarme, por qué revelaciones de semejante magnitud emergen años después, a manera de venganza, qué pruebas las sustentan, qué actuaciones judiciales las respaldan y desde cuándo el espectáculo mediático puede sustituir el esclarecimiento de los hechos.
Porque una denuncia merece investigación; una acusación exige pruebas, y una condena corresponde a la justicia; pero resulta inadmisible es que la honra de las personas termine sometida a una sucesión de juicios políticos y seudojudiciales, mientras algunos medios parecen encontrar en la reiteración del escándalo una forma bastante ventajosa de ejercer el periodismo.
No estoy reclamando impunidad para nadie. Que se investigue cuanto deba investigarse, que se denuncien los hechos que lo ameriten y que las autoridades competentes establezcan las responsabilidades correspondientes. Para eso existen las instituciones judiciales y los mecanismos legales de control.
El periodismo tiene la obligación de descubrir y divulgar aquello que el poder pretende ocultar. Pero esa obligación no le concede a nadie el derecho de convertir sospechas en condenas, ni conveniencias políticas en verdades incontrovertibles.
He dedicado buena parte de mi vida al ejercicio de este oficio. Conozco sus responsabilidades y también sus miserias. Por eso me resulta particularmente doloroso observar cómo la libertad de prensa puede invocarse para justificar prácticas que considero contrarias a su propia razón de ser.
Los ciudadanos tenemos derecho a recibir información, contrastarla, interpretarla y llegar a nuestras propias conclusiones. No necesitamos tutores ideológicos que, desde la comodidad de un micrófono o una pantalla, pretendan administrar nuestro pensamiento.
Lo que reclamo es respeto. Respeto por la inteligencia humana, por la dignidad del ciudadano, por la pluralidad de las ideas y por el derecho a disentir sin que inmediatamente nos encasillen en alguna militancia política.
Reclamo cordura, moderación y responsabilidad social. Exijo que la información vuelva a ser tratada como un patrimonio público, no como una propiedad ideológica de quienes disponen del capital suficiente para controlar sus canales de circulación.
Soy un ciudadano que se resiste a entregar su capacidad de juicio a quienes administran la información como si administraran también nuestras conciencias. Es abusivo que para intentar conocer lo que ocurre en mi país, tenga que soportar lo que interpreto como una campaña permanente de manipulación ideológica.
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