Hay gobernantes que miden cada palabra antes de pronunciarla. Abelardo de la Espriella parece haber escogido el camino contrario. En poco más de dos meses ha discutido con gobernantes, señalado a funcionarios, increpado a capturados y hecho de sus reclamos públicos una de las imágenes más reconocibles de su administración. A veces parece una sacudida necesaria a una política acostumbrada a los rodeos. Otras veces surge una inquietud menos cómoda, ¿hasta dónde puede llegar el presidente en una reprimenda sin comprometer las garantías que está obligado a proteger?
El 7 de agosto de 2026, al asumir la Presidencia en Cali, dejó anunciado el tono. Habló de autoridad, de perseguir a las organizaciones criminales y de cerrar la puerta a las negociaciones políticas con quienes persistieran en la violencia. Su apuesta por la llamada «Patria Milagro» empezó a medirse tanto por las decisiones oficiales como por el lenguaje con que las comunica. Desde entonces, cada operación policial y cada visita regional pueden terminar convertidas en una escena de confrontación.
El 26 de agosto, durante el reconocimiento de la nueva cúpula militar y del director de la Policía, presentó un balance de sus primeros 21 días: afirmó que habían sido capturados más de 530 presuntos delincuentes, incautadas 13 toneladas de cocaína y destruidos 83 puntos de producción de estupefacientes. Son cifras divulgadas por la Presidencia, cuyo alcance y metodología merecen seguimiento independiente. Allí insistió en que quienes abandonaran las armas podrían someterse a la justicia, pero que las organizaciones que persistieran en la violencia serían perseguidas por la Fuerza Pública.
El 4 de septiembre, en Mompox, Bolívar, el destinatario de una de sus advertencias fue Luis Alfonso Escobar Jaramillo, gobernador de Nariño. El desacuerdo giró alrededor de los acercamientos territoriales con grupos armados y los límites de las competencias de los gobernadores. «Está advertido», le dijo el presidente, después de recalcar que las autoridades regionales no podían negociar por su cuenta con esas estructuras. Escobar defendió las gestiones realizadas bajo el Gobierno anterior y sostuvo que no se trataba de acuerdos clandestinos. No era una diferencia menor: detrás de las palabras estaba la disputa por quién decide y conduce la política de paz.
La tensión con Escobar tenía antecedentes. En junio, antes de posesionarse, De la Espriella ya lo había acusado de presuntas presiones electorales durante la campaña. También había señalado al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y a sectores políticos relacionados con Iván Cepeda por supuestas prácticas de compra de votos. Esos episodios ayudan a entender su estilo, aunque ocurrieron antes del 7 de agosto y, por tanto, no deben confundirse con decisiones tomadas como presidente. Una denuncia de campaña tampoco equivale a un delito demostrado.
El 2 de octubre, durante un consejo de seguridad en Sucre, la confrontación fue cara a cara. Ante el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, De la Espriella cuestionó su manejo de los recursos públicos y mencionó procesos judiciales que, según dijo, lo involucraban. «Bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo», afirmó. Anunció además que buscaría impedir que determinados recursos quedaran bajo control del mandatario local. Acuña rechazó el señalamiento, cuestionó la difusión del video y denunció intimidación por parte de hombres armados presentes en el encuentro. El 5 de octubre, el expresidente Gustavo Petro intervino en la polémica y criticó el trato dado al alcalde. Lo ocurrido dejó una imagen poderosa, pero también una obligación: distinguir entre procesos existentes, acusaciones del presidente y responsabilidades establecidas por jueces.
La discusión con Petro tampoco nació ese día. Durante la campaña y la transición ambos intercambiaron acusaciones políticas. Ya en el Gobierno, De la Espriella ha insistido en revisar actuaciones de la administración anterior y ha presentado señalamientos sobre presuntas irregularidades. La severidad del discurso no reemplaza la necesidad de individualizar contratos, identificar responsables, trasladar pruebas a las autoridades y permitir que los investigados respondan.
El 3 de octubre se conoció, además, la decisión de retirar de su cargo al director nacional de Bomberos, Germán Andrés Miranda Montenegro, por cuestionamientos sobre presuntas irregularidades. A diferencia de un cruce verbal, aquí había una decisión administrativa susceptible de revisión y seguimiento. Lo que resta por establecer en estos casos es qué hallaron las autoridades competentes y qué responsabilidades, si las hay, pueden probarse.
El 15 de octubre, desde sus redes, el presidente anunció un operativo en Bugalagrande, Valle del Cauca, contra personas señaladas de integrar estructuras ilegales relacionadas con Nariño. Volvió a utilizar la expresión «Bienvenidos a la Patria Milagro». Al día siguiente, en Barranquilla, durante la operación Blindaje 360, increpó personalmente a capturados identificados con los alias «Keko» y «Ñoño». A «Keko», señalado de integrar una estructura criminal, le reprochó amenazas y delitos que las autoridades investigan. Las imágenes tuvieron una circulación inmediata. Pero incluso ante personas capturadas, la presunción de inocencia y el trato digno siguen siendo deberes del Estado.
El mismo 16 de octubre, en San Andrés, el mandatario protagonizó un fuerte enfrentamiento con la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, durante su visita al archipiélago. En un encuentro realizado en la Base Naval, el mandatario les reclamó por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, cuestionó asuntos relacionados con la contratación y la corporación ambiental Coralina, y expresó su inconformidad por las protestas contra la intervención del Hospital Departamental. También hizo señalamientos sobre los negocios del esposo de la congresista y advirtió que mantendrá vigilancia sobre los recursos nacionales destinados a las islas.
En estos primeros meses también ha habido choques políticos con Álvaro Uribe por la distribución de poder en el Congreso y controversias con otras autoridades por proyectos y presupuestos. No todos son episodios de corrupción, ni todos constituyen un enfrentamiento personal. Meterlos en el mismo saco favorecería una narración espectacular, pero le quitaría precisión al balance.
Y debo decirlo con franqueza, no me incomoda que un presidente reclame con firmeza. Por el contrario, encuentro en esa manera directa de ejercer la autoridad un estilo disruptivo, novedoso y alejado de los protocolos tradicionales del poder. Colombia ha visto demasiadas ceremonias, promesas y declaraciones que terminan archivadas sin consecuencia alguna. Entiendo, incluso, por qué parte de la ciudadanía celebra que un jefe de Estado mire a un funcionario a los ojos y le exija explicaciones, o que le recuerde a una estructura criminal que la autoridad no se negocia. Hay algo distinto en esa manera de hablar, y sería absurdo negarlo.
Pero tampoco podemos pedirle al presidente que se comporte como fiscal, juez y verdugo al mismo tiempo. La fuerza de su investidura vuelve especialmente delicada cada acusación pronunciada frente a una cámara. Si hay corrupción, que aparezcan los contratos, las pruebas, las denuncias formales, las decisiones de los organismos de control y, cuando corresponda, las sentencias. Si hay capturas, que sepamos cuántas terminan en judicializaciones sólidas y condenas, y cuántas se caen por errores de procedimiento. Si se anuncia una intervención, que se pueda comprobar después qué cambió para la gente.
Abelardo de la Espriella ha conseguido algo que muchos políticos persiguen durante años, que el país preste atención a lo que dice. Sus palabras incomodan, provocan aplausos y también despiertan reparos por el tono y el protocolo. Ahora viene lo más difícil. Gobernar no consiste en ganar cada discusión. Consiste en lograr que, cuando se apaguen las cámaras y se termine la reprimenda, queden instituciones que funcionen, recursos protegidos y ciudadanos más seguros. Esa será la verdadera medida de la «Patria Milagro».
