La estampida contractual antes de la Ley de Garantías
La estampida contractual antes de la Ley de Garantías.
Por Juan Camilo López Martínez.
En la primera semana de noviembre, el Estado colombiano comprometió más de 9 billones de pesos en convenios y contratos interadministrativos. Solo el 7 de noviembre, un día antes de que empezara la restricción electoral, se firmaron $6,1 billones, equivalentes al 68 % de toda la contratación de esa semana. La Contraloría General calificó esta conducta como una “concentración inusual”. En términos simples: asistimos a una estampida burocrática.
La expresión no es retórica. En administración pública, cuando se aproxima un cierre normativo (en este caso, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías) se produce un comportamiento acelerado de ejecución y firma de contratos para “alcanzar a dejarlos listos” antes de la veda. Es un fenómeno conocido y estudiado, que refleja más los incentivos perversos del sistema que una verdadera planificación del gasto. Y lo ocurrido esta semana lo evidencia con crudeza.
Para entender la reacción desmesurada de las entidades, conviene explicar brevemente qué es la Ley de Garantías. Se trata de la Ley 996 de 2005, una norma estatutaria que busca evitar que los gobiernos (nacionales y territoriales) utilicen la contratación pública o la nómina estatal para influir en procesos electorales. Por eso, en los cuatro meses previos a elecciones al Congreso, se prohíbe que gobernadores, alcaldes y entidades descentralizadas celebren convenios interadministrativos; y a partir del 31 de enero, se restringe la contratación directa, salvo excepciones.
La clave está en que la prohibición que inició el 8 de noviembre de 2025 aplica únicamente a convenios interadministrativos. No incluye contratos interadministrativos, ni contratos en general. Sin embargo, la situación se enredó cuando una circular de Colombia Compra Eficiente extendió la restricción también a los contratos interadministrativos. Esto generó dudas, temores y lecturas exageradas al interior de las entidades. Hace pocos días, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente esa ampliación, recordando que las prohibiciones estatutarias deben interpretarse de forma estricta y no pueden extenderse por vía administrativa.
Pero para cuando llegó ese pronunciamiento, el daño estaba hecho: muchas entidades habían corrido a firmar todo lo pendiente antes del 8 de noviembre, creyendo que después no podrían hacerlo. Así se explica la cifra récord de un solo día. No tanto por corrupción (aunque siempre hay riesgos) sino por la falta de claridad normativa, el miedo jurídico y, sobre todo, la ausencia de una planeación seria del gasto público.
Una administración bien organizada no ejecuta casi tres veces su promedio mensual en 24 horas. Una entidad responsable no concentra el 8,5 % de la contratación estatal en una sola semana, como ocurrió con el Departamento de Prosperidad Social. Y un Estado que planifica con rigor no deja para última hora aquello que debería estar programado con meses de anticipación en sus planes de compras y cronogramas de inversión.
Lo que vimos no solo es un síntoma electoral: es un reflejo estructural de cómo funciona la gestión pública en Colombia. Se actúa por pánico, no por programación; por ventanas normativas, no por prioridades sociales; por temor a la sanción, no por convicción institucional.
La Contraloría emitió su primera alerta. Y es importante que la ciudadanía entienda que estas cifras no son normales. La Ley de Garantías busca proteger la equidad electoral, pero cuando se aplica sobre un sistema sin planeación, termina produciendo lo contrario: una carrera desordenada que erosiona la transparencia y dificulta el control.
No se trata de satanizar la contratación pública, sino de exigir que el Estado deje de trabajar a las carreras. Porque cuando la burocracia corre, generalmente la ciudadanía pierde.
