Dejen de usar la violencia para pedir plata que no soluciona nada
Por: Juan Camilo López Martínez.
Cada vez que el Cauca sangra, el guion se repite con una puntualidad que ya resulta inquietante. Un atentado en Buenos Aires, hostigamientos en Cajibío, una estación de policía destruida, atentados en la vía panamericana o jóvenes confinando comunidades enteras en Guachené, genera la respuesta institucional llega con las mismas frases: «lo que necesitamos es inversión social, que el gobierno nacional ponga los ojos en nuestro municipio». La frase suena bien, es políticamente segura y, sobre todo, cómoda. El problema es que hace tiempo dejó de ser un diagnóstico para convertirse en un reflejo condicionado. Y los reflejos, por definición, no piensan.
Tomemos a Guachené como punto de partida de mi argumento, porque precisamente allí la coartada de «falta inversión social» se cae por su propio peso. Este municipio ha sido durante años un referente en acceso de jóvenes afrodescendientes a la educación superior. La política Salto Afro ha sido reconocida nacional e internacionalmente como un modelo de inclusión educativa, y Guachené ha producido más profesionales per cápita que municipios con presupuestos mucho mayores. Sin embargo, hoy sus habitantes son confinados por pandillas integradas, paradójicamente, por jóvenes. No por jóvenes sin oportunidades en abstracto, sino por jóvenes instrumentalizados por estructuras criminales. Una situación que no se desmonta con una escuela nueva ni con un puesto de salud inaugurado en época de campaña.
La gestión pública en el Cauca ha desarrollado un vicio analítico profundo, el cual consiste en definir todos los problemas como ausencias. No hay vías, no hay hospitales, no hay presencia del Estado. Y si el problema es siempre una ausencia, la solución es siempre llenar ese vacío con infraestructura, lo cual es reducir el problema a soluciones simples y fotografiables. Pero los problemas sociales complejos rara vez son solo déficits. Son configuraciones de poder, incentivos perversos instalados en el tejido comunitario, economías ilegales y muchas otras situaciones en conjunto. Por ende, combatir eso con cemento y tejas es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua.
Hay algo que debemos nombrar sin rodeos: en algunos casos, los hechos de orden público se han convertido, de manera perversa, en el principal argumento para justificar la llegada de recursos a los municipios. No se trata de señalar mala fe en cada funcionario que usa este argumento, sino de advertir que esa lógica genera incentivos completamente equivocados y desprofesionaliza la gestión territorial. Los problemas de seguridad en el Cauca merecen ser atendidos como problemas estructurales, que requieren soluciones estructurales y no como episodios mediáticos que justifican gestiones presupuestales.
Lo que este departamento necesita son gerentes públicos capaces de hacer análisis situacional real: ¿quiénes son los actores que están reclutando jóvenes?, ¿qué ofrecen que las instituciones no están ofreciendo?, ¿cuáles son los circuitos económicos que sostienen estas estructuras? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles ni titulares atractivos, pero son las preguntas correctas.
La próxima vez que ocurra un hecho de violencia (ojalá no ocurra, pero la tendencia no invita al optimismo) la pregunta no debería ser ¿qué le vamos a pedir al gobierno nacional? Debería ser ¿qué entendemos de lo que está pasando y qué vamos a hacer nosotros con eso? Esa diferencia, aparentemente sutil, lo cambia todo.
