Violencia e ineptitud fiscal. Padilla sufre otro robo a escuela
Violencia e ineptitud fiscal. Padilla sufre otro robo a escuela.
La violencia no da tregua en el municipio de Padilla incluso en el inicio del nuevo año. Este fin de semana, una institución educativa de la vereda Holanda fue víctima de un nuevo hurto de grandes proporciones: delincuentes sustrajeron 22 computadores de estudiantes, una impresora nueva, una portátil sin destapar de la orientadora escolar, 3 drones, 2 visores 3D, 2 celulares nuevos en caja y un microscopio digital nuevo, sumando más de $130 millones en pérdidas y poniendo en riesgo la continuidad de las clases y los proyectos académicos.
Este hecho corresponde a un nuevo robo registrado en la misma institución educativa. Además del hurto, los responsables dejaron mensajes y grafitis amenazantes dirigidos al personal docente, en represalia porque un estudiante no aprobó el año escolar. La intimidación ha generado temor entre los profesores y alarma en la comunidad educativa.
Las autoridades investigan el caso con la revisión de huellas de acceso, rastros y el contenido de los mensajes y grafitis hallados en las paredes del plantel, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables. En la investigación participan unidades de la Policía, el CTI y se ha solicitado el apoyo del Ejército para reforzar la seguridad en la zona.
Líderes comunitarios advierten que la situación de orden público es grave y compleja, y reclaman una respuesta integral e inmediata del Estado. Habitantes del sector denuncian ausencia de control y reacción institucional, mientras exigen garantías de seguridad para los docentes, estudiantes y la infraestructura educativa.
A esta crisis de violencia se suma una grave crisis institucional y financiera: Padilla ha ocupado puestos rezagados en el Índice de Desempeño Fiscal, figurando entre los municipios con peor comportamiento fiscal, según registros del DNP y publicaciones de Proclama del Pacífico sobre la gestión financiera territorial. Este dato profundiza la percepción de abandono institucional, no solo en seguridad sino también en la gestión de recursos públicos, afectando servicios esenciales como la educación.
La comunidad exige pronunciamientos y acciones urgentes para proteger la integridad de los maestros, asegurar la continuidad académica y frenar una cadena de delitos que, denuncian, se salió de control.
