Señor presidente, aprenda a perder

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro ha cruzado una línea que ningún jefe de Estado debería cruzar. Una cosa es pedir investigaciones o denunciar irregularidades; otra muy distinta es afirmar, sin decisión judicial de por medio, que el presidente electo no ganó las elecciones y que el gobierno entrante carece de legitimidad.

Colombia no elige a sus presidentes en X. Los elige en las urnas. Los resultados oficiales son establecidos mediante el proceso de escrutinio realizado por las autoridades electorales y conservan plena validez jurídica mientras no sean modificados o anulados por las instancias competentes. Esa regla obliga a todos losciudadanos, incluido el Presidente de la República.

Hace apenas unas semanas, el propio Petro aseguró que respetaría los escrutinios.

Hoy parece haber reemplazado ese compromiso por su criterio personal. La legitimidad de una elección no puede depender de si el resultado favorece o no al gobierno saliente.

Es paradójico que fue el propio Gustavo Petro quien, en campaña y junto a Antanas Mockus, grabó en mármol su compromiso con la defensa de la Constitución y de las instituciones. Aquel símbolo pretendía representar que ese compromiso era inquebrantable. Hoy, al desconocer el resultado oficial de los escrutinios sin que exista una decisión de la autoridad competente que lo invalide, ese mármol parece haber sido sustituido por la conveniencia.

A este ambiente se suman las declaraciones del senador electo Iván Cepeda, quien ha promovido la desobediencia civil alegando que la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella representa un riesgo para la soberanía nacional. Sin embargo, la Constitución es clara: para ser presidente se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años. La doble nacionalidad no aparece entre las inhabilidades previstas por el ordenamiento jurídico colombiano y los debates que puedan existir respecto de obligaciones frente a otro Estado pertenecen a otro ámbito jurídico y no modifican los requisitos establecidos por nuestra propia Carta Política. No se logra comprender por qué ese argumento no fue un obstáculo cuando Gustavo Petro ejerció la Presidencia siendo también ciudadano italiano y ahora sí pretende convertirse en un impedimento insalvable para su sucesor.

Lo preocupante no es solo el argumento. Es la incoherencia. Durante años se nos dijo que la voluntad popular era sacrosanta y que desconocer un resultado electoral era un atentado contra la democracia. Hoy, esos mismos sectores parecen descubrir defectos insalvables en el proceso únicamente porque el resultado les jugó en contra.

Si existen pruebas de fraude, nuestro ordenamiento jurídico tiene instituciones para investigarlo y jueces para decidirlo. Lo que no puede convertirse en regla es sustituir esos procedimientos por un hilo en redes sociales o por la convicción personal del jefe de Estado. En una democracia, las pruebas se presentan ante las autoridades competentes, no ante los seguidores de una cuenta en X.

El problema es que quien hace estas afirmaciones no se ha convertido en un dirigente de oposición. Es el Presidente de la República, jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. Su deber constitucional es garantizar una transición institucional ordenada, no sembrar dudas sobre la validez de las elecciones sin respaldo judicial.

Nadie le exige al presidente Petro que simpatice con su sucesor. El empalme puede estar marcado por profundas diferencias políticas sin dejar de cumplir su propósito institucional. Lo mínimo que puede exigírsele es que respete las reglas del Estado de derecho y no entorpezca la transición con acusaciones cuya gravedad exige mucho más que publicaciones en redes sociales.

El respeto por las instituciones no puede ser un compromiso de campaña para abandonar cuando llega la derrota. Si aquel mármol significaba algo, es precisamente en momentos como este cuando debía demostrarlo.

Señor Presidente, aprenda a perder.

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