Del voto al boicot

Las elecciones terminan el día en que se cuentan los votos. La democracia, en cambio, empieza al día siguiente.
En los últimos días, algunos comerciantes de Popayán han denunciado amenazas y llamados al boicot por haber expresado públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Varios de esos establecimientos respondieron con un mensaje sencillo: su compromiso no es con un partido político, sino con el trabajo honesto, el servicio a la comunidad y el esfuerzo diario por sostener a sus familias y generar empleo.
Más allá de las posiciones políticas de unos u otros, lo ocurrido me deja una pregunta más profunda: ¿qué pasa cuando una diferencia electoral deja de resolverse en las urnas y comienza a trasladarse a la vida cotidiana?
Norberto Bobbio sostenía que la democracia no elimina los conflictos políticos; los somete a reglas que permiten resolverlos sin destruir la convivencia. Las elecciones existen precisamente para canalizar las diferencias mediante procedimientos pacíficos y legítimos, no para prolongarlas a través de represalias contra quienes apoyaron una opción distinta. Cuando el desacuerdo político se traduce en amenazas, señalamientos o boicots económicos, el adversario deja de ser visto como un ciudadano con los mismos derechos y pasa a ser tratado como alguien cuyo derecho al trabajo y al sustento puede ponerse en entredicho por sus preferencias políticas.
En ese sentido, la democracia no exige unanimidad; exige pluralismo. Quien votó por un candidato distinto no deja de ser ciudadano, vecino o comerciante. Sigue teniendo exactamente los mismos derechos, entre ellos el de trabajar y desarrollar su actividad económica sin ser objeto de represalias por la manera en que ejerció su derecho al voto.
En la ciencia política, este fenómeno se conoce como “polarización afectiva”: el problema ya no es discrepar sobre las ideas, sino rechazar a las personas que las defienden. Después de unas elecciones, ese estado emocional suele intensificarse. Para algunos, la victoria se convierte en una licencia para descalificar al adversario; para otros, la derrota se transforma en resentimiento y en la necesidad de castigar a quienes piensan distinto. Cuando esa lógica se instala en una sociedad, la política deja de ser una competencia democrática y se convierte en un criterio para decidir con quién comerciar, trabajar o relacionarse.
Promover el boicot contra pequeños negocios por razones exclusivamente políticas no fortalece la democracia. Por el contrario, traslada el conflicto electoral a la economía de trabajadores independientes, empleados y emprendedores que dependen de cada cliente para sostener su proyecto de vida. Ninguna diferencia ideológica debería convertirse en motivo para afectar el sustento de quienes viven de su esfuerzo.
La verdadera prueba de una democracia no está en saber ganar, sino en saber perder. Quienes ganan deben gobernar sin espíritu de revancha; quienes pierden deben ejercer una oposición firme, pero respetuosa de las reglas del juego democrático. De lo contrario, las elecciones dejan de ser un mecanismo para resolver diferencias y se convierten en el inicio de nuevas formas de confrontación.
Las urnas deciden quién gobierna, no quién merece trabajar. Si comenzamos a castigar económicamente a quienes piensan distinto, mañana el motivo podrá ser una opinión, una creencia o cualquier otra diferencia. La democracia no se pone a prueba cuando todos estamos de acuerdo, sino cuando somos capaces de respetar los derechos de quienes votaron diferente.
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