¡Quedas sentenciado a una cita médica!

Hoy, mientras el sol de junio ilumina nuestro suroccidente colombiano, un hecho tan simple como agendar una cita médica revela la cruda y mortal verdad de nuestro sistema de salud.
Pedir una consulta con un especialista el 16 de junio y que esta sea programada para el 15 de septiembre, es decir, noventa y un días de espera, es más que una ineficiencia administrativa; es una condena en cámara lenta para cualquier paciente.
Y la situación se torna dramática cuando el diagnóstico previo de esa cita de control arroja alarmantes pólipos abundantes en la nariz y una lesión en la epiglotis, que no le permiten al paciente respirar normalmente.
¿Qué debe hacer un ser humano en estas circunstancias? ¿Esperar con la incertidumbre carcomiendo su existencia, mientras una posible patología avanza sin control?
Esta dolorosa realidad contradice, de manera flagrante y casi cínica, las voces de aquellos dirigentes políticos que, con una desconexión pasmosa de la cotidianidad de la gente, insisten en que nuestro sistema de salud es «maravilloso» y, por ende, no requiere ser reformado.
¿Maravilloso para quién? ¿Para el paciente que ve su salud deteriorarse día a día mientras la burocracia dilata una atención urgente? ¿Para la familia que observa con impotencia cómo un posible tratamiento oportuno se esfuma en la lejanía de un calendario colapsado?
No, señores dirigentes. Un sistema que somete a sus ciudadanos a una espera de casi tres meses para el control de una lesión potencialmente grave no es «maravilloso»; es, sin ambages, mortal.
Históricamente, la salud en Colombia ha sido un campo de batalla entre el derecho fundamental y la lógica del mercado.
Desde la desregulación y la mercantilización introducidas en modelo Ley 100, se ha priorizado la eficiencia financiera sobre la eficiencia humana.
La fragmentación, la intermediación excesiva y la priorización de la rentabilidad han creado un laberinto en el que el paciente siempre se pierde, mientras las EPS (Entidades Promotoras de Salud) se concentran en el control de costos más que en la agilidad de la atención.
El resultado es esta odisea de esperas, autorizaciones y negaciones que transforman la esperanza de una cura en una agonía prolongada.

El caso de la nasolaringoscopia y la lesión en la epiglotis es un ejemplo contundente de cómo la dilación en la atención especializada puede tener consecuencias irreversibles.
Los pólipos, aunque benignos, requieren monitoreo y, en ocasiones, intervención. Una lesión en la epiglotis, por su ubicación crítica para la respiración y la deglución, exige una respuesta inmediata. Demorar su lectura de resultados y la consecuente definición de un tratamiento no es solo negligencia administrativa; es un atentado contra la vida.
La lealtad de algunos dirigentes políticos hacia un modelo «maravilloso» es incomprensible desde la perspectiva del ciudadano de a pie. Esta postura, que roza la ceguera voluntaria, sugiere una profunda desconexión con las bases y, quizá, una defensa de intereses económicos y políticos que se benefician del statu quo.
Es una afrenta moral negar la necesidad de una reforma profunda y humana, cuando la realidad grita desde cada sala de espera, desde cada cita pospuesta, desde cada vida que se apaga esperando un turno.
El artículo 49 de nuestra Constitución Política establece que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado y que «se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud». Una espera de 91 días para una cita de control de una lesión vital, claramente vulnera este mandato constitucional.
En conclusión, hay que ratificar que el sistema de salud colombiano, tal como funciona para la inmensa mayoría de sus ciudadanos, no es el adecuado; es un reflejo de una crisis humanitaria disfrazada de burocracia. Cuando el acceso a un especialista para una revisión crucial se prolonga por casi tres meses más, la vida del paciente queda suspendida en un limbo de incertidumbre y riesgo.
Es un imperativo moral y un mandato constitucional que se priorice la vida sobre cualquier modelo financiero o interés político.
Hacemos un llamado vehemente a las autoridades y a la conciencia de los dirigentes: la reforma del sistema de salud no es una opción, es una emergencia nacional.
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