Colombia subestima un peligro que ya golpea a la puerta. Varios dirigentes de la derecha extrema ensayan la violencia física como herramienta política y la exhiben desde curules públicas, desde las redes y desde viejos panfletos que reaparecen con nombres nuevos. Esta advertencia busca que la ciudadanía y las autoridades reaccionen antes de que corra sangre, porque algunos violentos esperan justamente el primer choque para desatar los que siguen.
El nuevo poder envalentona a los violentos
El país estrenó el 7 de agosto un gobierno de derecha extrema encabezado por Abelardo de la Espriella, quien llegó a la Casa de Nariño con un programa de mano dura, ofensiva militar y persecución a los grupos que él califica de narcoterroristas. Ese ambiente envalentonó a dirigentes regionales que confunden la victoria electoral con una licencia para amedrentar. Algunos voceros cercanos a esa coalición exhiben bates y armas, prometen persecución y describen al adversario como un enemigo interno que conviene eliminar. El propio coordinador de la campaña presidencial en el Huila, Álvaro Medina Villarreal, amenazó en varios audios con «dar de baja» al presidente Gustavo Petro y al entonces candidato Iván Cepeda, y prometió «destripar» y «sacarles los ojos» a los opositores, según reveló la Revista RAYA.
La amenaza amparada por el fuero
Algunos cabildantes convierten la curul, pensada para representar a la gente, en una plataforma para intimidarla. En Valledupar, el concejal Oswaldo Díaz Ortiz, del Partido Conservador, apareció esta semana en un video con un arma de fuego y sentenció que «cualquier petrista que venga, va a llevar es balín». Añadió que la tenía «lista para la guerra». La Procuraduría Regional del Cesar le abrió investigación disciplinaria de oficio apenas circularon las imágenes.
En Medellín, el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como «El Gury», acumula polémicas y procesos disciplinarios por su estilo de confrontación permanente. En Cali, el concejal Andrés Escobar, del Centro Democrático, quedó grabado disparando contra manifestantes el 28 de mayo de 2021 en el sector de Ciudad Jardín, un episodio que la ONU condenó por la presunta connivencia de civiles armados con la fuerza pública. El también caleño Jaime Arizabaleta enfrenta querellas por un discurso de estigmatización sostenida contra periodistas, concejales de oposición y militantes del Pacto Histórico en el Valle del Cauca. Y no se olvida que desde el Congreso, el representante Miguel Polo Polo hostigó a las Madres de Soacha y arrojó a la basura las botas de caucho que recuerdan a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Los emisarios del odio en calles y redes
La intimidación también camina por las calles y se multiplica en las redes. En Bogotá, Jorge Castillo, candidato a la Cámara por el Partido Conservador, se grabó junto a hombres con prendas de camuflado y gorras oscuras que cargaban bates de béisbol, mientras anunciaba que patrullaba la ciudad «buscando petristas para levantarlos». El propio Partido Conservador anunció una investigación tras la difusión del video. En Sabana de Torres, Santander, integrantes del Pacto Histórico atribuyeron a Guillermo Urzola, apodado «El Sargento», agresiones reiteradas contra quienes hacen pedagogía electoral en el municipio; Urzola promovió la campaña de De la Espriella con perifoneos por los barrios y difundió, una semana antes de la segunda vuelta, un video en el que aparece con prendas militares y con lo que parece un fusil de asalto. Según los testimonios que recogió la Revista RAYA, el hombre grita, insulta y escupe contra la sede de esa colectividad. En Bucaramanga, la dirigente Alicia Lucía Rueda, «Tía Licha», carga con señalamientos por hostigar a manifestantes, periodistas y líderes progresistas. En Boyacá circulan denuncias, todavía sin confirmar, contra un exmilitar que promovería rondas de vigilancia con un lenguaje intimidatorio contra jóvenes, ambientalistas y defensores de derechos humanos. A esa presión se suman campañas coordinadas que estigmatizan a los líderes regionales y exponen su ubicación y su seguridad física, una práctica que en Colombia suele anteceder al atentado.
Los panfletos regresan con lenguaje paramilitar
El pasado más doloroso regresa en forma de panfleto. En octubre de 2022 apareció dentro del Concejo de Jamundí un texto firmado por un grupo que se autodenominó «Los Ultra Derecha», con amenazas contra el entonces alcalde Andrés Felipe Ramírez, concejales, funcionarios y líderes sociales; el documento declaraba objetivos a los «concejales corruptos y petristas» y exigía que abandonaran la región so pena de ser «eliminadas». En Soacha circuló otro panfleto que anunciaba fuego «a todos esos que se hacen llamar petristas» y señalaba a dirigentes sociales y ediles por defender los derechos humanos y la protesta. La Misión de Observación Electoral documentó que, solo después de las legislativas de 2022, aparecieron nueve panfletos atribuidos a las Águilas Negras contra sesenta y seis líderes políticos y sociales, entre ellos Francia Márquez y dirigentes del Pacto Histórico.
Una advertencia a tiempo
La violencia política carece de legitimidad, la ejerza quien la ejerza. Colombia ya conoce el desenlace de estos ensayos, porque el exterminio de la Unión Patriótica y los mal llamados falsos positivos nacieron de la misma idea, la de tratar al opositor como un blanco. La Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Policía tienen el deber de investigar cada amenaza, proteger a los señalados y aplicar la ley sin sesgo ideológico. El presidente De la Espriella debe rechazar sin ambigüedad estos discursos que se cobijan bajo su triunfo. La ciudadanía, por su parte, necesita mantener la calma frente a la provocación, porque el violento profesional busca la reacción airada que le sirva de coartada. La democracia se defiende con votos, con denuncia y con organización social, jamás con la réplica de su misma barbarie. Advertir a tiempo todavía evita la tragedia.
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Ilustración editorial elaborada con inteligencia artificial mediante ChatGPT / OpenAI.
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