- Alcalde de Patía acusa de extorsión a Proclama del Pacífico.
- La extorsión no se presume, se demuestra. Informar no es extorsionar.
- Proclama del Pacífico siempre informará sobre las investigaciones que sean noticia.
- Al periodismo se le responde con hechos, documentos y argumentos. Nunca intentando silenciar al mensajero.
Hay una reacción que se repite con demasiada frecuencia cuando el periodismo toca intereses sensibles de la administración pública local: en lugar de responder por los hechos, por los documentos o por las decisiones sometidas a escrutinio, algunos funcionarios prefieren trasladar la discusión hacia quien informa. El periodista deja de ser el intermediario entre los hechos y la ciudadanía y pasa a convertirse, convenientemente, en el supuesto responsable del problema.
El jueves 3 de septiembre, este medio publicó la notificación oficial que la Contraloría envió al alcalde de Patía, Jhon Jairo Fuentes Quinayás, dentro del proceso de responsabilidad fiscal identificado con la radicación PRF-32-26, abierto mediante el Auto No. 25 del 30 de junio de 2026 (Contraloría vincula al alcalde de Patía a proceso fiscal – Proclama). El documento vincula, además del alcalde, a la extesorera municipal Johana Andrea Valencia Rengifo y al técnico administrativo Enar Duván Gómez Quiñonez.
La respuesta del alcalde llegó por un video difundido en redes sociales y por una serie de mensajes enviados directamente al equipo periodístico. Allí calificó la información de «descontextualizada, malintencionada y tendenciosa». Y en uno de ellos escribió textualmente: «Ustedes es que intentan extorsionarnos», acusación que repitió al mencionar un episodio similar en el municipio de Balboa.
Ese señalamiento tiene consecuencias jurídicas concretas. Proclama del Pacífico presentará la denuncia correspondiente contra el alcalde Fuentes Quinayás y remitirá el expediente completo a la Fundación para la Libertad de Prensa y a la Federación Colombiana de Periodistas.
Pero, además de cuestionar la publicación, el alcalde intentó relativizar la gravedad del asunto por la cuantía involucrada. Al referirse a la publicación, escribió que exponía una “millonaria pérdida de recursos” cuando, según su propia expresión, “son 13 millones”.
Su argumento no se quedó allí: reclamó que, en vez de concentrarnos en ese episodio, deberíamos informar sobre “las obras de impacto que viene realizando esta administración municipal”, y enumeró inversiones como los $230 millones destinados al acueducto de Palmar, en Brisas; $172 millones para el acueducto de Altamira; $110 millones para el acueducto de Huecolindo; $100 millones para una cancha de microfútbol en Santa Cruz, además de un pavimento próximo a entregar.
Esa forma de plantear el debate resulta particularmente reveladora. El mensaje que termina transmitiéndose es que trece millones de pesos serían una suma menor frente a cientos de millones invertidos en obras y que, por tanto, el periodismo debería privilegiar lo positivo y restarle importancia a aquello que está siendo examinado por un organismo de control. Como si el razonamiento pudiera resumirse así: fueron apenas trece millones; ¿por qué hacer escándalo si estamos ejecutando obras por mucho más?
Ese criterio es profundamente equivocado cuando se trata de recursos públicos. Las obras que obligatoriamente debe realizar una administración no compensan, justifican ni borran una eventual irregularidad. Son asuntos distintos y ambos pueden ser noticia. El periodismo no funciona mediante una contabilidad moral en la que una inversión de cientos de millones otorgue crédito suficiente para minimizar una actuación fiscal irregular por una suma menor.
La verdadera pregunta es, entonces: si existe una actuación oficial sobre recursos públicos, ¿tienen o no los ciudadanos derecho a conocerla?
Proclama del Pacífico ejerce el periodismo en el suroccidente colombiano desde hace más de cincuenta años, en un territorio marcado por el conflicto armado y por comunidades que pagaron con sangre el silencio impuesto a la prensa regional. Esa trayectoria explica por qué este medio asume la denuncia de la corrupción como una función irrenunciable frente a las víctimas de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Un alcalde que responde a una notificación oficial acusando de extorsión a quienes la publican confirma, con sus propias palabras, la necesidad de ese escrutinio.
No buscamos una confrontación personal con el alcalde de Patía. El funcionario tiene derecho a discrepar, a controvertir nuestras publicaciones, a solicitar rectificaciones sustentadas y a acudir a las autoridades si considera vulnerados sus derechos. Lo que no puede pretender es convertir al periodista en responsable de los hechos que ocurren dentro de su administración o presentar como delito el ejercicio legítimo de informar sobre ellos.
Proclama del Pacífico seguirá informando sobre las obras que tengan interés periodístico, sobre las decisiones que beneficien a las comunidades y también sobre las actuaciones de los organismos de control cuando estas involucren recursos públicos o funcionarios. Esa no es una posición contra una administración determinada. Ahora, esa disposición no significa renunciar al criterio editorial ni aceptar que un funcionario defina qué puede o no puede ser noticia.
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