El Cauca, un departamento de vasta geografía, se encuentra fragmentado. Su unidad territorial se ha desvanecido. En lugar de un Estado presente, rige la ley de las armas. Por eso, desde el Gobierno Nacional, sus prioridades invertidas hacen del Cauca un territorio sin Estado.
Los ciudadanos son tenidos en cuenta como potencial electoral. Pasada la jornada de las elecciones, la supervivencia vuelve a ser un asunto personal, sin garantías ni seguridad.
El Estado no gobierna; lo hacen las armas ilegales.
El poder real en el Cauca está en manos de grupos ilegales. Son ellos quienes decretan las reglas. La única vía que permite un tránsito medianamente libre es la Panamericana. Es una línea que divide el territorio, no que lo integra como en otras partes.
La Panamericana conecta municipios como Santander de Quilichao, Popayán y Patía con Nariño. No obstante, las rutas secundarias están bajo un control férreo ilegal. Viajar por fuera de esta vía es un riesgo que se asume por necesidad ineludible.
Cada región tiene dinámicas de control social, político y económico que el Estado no ejerce.
La ruta de los cultivos ilícitos
La movilidad hacia el nororiente es casi imposible sin un permiso. Municipios como Toribío, Jambaló y Caldono están bajo control criminal. Estas zonas son cruciales para el tráfico de marihuana y otros cultivos ilícitos. Los censos ilegales determinan quién puede entrar o salir. Las autoridades legítimas no tienen impacto real en el territorio. Las alcaldías son estructuras formales, pero sin poder efectivo. El Estado simplemente no ejerce su soberanía en esta región. Igual ocurre en la zona noroccidental —los corredores hacia la costa del Pacífico: Santander de Quilichao, Suárez y Buenos Aires— que son rutas excluyentes del narcotráfico, la minería ilegal y el comercio de armas. Hay testimonios que indican que, descendiendo por el Naya, se llega a puertos de embarque de submarinos.
El ELN y las “narcobandas”
La violencia se intensifica en el suroriente. El pasado 10 de agosto, por ejemplo, el Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN atacó una estación de Policía en La Vega. El ataque ocurrió durante la celebración de las fiestas patronales y dejó heridos a policías y civiles. Este grupo armado declaró una restricción de movilidad nocturna en diez municipios del sur. La organización acusa a supuestas bandas “narcoparamilitares” de operar en el Macizo Colombiano. Los ciudadanos quedan confinados en sus viviendas, sometidos a un conflicto ajeno. La situación es una rutina de terror en la que intervienen también las llamadas disidencias de las Farc, a órdenes de un alias Iván Mordisco. Las familias aprendieron a sobrevivir con miedo.
Corredores blindados para el crimen
Más al occidente, el Cañón del Micay —desde Balboa y Argelia, pasando por El Plateado— se extiende como un enclave controlado por grupos armados que manejan la salida de cocaína y oro hacia el Pacífico.
Al otro lado de la Panamericana, hacia el oriente, las carreteras son campos de batalla entre disidencias de las FARC, como el frente Dagoberto Ramos, y el ELN. Es el caso de la abandonada Transversal del Libertador, que debería unir Popayán con La Plata (Huila) atravesando Totoró, Inzá y Belalcázar, pero lleva más de 15 años en construcción y sigue inconclusa. Los pocos tramos transitables están bajo riesgo constante.
Olvido institucional y prioridades invertidas
El abandono del departamento hacia el sur es tal que ni sus propios habitantes lo saben. El Cauca ha sido un productor petrolero. En 1996, el municipio de Piamonte se segregó de Santa Rosa. La disputa se centró en las regalías de la explotación petrolera. La empresa estadounidense Argossy Energy International operaba en la zona. Es que el Cauca ha sido un productor petrolero “clandestino”, sin beneficios para sus habitantes.
Santa Rosa, el municipio más grande del Cauca, con 447.900 hectáreas, a pesar de su riqueza natural —cedro, nogal, arenillo y medio comino—, nadie la cuida. La tala indiscriminada avanza sin control.
Pero, irónicamente, el Gobierno Nacional le presta más atención a otra Santa Rosa, no a esta del Cauca, sino a una pequeñísima isla formada en el Amazonas que es objeto de disputa territorial con el Perú, también llamada Santa Rosa. Es una isla de apenas 60 hectáreas con 800 habitantes, mientras el descuidado Cauca tiene más de 1.600.000 habitantes y 2,93 millones de hectáreas, lleva más de 200 años esperando una acción decidida. La paradoja de las prioridades evidencia una desconexión total.
¿Otro editorial más?
Este es otro editorial que probablemente no tendrá eco en el alto gobierno. Lo mismo se ha escrito una y otra vez, y al Cauca solo le llegan relatos, promesas y fórmulas mediáticas como ese “Pacto Cauca” que no se cumple.
Tal vez estemos perdiendo el tiempo con estos llamados de atención, pero al menos queda constancia para la historia del Cauca y de quienes han tenido en sus manos la responsabilidad de gobernarlo.
Y para que las generaciones futuras sepan que hubo quienes no se quedaron en silencio.
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