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Viernes, 16 de octubre de 2026

Presidente de la República dice que hicieron trampa y tiene cómo probarlo

Petro dice que hicieron trampa y tiene cómo probarlo

 

La segunda vuelta entra en tensión
Pastrana y Santos también perdieron la primera vuelta y terminaron de presidentes

Alfonso Luna Geller

Colombia entra en cuenta regresiva. Faltan 66 días, dos meses y cinco días, para que Gustavo Petro le entregue el poder al ganador de la segunda vuelta que se realizará el 21 de junio. Pero antes de llegar a esa fecha, el país tiene que resolver una pregunta que arde: ¿hubo o no hubo trampa en la primera vuelta del 31 de mayo?

La Registraduría cerró escrutinios con una precisión del 99,94% y su titular Hernán Penagos fue categórico: el censo electoral se cerró hace un mes, con reuniones semanales con todos los partidos y campañas, y nadie levantó una alerta a tiempo. «No hay ninguna posibilidad de adicionar cédulas de ciudadanía a un censo electoral que se distribuye mesa a mesa en 122.020 mesas de Colombia», afirmó el registrador. La Procuraduría, por su parte, respaldó el llamado a reconocer los resultados.

El presidente Petro, sin embargo, lanzó una denuncia con cifras en mano que sacude los cimientos del proceso. Según él, el software DIVIPOL —operado por los hermanos Bautista— fue modificado dos veces el 26 de mayo de 2026, cinco días antes de las elecciones: la primera modificación a la 1:21:35 p.m. y la segunda a las 7:21:13 p.m. El censo oficial registraba 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar. Después de esas modificaciones, el número ascendió a 42.307.373. La diferencia: 885.409 cédulas que, según Petro, no se inscribieron en la fecha legal. Además, los puestos de votación pasaron de 13.742 oficiales a 14.438 en DIVIPOL —696 puestos adicionales—, y las mesas saltaron de 120.527 a 122.020, con 1.493 mesas extras que posiblemente nunca fueron escrutadas.

El dato más explosivo: Petro señala que en 5.300 mesas aparecen más de 300 votos emitidos en el día, cifra que supera el máximo físicamente posible en horario electoral, con algunas alcanzando hasta 700 votos. Ahí, dice el presidente, se concentra exactamente la ventaja de 635.000 votos con que Abelardo de la Espriella supera a Iván Cepeda. «Entrego el dato completo de las 5.300 mesas», prometió. La pregunta que Colombia no puede eludir es si esas mesas atípicas corresponden a votación real o a cifras infladas en el sistema.

Petro advirtió que intentan cerrar los escrutinios antes de examinar su denuncia. Señaló que el escrutinio correcto no consiste en recontar los votos depositados en las urnas, sino en verificar si los sufragantes registrados en esas mesas figuran en el censo oficial cerrado dos meses antes. Quienes no estén en ese censo, arguyó, no son sufragantes reales. Si la Registraduría cierra sin hacer esa revisión, el asunto pasará a la justicia y la definición no llegará el 21 de junio sino meses después.

La historia, entretanto, tiene sus propios datos y apunta en una dirección que el progresismo conoce bien. El 31 de mayo de 1998, Horacio Serpa le ganó a Andrés Pastrana en la primera vuelta. El 21 de junio del mismo año —exactamente la misma fecha de la segunda vuelta que se avecina—, Pastrana remontó y ganó la presidencia. El 25 de mayo de 2014, Óscar Iván Zuluaga derrotó en primera vuelta a Juan Manuel Santos. El 15 de junio siguiente, Santos superó al candidato uribista y se coronó en su segundo período. En ambos casos, el presidente elegido llegó segundo en la primera vuelta.

Las segundas vueltas tienen su propia lógica. La primera vuelta mide fuerzas; la segunda mide alianzas y emociones. El candidato que logra atraer los votos de los eliminados y despertar al abstencionismo obtiene una ventaja decisiva, y el abstencionismo en Colombia ronda históricamente más del 40%.

Colombia llega a segunda vuelta con dos frentes abiertos al mismo tiempo: la denuncia de Petro pendiente de verificación judicial o administrativa, y la campaña de segunda vuelta que Iván Cepeda debe ganar en las calles. El 21 de junio es, de nuevo, el día en que Colombia decide quién administra el Estado.

 

 

 


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