Lo personal no debe eclipsar el mandato público

Lo personal no debe eclipsar el mandato público

Hubo un tiempo en que los alcaldes se parecían más a los mayordomos: se encargaban del agua, del camino, del mercado, de que la escuela abriera puntual. Se los saludaba por el nombre, pero se les exigía por el cargo. Hoy, en Buenos Aires, Cauca, hay un extraño desfase: lo público parece haberse diluido en lo íntimo, y lo urgente se extravía en comunicados que hablan del hijo del alcalde, de su estado de salud, de su calendario personal. Lo humano es comprensible. Lo institucional, en cambio, está pendiente.

Mientras las comunidades de las veredas quebradas por el lodo y el abandono, esperan el milagro de una retroexcavadora, lo que reciben desde el despacho del poder no es un parte de obras, sino un parte médico. ¿Y las vías? ¿Y el puesto de salud donde la partera atiende con las uñas? ¿Y los proyectos productivos prometidos bajo toldos de campaña?

Aquí hay algo que incomoda, y es legítimo decirlo. La administración de lo público no puede deslizarse hacia lo doméstico sin que se corrompa su esencia. Si el alcalde atraviesa dificultades personales, eso se entiende y se respeta, pero la prioridad institucional debe ser otra. El juramento de gobernar implica, también, el deber de despersonalizar el cargo. La figura pública no se apoya en la lástima, sino en la gestión.

La Constitución no da licencia para administrar con base en los sentimientos. Y no lo digo con frialdad, sino con responsabilidad. El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad. Difícilmente se cumple lo anterior cuando el boletín principal de la semana gira en torno a dolencias particulares, mientras las dolencias sociales crecen como grietas en la tierra seca.

El alcalde no está obligado a sanar los caminos con sus propias manos, pero sí a dirigir la ejecución de obras, a articular programas, a resolver con seriedad. Y sobre todo, a dar la cara. No en los micrófonos para hablar de sí mismo, sino en los territorios para escuchar a los demás. La confianza ciudadana se reconstruye con hechos. No con apariciones fugaces ni con comunicados emocionales que buscan empatía en lugar de respuestas.

Este país ha sido muchas veces rehén de liderazgos personalistas que convirtieron el Estado en un asunto de lealtades familiares. Buenos Aires no puede repetir esa historia. Su gente no pide milagros. Pide que se gobierne. Con herramientas, con decisiones, con la verdad.

De lo contrario, lo que hoy parece un simple desliz comunicativo se transformará —más pronto que tarde— en un símbolo de desconexión total entre los gobernantes y los gobernados. Y esa distancia, cuando se instala, no la cura ningún boletín.

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