La soberanía en cautiverio
La humillación del Estado en el Cañón del Micay
Cuando el Estado es débil, los símbolos se vuelven poderosos. Y no hay símbolo más desgarrador de la pérdida de soberanía que un grupo de soldados armados, debidamente equipados y entrenados para la guerra, retenidos a la fuerza por civiles que actúan como un escudo humano.
En el Cañón del Micay, como en otras regiones del Cauca, de nuevo se ha puesto en evidencia, de forma palmaria, que allá la ley ya no es la que dicta el Estado, sino que la imponen quienes lo desafían.
El pasado domingo 7 de septiembre, 72 militares de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4 fueron rodeados y retenidos en la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo; una acción atribuida a civiles pero que evidentemente son manipulados por las disidencias de las FARC –Frente Carlos Patiño–, comandadas por alias Iván Mordisco.
La escena, grotesca e indignante, se convirtió en el retrato más reciente de lo que significa perder la soberanía: dicen que unos 600 ciudadanos fueron forzados a servirle al grupo criminal, para paralizar las tropas del Ejército de Colombia. Hoy, 45 de esos soldados siguen secuestrados.
Este secuestro de soldados es el símbolo más brutal de esa pérdida de soberanía; es el mensaje de la toma de posesión territorial, social y económica de regiones estratégicas por parte de fuerzas delictivas. El mensaje es inequívoco: aquí, la autoridad no la ejerce el Estado colombiano, la ejercen los grupos armados ilegales. Ellos deciden quién entra y quién sale, regulan la movilidad, imponen normas, cobran “impuestos” y dictan justicia. Son, en los hechos, un Estado paralelo financiado con cocaína, minería ilegal, contrabando y extorsión. Y lo más grave: mientras los comandantes ilegales dictan sus órdenes con fusiles, alcaldes, jueces y autoridades locales sobreviven bajo sometimiento.
La gente lo sabe. Como se escuchó en el debate de hoy en La W con Julio Sánchez Cristo, el secuestro de soldados genera una profunda indignación. Hay quienes se preguntan: “¿Cómo confiar en la seguridad que nos debe brindar un ejército que no es capaz de cuidarse a sí mismo?”. Otros lo llaman “falta de calzones del gobierno”, exigiendo una respuesta contundente, incluso piden acciones “a sangre y fuego”. Y, aunque la frustración es comprensible, la solución no puede ser tan simplista y peligrosa.
La única salida, la elemental y obligada, es la recuperación de la soberanía por parte del Estado, representado en el Gobierno Nacional.
El secuestro de los uniformados no es solo una afrenta a la Fuerza Pública. Es una demostración al mundo de quién manda en el territorio. Es el mensaje de los grupos armados: “Aquí, el uniforme no vale. Aquí, la soberanía es nuestra”. Y lo más grave: el Estado no puede responder. Ha sido desalojado de territorios estratégicos, y ahora, sus propios hombres se convierten en rehenes.
La pérdida de soberanía no solo afecta al Cauca. Afecta a Colombia. Y tiene consecuencias globales: desestabilización regional, fortalecimiento de redes criminales transnacionales, erosión de la democracia.
El mensaje es claro. Urgente. Inaplazable: el Gobierno Nacional debe recuperar el control territorial, social, económico y político de estas regiones abandonadas.
La pérdida de soberanía se resuelve con presencia integral, con inversión real, con respeto por las autoridades comunitarias, con justicia para las víctimas y, sobre todo, con la decisión inquebrantable de imponer la autoridad legítima.
El Cauca como corredor estratégico para las economías ilícitas no necesita más planes, proyectos ni programas, necesita ejecuciones reales e inmediatas del Gobierno Nacional.
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