Contraloría detecta $109 millones sin recaudar en Patía
Foto tomada del Facebook Oficial Alcaldía Municipal de Patía.
La Contraloría General del Cauca confirmó un hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria, penal e incidencia fiscal por $109.340.000 contra la administración municipal de Patía, luego de investigar el manejo del impuesto de rifas durante 2025 y 2026.
El organismo de control concluyó que ese dinero no ingresó a las cuentas del municipio y que tampoco encontró registros contables que acreditaran su recaudo. El Informe Final No. 060, fechado el 21 de septiembre de 2026, surgió de la denuncia 038, presentada en mayo por presuntas fallas en el control de rifas que operaban en el municipio.
La investigación involucra directamente la gestión de la Alcaldía encabezada por Jhon Jairo Fuentes Quinayas. El documento también identifica competencias de las secretarías de Gobierno y Participación Comunitaria y Administrativa y Financiera, además de actuaciones del entonces tesorero José Daniel Rengifo Cerón. La Contraloría anunció que, cuando quede en firme el informe, lo remitirá a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.
El hallazgo no significa que esas personas hayan sido declaradas responsables fiscal, disciplinaria o penalmente. Corresponderá a los procesos respectivos establecer responsabilidades individuales.
Seis rifas y $109 millones pendientes
La revisión de la Contraloría abarcó sorteos de La Caucana, El Dólar, El Dorado, El Bordo, Fajo Group y Bono Solidario. Al revisar los documentos remitidos por la Alcaldía, el organismo señaló que no encontró evidencia del ingreso del impuesto correspondiente ni comprobantes que demostraran que los organizadores hubieran pagado esas obligaciones.
Las cuentas efectuadas por el órgano fiscal quedaron distribuidas así:
- El Dorado concentra la mayor suma, con $47.600.000.
- Fajo Group aparece con $32.200.000.
- El Dólar, con $16.240.000.
- La Caucana, con $7.000.000.
- El Bordo, con $5.600.000.
- Bono Solidario, con $700.000.
Los seis valores suman exactamente $109.340.000.
La Contraloría fue más allá de señalar que faltaban recibos. En su conclusión sostuvo que no se evidencia gestión administrativa de la Alcaldía encaminada oportunamente a la liquidación y recaudo de esos impuestos y atribuyó la situación a deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento y a una falta de articulación entre la dependencia encargada de las rifas y el área responsable del recaudo.
Alcaldía dijo que las rifas eran clandestinas
La administración de Jhon Jairo Fuentes Quinayas ejerció su derecho de contradicción y pidió que se eliminara el hallazgo y se archivara la denuncia.
Uno de sus principales argumentos fue que el dinero no ingresó al municipio por la conducta de terceros que presuntamente operaban rifas clandestinas y evadieron el procedimiento establecido para efectuar el pago. Según la defensa municipal, no existía nexo causal entre la actuación de la Alcaldía y el posible detrimento fiscal.
La Alcaldía señaló además que no existían actos administrativos que hubieran autorizado esas rifas. Óscar Ricardo Piamba Ortíz, secretario de Gobierno y Participación Comunitaria, certificó el 10 de septiembre que durante 2024, 2025 y lo corrido de 2026 su dependencia no había expedido oficio, resolución o acto administrativo otorgando permiso para realizarlas.
La defensa explicó que, según el esquema municipal, la autorización, sellamiento de boletería, liquidación del tributo, vigilancia y control recaían principalmente en la Secretaría de Gobierno, mientras el recaudo correspondía a la Secretaría Administrativa y Financiera.
También sostuvo que los sorteos investigados tenían características de rifas permanentes, modalidad prohibida por la normatividad, porque se realizaban repetidamente durante el año. Según la Alcaldía, esa circunstancia impedía autorizarlos.
La Contraloría encontró una contradicción
Ese argumento no convenció al organismo de control.
La Contraloría aseguró que en el expediente existe boletería con sello de la Secretaría de Gobierno de Patía y registros fotográficos de entregas de premios realizadas dentro de las instalaciones de la propia Alcaldía, con presencia de una funcionaria de esa dependencia. Para el ente fiscal, esos elementos contradicen la tesis de que se trataba simplemente de actividades clandestinas desconocidas por la Administración.
El expediente contiene además documentos producidos por la propia Alcaldía. Uno de ellos, denominado “Fechas para trámite de inscripciones 2026 – Rifas 2026”, identificaba rifas, responsables y programaciones durante el año. Otro anexo clasificaba rifas como “autorizadas” y “no autorizadas” para efectos del trámite. Entre las primeras aparecían, entre otras, Bono Solidario, La Caucana, El Bordo, El Dorado y El Dólar.
La Contraloría interpretó esos documentos como prueba de que la Secretaría de Gobierno tenía conocimiento de las actividades y disponía de información suficiente para ejercer funciones de vigilancia y fiscalización.
También señaló que no encontró evidencia de operativos o incautaciones de boletería realizados oportunamente frente a los sorteos investigados. Según el informe, las actuaciones posteriores pueden servir como medidas correctivas, pero no sustituyen los controles que debieron ejercerse cuando las rifas estaban funcionando.
Los cobros comenzaron después de la denuncia
La cronología constituye uno de los puntos centrales del informe.
José Daniel Rengifo Cerón, entonces tesorero municipal, certificó el 23 de mayo de 2026 que no habían ingresado pagos por concepto de impuesto de juegos de azar correspondientes a los sorteos investigados.
El 29 de mayo, Rengifo remitió al despacho del alcalde otra certificación sobre los impuestos no cancelados. Al día siguiente, 30 de mayo, el alcalde requirió a las secretarías Administrativa y Financiera y de Gobierno para que adelantaran gestiones de cobro o, cuando fuera necesario, la incautación de boletería.
El 6 de junio la Secretaría Administrativa y Financiera expidió seis cobros persuasivos contra los responsables de Fajo Group, El Dólar, El Bordo, El Dorado, La Caucana y Bono Solidario. Hubo nuevos requerimientos el 27 de agosto. En septiembre se solicitaron operativos con la Policía y la Inspección de Convivencia y Paz.
La Contraloría consideró determinante que esas actuaciones fueran posteriores a la denuncia. Según el organismo, no había evidencia de acciones anteriores de cobro o incautación frente a las rifas objeto de investigación.
Una declaración que deberá ser esclarecida
El expediente contiene otro elemento que puede tener relevancia para las autoridades que continúen la investigación.
La Contraloría dejó consignado que durante una sesión del Concejo Municipal realizada el 5 de mayo de 2026 apareció Over Ñañez, quien afirmó públicamente que tenía en su teléfono soportes de pagos realizados al secretario de Gobierno y que suponía que ese dinero debía encontrarse registrado en archivos.
El informe indica expresamente que esa intervención quedó registrada en video y forma parte del expediente. El documento, sin embargo, no establece que esos supuestos pagos hayan sido comprobados, ni determina su naturaleza, monto o destinatario efectivo. Por esa razón deben presentarse periodísticamente como una declaración incorporada al expediente y no como un hecho demostrado.
Este punto adquiere relevancia porque el mismo expediente contiene una certificación oficial según la cual no se habían otorgado permisos para realizar rifas durante el periodo analizado.
Contraloría mantuvo el hallazgo
Después de estudiar los descargos de la Alcaldía, el organismo rechazó la solicitud de archivar el caso.
La Contraloría concluyó que el municipio no acreditó documentalmente un ejercicio efectivo y oportuno de las funciones de control, fiscalización y recaudo y confirmó el hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria, penal e incidencia fiscal por $109.340.000.
Entre las normas citadas por el organismo como criterio del hallazgo aparecen el artículo 209 de la Constitución; los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 610 de 2000; disposiciones del Código General Disciplinario; la Ley 643 de 2001 sobre juegos de suerte y azar; el Estatuto Tributario de Patía y, dentro del análisis de posible relevancia penal, los artículos 397 y 414 del Código Penal, correspondientes a peculado por apropiación y prevaricato por omisión. Que esas normas sean citadas en el hallazgo no significa que tales delitos hayan sido judicialmente demostrados.
La Fiscalía deberá determinar si los hechos tienen relevancia penal y la Procuraduría podrá evaluar posibles responsabilidades disciplinarias. El eventual detrimento y las responsabilidades fiscales deberán establecerse dentro del procedimiento correspondiente.
El municipio, además, quedó obligado a presentar ante la Contraloría un plan de mejoramiento dentro de los cinco días hábiles establecidos por el organismo. Las acciones correctivas no podrán exceder seis meses para su ejecución.
Fuente documental: Informe Final No. 060 de la Contraloría General del Cauca, denuncia 038 de 2026, radicado 202601200370633, fechado el 21 de septiembre de 2026.
