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Lunes, 5 de octubre de 2026

La procuradora también es mentirosa

La procuradora es mentirosa

La procuradora también es mentirosa

Alfonso J Luna Geller

Con la politiquera y desesperada intención de favorecer el rechazado uribismo que tanto ha golpeado a toda la nación colombiana con el desgobierno padecido, y con la disculpa de cumplir, equivocadamente, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno Nacional expidió el pasado 24 de diciembre, el Decreto 1851 de 2021, para reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación creando 1.208 cargos nuevos, en aplicación de la Ley 2094 de 2021, nuevo Código General Disciplinario.

Cundo se presentó el proyecto ante el Congreso, Margarita Cabello, la procuradora al servicio exclusivo del gobierno y sus jefes políticos de la costa, mintió cuando dijo que ése fallo de la CIDH, la facultaba para crear los cargos, ya que le ordenaba al Estado adecuar su ordenamiento jurídico interno, como consecuencia de la ilegal destitución de Gustavo Petro de su cargo como alcalde de Bogotá, sin tener facultades para hacerlo, no que ampliara la improductiva burocracia: la Procuraduría no podía destituir o inhabilitar funcionarios democráticamente elegidos, pues esa competencia es de la Justicia como resultado de un proceso penal, no del organismo de control disciplinario.

Es tan vulgar el clientelismo ejercido al interior de la Procuraduría, que a pesar de que la nueva nómina nos cuesta a los colombianos 1.8 billones de pesos al año, en medio de la crisis que atraviesa el país por la corrupción pública, la pandemia del coronavirus, y mientras la reactivación de los medios productivos del país exige austeridad del gasto público, eso tampoco les importó ni a Duque ni a su subalterna, la procuradora.

Como demostración de lo que se sabía desde diciembre de 2020, cuando se eligió a la exministra de Duque, Margarita Leonor Cabello Blanco, oriunda de Barranquilla y aliada del Gobierno uribista, como cabeza del órgano de control que vigila, entre otros, al propio Gobierno, para ella, su misión más evidente ha sido el patrocinio electoral de sus jefes políticos, más que el control disciplinario, la lucha contra la corrupción y la defensa del interés público.

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