El Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali hizo público un comunicado de la lideresa Francia Márquez, líder afrodescendiente del norte del Cauca, quien abandonó su vivienda ubicada en la vereda Yolombó, municipio de Buenos Aires, junto a sus dos hijos, tras ser amenazada de muerte (nuevamente) por hombres armados no identificados, por su constante lucha contra la minería ilegal en esta región del país.
Francia explicó que recibe amenazas permanentes desde el año 2009 por su constante lucha contra los estragos de la minería ilegal. Sin embargo, afirmó que la situación se agravó luego de participar de la marcha de mujeres afrodescendientes que llegó hasta Bogotá en noviembre del año pasado, a exigir al Gobierno Nacional soluciones definitivas para frenar la minería ilícita.
Esto dice el comunicado:
«Hoy no solo está en riesgo mi vida, la de mi familia, si no la vida de las comunidades afros del norte del Cauca que hemos decidido denunciar como la minería legal promovida por el gobierno nacional y la ilegal está generando pobreza, hambre, miseria, destrucción ambiental, desplazamiento, amenazas y muerte”.
Nosotros no nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a la destrucción de la vida y los territorios ancestrales, nos oponemos a la destrucción ambiental, nos oponemos a la perdida de la soberanía alimentaria, nos oponemos a la destrucción de nuestra cultura, nos oponemos a que nuestros ríos Ovejas y Cauca, Teta, y Palo, se envenenen con cianuro y mercurio y que hoy los caleños estén siendo envenenados sin saberlo. Nos oponemos a ser desplazados de nuestros territorios ancestrales, nos oponemos a la corrupción de funcionarios públicos que no realizan las acciones establecidas en la Constitución para proteger nuestros derechos como colombianos.
Es en este contexto de riesgos, amenazas, desplazamiento y muerte que se está generando la minería legal e ilegal. NOS PREGUNTAMOS: ¿Dónde está la CVC, la CRC y el Ministerio de Ambiente ejerciendo el control ambiental? ¿Dónde está la Procuraduría ejerciendo el control disciplinario frente a los funcionarios que están omitiendo cumplir con su deber? ¿Dónde está la Fiscalía ejerciendo las investigaciones y judicializaciones contra los múltiples delitos que se están cometiendo en el Norte del Cauca por cuenta de la minería ilegal? ¿Dónde está el Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras protegiendo nuestros derechos como pueblos étnicos? ¿Dónde está el Ministerio de Minas ejerciendo control frente a los títulos mineros que ha otorgado y en los cuales se está permitiendo que se realice minería ilegal? ¿Acaso los amparos administrativos sólo se aplican para sacar a las comunidades negras de sus territorios ancestrales como el caso de La Toma? ¿Por qué no los aplican para detener la minería ilegal? ¿Dónde está el Ministerio de Salud dictaminando los impactos que producen el cianuro y el mercurio en la vida humana? ¿Dónde está el Ministerio de Cultura defendiendo las prácticas culturales de las comunidades afros que se están destruyendo con ese tipo de minería? ¿Dónde está la policía de tránsito ejerciendo los controles sobre la movilidad de esa maquinaria pesada? ¿Dónde está la policía y el ejército sacando esas maquinarias de nuestros territorios?
¿Acaso el estado social de derechos desapareció para los que continuamos creyendo que la vida debe anteponerse a los intereses económicos?
¿Acaso desaparecieron los tres poderes del Estado colombiano?
¿Dónde están los órganos de control del Estado colombiano?
¿Dónde está la comunidad internacional?
¿Acaso hablar de Paz no implica poner sobre la mesa estos temas?
Queremos respuestas reales a estas preguntas.
En el marco de la Movilización de las Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y de los Territorios Ancestrales, el Gobierno Nacional en cabeza del ministro del Interior se comprometió con nosotras a:
1. A partir del 4 de diciembre iniciaban las acciones necesarias para erradicar la minería ilegal en el Norte del Cauca y en todo el departamento.
2. Implementar las medidas de protección necesarias para las mujeres de la movilización y sus comunidades.
3. Implementar las órdenes de la Corte Constitucional en materia de protección de las comunidades afrocolombianas Auto 005, y 092.
4. Reparación de los daños ambientales, sociales, culturales y económicos que ha generado la minería ilegal.
“No es posible que la corrupción borre el Estado Social de Derecho”.
Francia Márquez.
