La guerra prelectoral.
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“Cada cuatro años los políticos vuelven al ruedo y los violentos con ellos, porque llevamos décadas con los grupos ilegales metiendo la mano en las campañas.”
Yolanda Ruiz. El Espectador.
Cuando el candidato del partido Liberal Horacio Serpa se perfilaba como favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1998, y por su trayectoria en anteriores negociaciones de Paz con las FARC y el ELN en Caracas y Tlaxcala, se esperaba que fuera el más indicado para reiniciarlas; con la ayuda del controvertido excanciller Álvaro Leiva Durán, el conservador Andrés Pastrana dio un golpe publicitario audaz, al adelantarse en conversaciones secretas con cabecillas de la guerrilla y concertar un encuentro con Tirofijo, que aunque no asistió, lo catapultó para que finalmente ganara las elecciones.
Ya posesionado, Pastrana inició negociaciones con el más poderoso grupo armado acordando cederles la extensa “zona de distensión del Caguán”, donde con nutrida participación de dirigentes políticos de distintos partidos y comunidades, líderes religiosos, de los gremios empresariales , periodistas de medios nacionales e internacionales y hasta delegaciones de la bolsa de valores de Wall Street, durante meses instalaron las numerosas mesas para discutir sobre las reformas que necesitaba el país y las condiciones para la desmovilización de las FARC y su participación en la economía y política.
Al final, la guerrilla que entonces se sentía en capacidad de tomarse el poder, aprovechó las negociaciones para fortalecer sus frentes en todo el país, usando la zona del Caguán para llevar secuestrados y continuar con el narcotráfico, hasta que después del secuestro de un avión en que viajaban numerosos congresistas y ante la prolongada inutilidad de las negociaciones, el gobierno de Pastrana, -quien ya había firmado con el de los Estados Unidos, el Plan Colombia, para fortalecer las Fuerzas Armadas e iniciar fumigaciones de cultivos de coca-, rompió los diálogos de paz, dio unas horas a la guerrilla para que abandonara el Caguán y en todo el país se desató una ola de ataques a cuarteles de Policía y Ejército, secuestros (pescas milagrosas) y atentados en carreteras y poblaciones.
Este despliegue de violencia guerrillera, para las elecciones presidenciales de 2002 pavimentó el triunfo de Álvaro Uribe Vélez, quien desde la gobernación de Antioquia, venía promoviendo la creación de las cooperativas de autodefensa CONVIVIR, que se transmutarían en los paramilitares de las AUC, y trabajando en llave con altos mandos de las Fuerzas Armadas, había iniciado una guerra a muerte contra las guerrillas, en medio de masivas violaciones de derechos humanos, masacres, falsos positivos y despojos de tierras a habitantes de comunidades a las que se acusaban de colaborar con los insurgentes.
Gracias a los cerca de 10.000 millones de dólares que los Estados Unidos prestaron para aumentar el reclutamiento y entrenamiento policías y soldados profesionales, comprar helicópteros, armas, municiones y extender las fumigaciones de cultivos de coca y destrucción de laboratorios, el gobierno de Uribe logró debilitar pero no acabar a las guerrillas, que en el gobierno de Nicolás Maduro, encontraron refugio y “trabajo” en Venezuela, controlando la extensa zona fronteriza y la producción de oro y otros minerales en el llamado “Arco minero del Orinoco” y sirviéndoles de bases de apoyo en caso de que desde Colombia los gringos iniciaran una posible invasión.
Juan Manuel Santos, quien como ministro de Defensa del gobierno de Uribe, sintió que las guerrillas ya estaban debilitadas pero sin poder acabarlas, en su segundo mandato decidió iniciar negociaciones de paz con las FARC, hasta alcanzar en noviembre de 2016, -y en medio del llamado “entrampamiento al proceso” que intentó hacer el Fiscal General Néstor Martínez Neira-, el desarme de cerca de 16.000 guerrilleros y la firma de un acuerdo de paz que incluía un programa de reincorporación de los desmovilizados, reformas de beneficio económico y social y financiación de numerosas obras y proyectos productivos en las regiones más afectadas por la violencia y las cuales serían ejecutadas durante sucesivos gobiernos.
En el año y medio del gobierno de Santos posterior a la firma del acuerdo de paz y en los 4 años del gobierno de Duque, que sin ganas asumió el cumplimiento de los acuerdos, el Estado no llegó a las regiones donde crecieron los grupos armados.
Las disidencias de las Farc, inicialmente dirigidas por Gentil Duarte, continuaron actuando, reclutando, rearmándose y disputándole territorios al ELN, especialmente los corredores para intercomunicar el Pacífico con los Andes y la Amazonia, en el suroccidente del país para poder exportar droga, oro y otros minerales e importar armas por medio de carteles mexicanos; y el Chocó bajo Cauca, Montes de María y el Catatumbo al norte del país, más ligado a la costa atlántica; sin olvidar que paramilitares de las AUC acogidos al proceso de Justicia y Paz y desmovilizados durante el gobierno de Uribe, se reciclaron en el Clan del Golfo, los Pachencas, la oficina de Envigado, los Shotas y numerosas bandas ubicadas principalmente al norte del país y expandiéndose hacia otras regiones del país y las principales ciudades.
Gustavo Petro al ganar las elecciones de 2022, se encontró que, de las antiguas FARC se habían conformado varias “marcas”: unas llamadas “disidencias, que también se dividieron en disidencias de las disidencias, otras como la Nueva Marquetalia, el Movimiento Bolivariano; al igual que del ELN, todas reclutando jóvenes de los campos ocupados, peleando entre ellas para apoderarse de territorios donde pudieran sembrar, procesar la hoja de coca y sacarla al mercado nacional y a los puertos y fronteras; además de apoderarse de territorios ancestralmente ocupados por comunidades indígenas, negras y campesinas para también explotar la destructiva de los ríos, ecosistemas y contaminante minería ilegal, construyendo vías a su arbitrio, destruir miles de hectáreas de selvas para además meterles ganado, mientras cobraban “impuestos” a los habitantes de las regiones ocupadas.
Ante la profusión de grupos armados justificándose en ideologías, unos de izquierda y otros derecha, todos financiados por el narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión o “cobro de impuestos”, el presidente Petro concluyó que nada sacaba con negociar con grupos aislados sí, los otros seguían operando, e intentó la llamada “Paz Total”, negociando a la vez con guerrilleros de origen izquierdista, paramilitares reciclados del Clan del Golfo y otras bandas menores operando en Buenaventura, Medellín, Bogotá y otras ciudades.
Confiado en que por su buena voluntad y haber sido guerrillero del M19, le iban a colaborar las distintas guerrillas y los jefes de las demás bandas criminales; después de nombrar como gestores de paz, a varios jefes de cuadrillas, de las disidencias: Iván Mordisco y Calarcá, y cabecillas de varias pandillas, algunos detenidos, y de entablar prolongadas negociaciones, mientras las Fuerzas Armadas permanecían en cese al fuego; el presidente y sus asesores concluyeron que la mayoría de grupos le estaban mamando gallo y aprovecharon el terreno despejado para rearmarse, reclutar jóvenes y antiguos guerrilleros o paracos, para engrosar sus filas y adiestrarlos en la fabricación de explosivos, en combates y el uso de drones cargados de explosivos, entre otras actividades y no estaban dispuestos a abandonar el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otros negocios desarrollados a lo largo de años.
Primero, el gobierno rompió negociaciones con el EMCG de las FARC, más conocidas como las disidencias lideradas por Iván Mordisco, quien se había fortalecido en el sur del país, especialmente en el departamento del Cauca y sur del Valle, ordenando la toma del cañón del Micay, la población de El Plateado y en la Amazonia varios bombardeos a los campamentos donde estaba el jefe de las disidencias, en el último de los cuales murió su compañera sentimental.
Las consecuencias de la reacción de las fuerzas armadas fueron la escalada de ataques que no han cesado desde hace dos años, contra estaciones de Policía y Ejército, atentados en edificios públicos, carreteras, robo de vehículos, continuos retenes en las vías. La muerte de 20 personas la mayoría habitantes de la vereda La Pedregosa, de Cajibío, fue el rebose de la copa y hasta el papa León XIV, rogó por la paz en Colombia y el suroccidente del país; ; después que las disidencias publicaron un mensaje disculpando el bombazo como un error y la comunidad de La Pedregosa rechazaba los términos del mismo; el arzobispo de Popayán, Omar Sánchez Cubillos, antes de la procesión del 1 de mayo, clamó por el respeto a la vida y el derecho a la paz en el Cauca, suplicándoles que por lo menos y en un acto de gallardía decretaran una tregua de al menos un mes.
El presidente Petro, insiste en que en Colombia las guerrillas ya no piensan en tomarse el poder, quieren controlar y repartirse determinadas regiones para supervisar el narcotráfico, la minería y la economía ilegal y están relacionados con la Junta Internacional del narcotráfico, que opera desde Dubái, en el golfo pérsico.
Lo cierto es que a 3 meses de terminar su mandato y en vísperas de elecciones, en el sur del país y la región del Pacifico, donde es más fuerte el Pacto Histórico y la candidatura de Cepeda, se han agudizado los señalamientos entre los candidatos aprovechando la escalada de violencia para atacar al gobierno achacándole el fracaso de la paz y de paso intentar debilitar la candidatura de Iván Cepeda, que en el departamento y la región es el de mayor acogida.
A través de noticias falsas en las redes y espacios en los medios de comunicación buscando infundir temor, han concentrado la difusión de mensajes; mientras, preciso, antes de elecciones, estallaron problemas como: la subida de aranceles por parte del gobierno derechista del presidente Noboa que antes fue visitado por el expresidente Uribe, agudizando la crisis económica de la población fronteriza y de los exportadores e importadores; el recrudecimiento de las acciones armadas de las disidencias de las FARC y las recientes acusaciones del presidente Uribe contra el gobernador de Nariño, basándose en un anónimo para asociarlo con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, hecho que desautoriza el padre de la víctima y actual candidato presidencial que renunció al Centro Democrático.
Algunos analistas consideran que, como sucedió hace más de 20 años, los grupos armados parecen estar más interesados en negociar con un gobierno de derecha que con un progresista y por esta razón han desatado la escalada terrorista en el Cauca, buscando debilitar la candidatura de Iván Cepeda, al echarle la culpa al actual gobierno.
“Otra vez se hace política en Colombia sobre cadáveres de inocentes. La hacen los unos y los otros. Se cruzan reclamos, denuncias y se atribuyen responsabilidades mientras las viudas, los huérfanos y las madres despojadas de hijos que ni nombre tienen para su nueva realidad, lloran a los suyos y comienzan a vivir un dolor que seguirá ahí después de que se cierren las urnas, cuando se vayan los reflectores, cuando sus historias dejen de ser rentables para alguien que las usa, las moldea, las acomoda a su relato, a cualquier relato.
Mientras se haga política sobre cadáveres, habrá alguien que produzca cadáveres como si fueran pancartas o vallas para pedir votos. Mientras la guerra beneficie a alguien, no habrá silencio de fusiles ni de bombas. Mientras la violencia sirva a alguien, habrá disparos, atentados, agresiones sexuales, reclutamiento de menores como carne de cañón, desplazamiento, robo de tierras. Mientras sirvan las lágrimas de otros para lucrar a alguien con dinero o con poder político, alguien producirá dolor, alguien planeará una muerte. La guerra va más allá de quien dispara, de quien arma el cilindro bomba, de quien pone la mina, de quien secuestra. La guerra sirve a muchos.”, escribe Yolanda Ruiz, en El Espectador.
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