Justicia espectáculo
Aunque denuncias de vínculos mafiosos del presidente de la Corte Constitucional Pretelt y decisiones judiciales aisladas como la detención de cabecillas del ‘tumbis’ de Interbolsa y sentencias contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y el exsecretario de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, despiertan optimismo sobre la efectividad de la Justicia, el sistema judicial siembra desconfianza.
La disputa entre humildes familias caqueteñas por terrenos públicos que habían invadido, desencadenó el asesinato de cuatro niños. La exitosa investigación exigida por el presidente Santos al director nacional de la Policía y al Fiscal de la Nación, evidencian limitaciones de nuestro sistema judicial para prevenir, reprimir y juzgar el surtido de delitos que nos azotan, la mayoría no denunciados o sus investigaciones no prosperan, porque los ciudadanos sienten que el entramado judicial no es tan eficaz como sucedió en el Caquetá.
Recientemente diferentes medios de comunicación difundieron una insólita noticia: un juez de la República ordenó al DAS, detener una abuela que llevaba muerta dos años. Este despistado funcionario ignoraba que el DAS fue liquidado hacía más años que los que llevaba sepultada la matrona, después de sucesivos escándalos propiciados durante los gobiernos de Uribe, cuando al mando del “buen muchacho”, Jorge Noguera, según el expresidente, pasó información de inteligencia a paramilitares para asesinar a sindicalistas e intelectuales de izquierda y para ponerle la cereza al pastel, durante la dirección de María del Pilar Hurtado se dedicó a espiar comunicaciones de dirigentes opositores, periodistas y magistrados de las altas Cortes. El sonámbulo juez tampoco consultó registros de difuntos en la Registraduría, que debieran estar en línea con otras entidades públicas, …o quién sabe si ésta institución, los tendría al día… En fin, este caso ilustra la ineficiencia judicial y la crisis del paquidérmico Estado, con instituciones y funcionarios que incumplen funciones, debido a su estructura legal y administrativa obsoleta, sobrecargada de enmarañadas normas aprovechadas para escabullirse por delincuentes y para agravar la situación, numerosos jueces, fiscales y otros funcionarios incumplen requisitos académicos, de experiencia y honorabilidad para desempeñar pronta y correctamente tareas investigativas y de juzgamiento de numerosos delitos que llegan a sus despachos y además son proclives a cometer errores, por ignorancia y falta de información, como sucedió al juez de marras, o porque son fácilmente sobornados por alguna de las partes vinculadas a una investigación y juicio, como el ‘magistrado’ Pretelt.
La crisis no es por insuficientes presupuestos y se soluciona con lograr ingresos cercanos a los que reciben los ‘clientelizados y lobistas’ magistrados, como pretendía obtenerlos para jueces y subalternos el sector radical de Asonal, en el anterior paro de tres meses. La reforma judicial está pendiente después de que un grupo de congresistas recién exonerados por la Corte, mas no por la Procuraduría, entre ellos el caucano Jesús Ignacio García, le colgaron ‘micos’ supuestamente para beneficio propio, lo que obligó al presidente Santos a suspender su trámite.
A puertas de la desmovilización guerrillera, y aplicación de Justicia Transicional para actores estatales, empresarios, políticos y subversivos comprometidos en diversos delitos, la reforma judicial es necesidad imperiosa no sólo para someter mafias de paramilitares reciclados que transmutan nombres, amenazando y asesinando a dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, de asociaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y funcionarios que gestionan restitución de tierras, como en el Cauca. También para impedir que sigan delinquiendo guerrilleros y paramilitares desmovilizados y fortalezcan mafias de delincuentes comunes extendiendo tentáculos de macro, micro-tráfico, extorsión, sicariato, atracos, en centros urbanos, rurales y para enfrentar con dientes la poderosa corrupción administrativa en entidades nacionales, departamentales, municipales y descentralizadas, asociadas con empresas privadas y particulares que evaden impuestos y sobornan para obtener contratos.
El presidente Santos está urgido por afiliar a Colombia al grupo de naciones con instituciones estatales eficientes agrupadas en el OCDE. Para ese fin, saltándose el Congreso, en el Plan Nacional de Desarrollo intenta forzar leyes relacionadas con reformas a la justicia, salud, tributaria y educación, que son obligatorias para ser aceptados, en el OCDE. Sin olvidar que faltan la desmovilización guerrillera, restitución y redistribución de las propiedades rurales y urbanas a desplazados y reconocimiento, reparación y no repetición de agresiones a las víctimas por parte de paramilitares, guerrilleros y miembros de las Fuerzas Armadas. Además asegurar protección de ecosistemas estratégicos para la humanidad, como las selvas del Amazonas, el Pacífico, Atlántico y parques naturales.
Para confiar en las instituciones, los ciudadanos denuncien delitos y evitar que acudan a la ’justicia por propia o por interpuesta mano’, requerimos nueva arquitectura judicial: con leyes claras, de fácil aplicación y magistrados, jueces, fiscales y funcionarios capaces y honestos. Además penas y cárceles efectivas y para humanos, buscando re-socializar a los que quieran o ‘vacacionar‘ a la delantera de Interbolsa y perpetuar tras rejas a ‘desalmados’ y garavitos.
