Ir al contenido principal

Red de Medios Proclama del Pacífico Noticias

Pico y Placa Viernes:
Popayán 7 y 8
Cali 7 y 8
Viernes, 2 de octubre de 2026
viernes 2 septiembre, 2011 a las 1:10 pm

De la Duda a la Certeza Probatoria

José López Hurtado*
Si algo resulta improbable en Colombia, es que la Corte Suprema de Justicia, acepte una demanda en Casación, y la muestra es que ese máximo Tribunal de la Justicia, según estadísticas, apenas admita un 10% de las mismas, porque el recurso es absolutamente técnico y engorroso.
En alguna inolvidable oportunidad, con la orientación y control del ilustre Maestro de Derecho Penal, Alfredo Casas Martínez “casamos” una sentencia, en un ejercicio intelectual severo y excesivamente exigente. Hoy, esa Corporación acaba, en un fallo histórico, de condenar al ex ministro Alberto Santofimio Botero, a la pena principal de 24 años de prisión, por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, en un extenuante proceso que duró más de dos décadas, cuando todo indicaba que quedaría en la impunidad.
A pesar de que la sentencia no se conoce aún en su totalidad, por los apartes que han sido publicados, se infiere que la Corte tuvo como elementos fundamentales para tomar la decisión, dos asuntos: la “motivación” que indujo a actuar al procesado, es decir el móvil de su conducta, que no fue otra que considerar a Galán como el rival más inmediato -y seguro ganador-, en sus aspiraciones de llegar a la Presidencia de la República, y en segundo término, las propias denuncias públicas que el inmolado dirigente había hecho de las estrechas relaciones del ex senador con los carteles de la droga, por esos años en su apogeo, en particular con el ”capo de capos”, Pablo Escobar.
http://www.pabloescobargaviria.info/fotos/data/media/4//pablo_santofimio2.jpg

Según el histórico fallo, en la tristemente célebre Hacienda Nápoles, y atendiendo a las declaraciones de John Fredy Velásquez, alias “Popeye”, jefe de sicarios de Escobar, fue en donde se selló la suerte del asesinado caudillo, entonces disidente del histórico Partido Liberal Colombiano y jefe del Nuevo Liberalismo. Pero el asunto, no quedaba ahí, según se desprende del registro de los hechos que adelanta la sentencia: el crimen apenas era el inicio de un plan macabro que, por una parte, cortaba de raíz la posibilidad de la extradición a los Estados Unidos de los cabecillas del narcotráfico, que Galán había prometido ejecutar al llegar a la Presidencia, y por otra, permitir, gracias al prestigio que Escobar tenía entre sectores humildes y pobres por sus dádivas y obras sociales, al estilo Robín Hood, posicionarse de nuevo en lugares claves de la política y de la economía nacional.

La Corte Suprema de Colombia revocó en su integridad el fallo de segunda instancia que el Tribunal Superior de Cundinamarca -departamento capital- había pronunciado en 2008, en el que se había declarado inocente a Santofimio, por falta de “material probatorio”, como lo consideró en esa oportunidad. Lo cual significa que la máxima corporación se aplicó al estudio científico e implacable de los testimonios, declaraciones, indicios y demás pruebas de cargo que militaban en el proceso y que finalmente apuntaron a señalar a Santofimio como responsable del delito de Homicidio con fines terroristas, en concordancia con lesiones personales y concurso para delinquir, en la modalidad, según se ha dicho, de determinador de la conducta punible, dentro de los términos que se indican en el artículo 30 del código penal colombiano. Es decir, en esencia, mantuvo el mismo fallo de su primer juzgador en 2007, en cuanto a los delitos imputados. Pero efectuó el salto dialéctico de la Duda a la Certeza Probatoria.
*Analista Internacional, colombiano.
Leer más…

Articulos relacionados

viernes 1 julio, 2011 a las 4:34 pm

"PATASARRIBA" EL CAUCA

JOSE LOPEZ HURTADO*
Nadie, por supuesto, cree que el Gobernador del Cauca, haya tocado un sólo céntimo de los más de 16.000 millones de pesos del presupuesto departamental, plata de todos los caucanos, destinados a la salud y educación, que se perdieron en PROBOLSA. Así lo dijo la Procuraduría General de la Nación en fallo de segunda instancia, en el proceso disciplinario.
Pero otro asunto muy diferente es el juicio de responsabilidad fiscal que por éstos mismos hechos se encuentra adelantando la Contralora Sandra Morrelli, a quien le han sobrado los pantalones que les hicieron falta a sus antecesores varones en el cargo. Y particularmente a sus subalternos en las regiones, impedidos, algunos de ellos, moralmente, como el caso del Cauca, para hacer cualquier pronunciamiento sobre la escandalosa pérdida.
La valiente funcionaria nacional encargada del control de los dineros públicos, ha dicho en días pasados que irá hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables del desangre que afectó al patrimonio de todos, en más de 100.000 millones de pesos, y que tienen que ver con regalías, con demandas perdidas por negligencia en contra del Estado, etc.
En el caso particular del Cauca, menciona sólo la pérdida de 8.000 millones -sobre los otros ocho mil que, se supone, debieron ser recuperados (¡) no se sabe nada-, por los malos manejos de las asignaciones a través del Sistema General de Participaciones en 2009.
Fuere una u otra cifra, lo cierto es que las gentes están esperando prontos resultados, de los que hasta ahora ha hecho gala la eficiente funcionaria. A ese ingrediente sicológico de desconfianza de las gentes, que genera todo lo que tenga que ver con el desafortunado destino de sus dineros, hacia el gobierno departamental, se suman los pésimos balances que muestra la región, no sólo en el asunto de la seguridad pública, sino también en el problema de una guerrilla que recupera espacios de los que había sido desalojada, además del fenómeno del desplazamiento creciente y con los peores índices que colocan al Cauca entre los últimos del país.
Esta fue otra administración perdida para los positivos intereses de la región, a pesar de los altos índices de confiabilidad que inspiró en sus inicios. Pero volviendo al tema fundamental, resulta forzoso que los caucanos sepan, por fin, qué pasó con esos dineros embolatados y de lo cual se supo apenas en diciembre de 2009. Lo menos que debe derivarse del ordenador del gasto público es una responsabilidad fiscal y política sobre el destino final de esos recursos.
Lástima que un hombre de los quilates morales e intelectuales del Ingeniero Guillermo Alberto González, de tan fecunda trayectoria, termine su vida pública de ésta manera, con el sol a sus espaldas, por la imposibilidad de su gobierno de superar los ancestrales escollos que han caracterizado a ésta deprimida región y agobiado por las investigaciones que se adelantan en su contra, sobre las que, como se ha dicho, se esperan las mas prontas definiciones, y cuyos pronunciamientos deberán ser respetados por todos, sin excepción. Este es uno de los casos que la “trasnochan” ha dicho La Contralora General. Sólo resolviéndolo podrá volver a conciliar el sueño.
*Analista Internacional, colombiano.
Leer más…

Articulos relacionados