Esa muerte no fue un magnicidio
El lenguaje como herramienta de poder
La muerte de un ser humano, independientemente de su condición, es una tragedia. No obstante, en un país marcado por la violencia, las palabras con que se califican importan.
El uso selectivo de ciertas palabras no es un descuido: es una decisión.
Calificar la muerte violenta de una figura pública de alto estatus como “magnicidio” eleva su significado político y genera un aura de trascendencia histórica.
El caso de Miguel Uribe Turbay fue el desenlace de un proceso lento, casi anunciado, tras las heridas sufridas en un atentado dos meses antes. Su consumación, por dolorosa que sea, no provocó una crisis de Estado, ni paralizó a la nación como los magnicidios de Jorge Eliécer Gaitán o Luis Carlos Galán. El país no se sumió en un caos, no trastocó los cimientos de la institucionalidad ni alteró de manera irreversible el rumbo político del país. No fue un magnicidio.
Es crucial que el lenguaje mantenga su precisión. De lo contrario, las palabras perderán su poder de describir la realidad.
No se trata de restar importancia a la muerte de Uribe Turbay, sino de insistir en la necesidad de un lenguaje que sea justo y equitativo, porque la violencia nos afecta a todos por igual, y la manera en que la nombramos debe reflejarlo.
Este manejo desigual del lenguaje perpetúa una jerarquía tácita de víctimas. En lo más alto, aquellos cuyas vidas se asocian al poder, la política tradicional y las élites económicas y sociales. En lo más bajo, quienes no cuentan con apellidos de abolengo, respaldo mediático o capital político ni económico.
En consecuencia, el mensaje que se transmite es que no todas las muertes importan por igual. Algunas, la de centenares de ciudadanos anónimos pueden reducirse a un simple daño colateral del conflicto o de la criminalidad común; no importan.
Las palabras construyen memoria y definen prioridades. Cuando el lenguaje se emplea para reforzar jerarquías, se convierte en un instrumento de desigualdad; por eso, el periodismo, la política y la ciudadanía tienen la responsabilidad de romper esa lógica de privilegios semánticos.
En un país donde mueren líderes comunitarios casi a diario, reservar el “magnicidio” para unos pocos elegidos no solo es injusto: es una afrenta a la memoria colectiva. La igualdad empieza también en el lenguaje.
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