EN LA LÍNEA DE NETANYAHU


Por Jaime Cárdenas / Siete niños fueron despedazados por las bombas que cayeron desde un avión de guerra del ejército colombiano en el Guaviare. Una niña de 13 años es la menor de los muertos, los otros tienen entre 15,16,17 años. El Ministro de defensa ha legitimado el hecho diciendo que formaban parte del grupo ilegal que lidera el sujeto conocido con el alias de Iván Mordisco y que se proponían atacar al ejército nacional. El presidente Petro salió posteriormente también a validar la masacre, dijo:
“Ese es el gran riesgo que solo el presidente asume. No lo asume ningún oficial. Soy yo el que toma la decisión…Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros».
En las sentencias e investigaciones judiciales el instrumento más utilizado para tomar decisiones viene de la lógica, sigue siendo el silogismo que se mantiene en buena medida tal como lo formulara el genio de Aristóteles hace más de 2.500 años.
El silogismo en términos fundamentales consta de una premisa mayor, universal, generalmente la ley o un precepto de obligatorio cumplimiento, una premisa menor, concreta, proveniente del mundo empírico, y una conclusión.
En el caso examinado su construcción podría ser: Premisa Mayor. Los menores pertenecientes a un grupo armado ilegal que puedan atacar al ejército deben ser eliminados al igual que los adultos. Premisa menor. Los menores del Guaviare iban a emboscar a soldados del ejército dirigidos por sus reclutadores. Conclusión. Su muerte violenta está legitimada.
El silogismo es errado. La premisa mayor no es válida por razones jurídicas. El derecho Internacional Humanitario protege a los menores que se encuentren en medio de la guerra regular e irregular. Colombia acepta que forman parte de su Constitución Política los tratados y convenios de derechos humanos, -entre los que están los relacionados con el DIH-, que vienen a conformar lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad.
La premisa menor es inexistente. No se ha probado que los niños y niñas iban a atacar a 20 jóvenes soldados. Medicina Legal, el C.T.I., no han hecho alusión a las armas que estaban cerca de sus destrozados cadáveres. Tampoco se ha demostrado que esos contingentes de soldados iban a ser atacados, es que no se ha puesto en evidencia tan siquiera que ese grupo de soldados existía y dado el caso de su existencia que eran potencialmente vulnerables. En la lejana hipótesis de que fuera cierto que estaban cerca, se descarta que el poder de fuego de unos niños podía destruir a un pelotón del ejército más experimentado y entrenado en la lucha contrainsurgente en América Latina. La conclusión es falaz.
De manera que estamos frente a un hecho gravísimo, abominable, de muerte de niños y niñas que debe ser objeto de investigación y de sanción. La voz de Marco Aurelio tiene eco: la mentira daña a quien la dice. Y para el caso, Petro, quien durante el gobierno de Duque llamó criminales de guerra a quienes bombardearon y dieron muerte a niños que se dijo formaban parte de ejércitos ilegales, ahora falta a la verdad, se contradice, acepta un crimen análogo al que en su momento con toda razón denunció. Y todo ello ocurre en el gobierno que predica que Colombia es potencia mundial de la vida.
Lo correcto era destituir al ministro de defensa, nuevamente de guerra, y solicitar las investigaciones del caso, apartándose con fundamento en el derecho humanitario de la justificación de los crímenes de guerra, como él mismo llamara a este tipo de sucesos.
Es que estamos cerca de hacer eco a los genocidas de Israel, al criminal Ben Gvir quien justifica la muerte de niños palestinos argumentando que el día de mañana serán los terroristas de Hamás. Paradójicamente todo el clamor internacional en favor de los niños de Gaza no tiene cabida cuando se trata de los niños del Guaviare.
Por fortuna ese unanimismo silencioso y cómplice que evoca lo peor de las religiones – las que suelen encerrar aspectos muy valiosos-, no ha prosperado. La Defensora del Pueblo ha sido explícita en condenar el asesinato de los menores. Y no podía ser otra la voz de Iván Cepeda cuando se aparta de este tipo de justificaciones y de manera serena pero firme rechaza la terrible masacre.
“SOBRE EL BOMBARDEO EN GUAVIARE. No puedo dejar de condenar el bombardeo en Guaviare en el que murieron siete menores de edad. Como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario”.
Desde la subjetividad no podemos menos que anhelar que pase pronto la fase electoral, caer más bajo es imposible.
¡Que cuanto antes asuma la presidencia Iván Cepeda!
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