El pequeño productor
“…No contento con el crédito de redescuento y la garantía FAG, el pequeño productor Juan José Lafaurie Cabal pidió un Incentivo de Capitalización Rural (ICR), es decir, un subsidio, plata regalada, de Finagro por el valor máximo posible…” (Daniel Coronell)
Durante años, la derecha colombiana construyó su identidad política sobre una consigna repetida hasta el cansancio: “los subsidios corrompen, generan vagancia y arruinan la economía”.
El “Estado paternalista”, decían, era el enemigo.
La política social, una aberración.
La redistribución, un pecado.
Pero —como casi todo en su discurso— la indignación tenía apellido.
Y no era el del campesino.
Hoy sabemos, gracias a revelaciones documentadas, que mientras desde tribunas, micrófonos y curules la precandidata María Fernanda Cabal y su sector político atacaban los subsidios y demonizaban al Estado social, miembros de familias históricamente poderosas accedían sin pudor a créditos blandos, garantías estatales y subsidios directos, entre ellos su hijo, su «pequeño productor»
Todo bajo una etiqueta tan conveniente como cínica.
No contento con el crédito de redescuento ni con la garantía del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), el “pequeño productor” Juan José Lafaurie Cabal solicitó además el Incentivo de Capitalización Rural (ICR): subsidio puro, plata regalada, en el monto máximo permitido.
Exactamente eso que, según el libreto ideológico de su sector, debía ser eliminado.
La pregunta ya no es solo ética.
Es profundamente política.
¿Es el “pequeño productor” el disfraz perfecto para quienes creen que Colombia es su finca y la han parcelado según su apellido?
¿Será que un linaje convierte los baldíos de la Nación en herencia privada y los subsidios públicos en derecho adquirido?
El campesino real no tiene garantías.
No accede a créditos.
No recibe subsidios máximos.
Vive endeudado, sin vías, sin asistencia técnica y sin voz.
Pero su nombre y su imagen sí son útiles: se convierten en escenografía. Una postal funcional para que las élites digan “somos campo”, mientras absorben los beneficios del Estado que públicamente desprecian.
Aquí no hay contradicción.
Hay método.
Los subsidios no son malos cuando caen en las manos “correctas” en las manos de las élites.
El Estado no estorba cuando sirve a los de siempre.
El “pequeño productor” no es sujeto político: es coartada.
Y así, mientras al campesino verdadero se le niega el derecho a existir con dignidad, su nombre es usado para sostener proyectos presidenciales que jamás gobernaron o que apenas está gobernando para para él.
La pregunta final es inevitable:
¿Es este el proyecto político de extrema derecha que quieren que siga administrando esta inmensa finca llamada Colombia?
¿Afectará este escándalo la campaña de María Fernanda Cabal?
¿O será utilizado por el amo del partido para inclinar la balanza hacia Paloma Valencia —Valencia—otro apellido históricamente vinculado a la apropiación de baldíos de la Nación?
En esta historia, el problema nunca fue el subsidio.
El problema siempre fue quién se queda con él.
Casi 500 millones se echó al bolsillo el «pequeño productor» hijo de la que no le gusta nada regalado, la precandidata María Fernanda Cabal
¿Cuál fue la garantía para acceder al millonario subsidio? Que el padre del -pequeño productor- José Félix Lafaurie fuera el gerente del fondo, así, todo quedó en familia.
Otras publicaciones de Stella Ramirez G. en Proclama del Pacífico:
