Hay momentos en la historia de un país en los que una frase presidencial puede sonar como una simple advertencia. Pero cuando esa frase toca las fibras de una memoria marcada por la sangre, conviene detenerse, mirar hacia atrás y preguntarnos: ¿estamos regresando al pasado?
El diario El Espectador acaba de poner sobre la mesa una historia que Colombia no debería olvidar: las heridas dejadas por la violencia contra el movimiento estudiantil en 1954 y 1984.
En 1954, un episodio de violencia terminó con estudiantes asesinados por disparos de uniformados. Nueve estudiantes y un civil murieron, según la reconstrucción histórica publicada por El Espectador.
Treinta años después, el 16 de mayo de 1984, la Universidad Nacional volvió a convertirse en escenario de una actuación represiva de la Fuerza Pública. Hubo decenas de detenciones y denuncias de golpes, torturas, agresiones sexuales y disparos contra estudiantes. Una investigación entregada a la Comisión de la Verdad documentó 81 personas detenidas y al menos 46 heridas.
No se trata de desconocer que dentro de algunas universidades hubo enfrentamientos, actos violentos o incluso presencia de personas presuntamente vinculadas a organizaciones armadas. La propia reconstrucción histórica reconoce ese contexto.
Pero una cosa es perseguir un delito y otra muy distinta convertir a todo un movimiento estudiantil en enemigo del Estado.
Por eso preocupan las palabras del presidente Abelardo de la Espriella cuando anuncia que la Policía será la primera autoridad en ingresar a las universidades ante lo que él denomina “terrorismo urbano”, y cuando afirma que incluso entrará a las instituciones para sacar y hacer pagar a quienes considere responsables.
La universidad no puede convertirse en territorio sin ley. Pero tampoco puede convertirse en territorio sin derechos. La protesta pacífica es un derecho. La violencia debe responder ante la ley. Y la Fuerza Pública tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, incluso cuando esos ciudadanos protestan contra el Gobierno.
El Estado no puede responder al desorden con desproporción, ni puede confundir al estudiante que protesta con el enemigo que combate. Colombia ya conoce el costo de hacerlo.
Tenemos una memoria demasiado dolorosa para permitir que las palabras se conviertan nuevamente en órdenes y que las universidades vuelvan a escuchar, en lugar de debates, el ruido de las botas, las armas y las puertas derribadas.
La historia no se repite exactamente igual. Pero sí puede repetirse cuando una sociedad decide olvidarla. Por eso hoy, la pregunta no es solamente si habrá policías dentro de las universidades. La pregunta es mucho más profunda: ¿Vamos de vuelta al pasado?
Porque cuando el poder comienza a mirar al estudiante que protesta como un enemigo, la democracia empieza a caminar por un terreno peligroso.
Y Colombia ya sabe, con sangre, hacia dónde puede conducir ese camino.
Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial por ChatGPT para Proclama del Pacífico.
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