El luto permanente de los caucanos
En el Cauca, la muerte violenta es costumbre. Se repite con una frecuencia tan absurda que ya no alcanza a estremecernos. Los titulares se parecen, los nombres cambian, los lugares rotan, pero el sonido seco de las balas, el silencio posterior y el ritual de la conmoción que se disuelve con el amanecer es el mismo, es cotidiano.
El jueves 9 de octubre, en el territorio Nasa de Paniquitá, municipio de Totoró, padre e hijo fueron asesinados a plena luz del día. Willer Gallego Mazabuel y su hijo adolescente Daniel Gallego Jaramillo, fueron interceptados por hombres armados cuando regresaban a su casa, en la vereda El Diviso. Willer, abogado y exgerente de Cootrans, era un líder conocido por su compromiso con la comunidad. Hoy su nombre se suma a una lista que parece interminable.
Ese mismo día, como si la violencia tuviera horario, una explosión en El Tambo dejó herida a Andry Yuleiby Pino Gómez, esposa de un líder comunal, mientras que en Toribío fue atacada la Fuerza Pública y en Caloto estallaban petardos de alto poder explosivo sobre la institución hospitalaria.
Inocencio Blanco, reconocido líder social, exconcejal del Partido Liberal y líder comunal, había sido asesinado el martes pasado, en el municipio de Cajibío. Era recordado por su labor social en favor de las comunidades y por haber cofundado la vereda El Culebriado, en el corregimiento de Campoalegre. Fue asesinado mientras se desplazaba hacia su vivienda en la vereda El Culebriado, cuando hombres armados se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.
Todo en un lapso de pocas horas. En los noticieros, la secuencia fue tratada como otra jornada violenta en el Cauca, un titular que ya no sorprende, como si el horror formara parte del diario acontecer.
La normalización del dolor
Las comunidades indígenas y campesinas caucanas viven confinadas entre el fuego cruzado de grupos armados ilegales que imponen su ley y desafían la autoridad del Estado. La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 013 de 2025, advirtió sobre el riesgo permanente que enfrentan los habitantes de Totoró y Cajibío por la presencia simultánea del Frente Dagoberto Ramos (EMC), la Compañía Juan Carlos Chilhueso Pazzú del ELN y otras bandas locales. En su pronunciamiento, el CRIC fue claro: “La comunidad no puede seguir siendo blanco de la guerra que desconoce la autonomía y el derecho a la vida en los territorios ancestrales”.
El costo humano del silencio
Según Indepaz, con el asesinato de Willer Gallego Mazabuel, ya son 155 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2025. Cada cifra es una historia truncada, un proyecto comunitario inconcluso, un vacío en el tejido social. Y, sin embargo, la vida continúa. Se convocan marchas, se elevan plegarias, se escriben comunicados. La sociedad responde con dignidad, pero también con resignación.
El alcalde Jorge Luis Pisso, de Totoró, lo expresó con claridad: “Las familias están aterrorizadas. Las escuelas cerraron. La gente no puede salir de sus casas”. En su voz se percibe la impotencia de un territorio que pide auxilio mientras la violencia se repite como un eco histórico que nadie logra acallar.
¿Qué hacer ante la conmoción permanente?
El periodismo enfrenta el dilema ético de seguir narrando lo que parece no cambiar. ¿Cómo escribir sobre la muerte sin contribuir a su normalización? En el Cauca, contar es resistir. Registrar es una forma de memoria. Y seguir denunciando es una obligación moral frente a quienes creen que el silencio les garantiza impunidad.
No podemos acostumbrarnos. No podemos aceptar que el dolor se vuelva paisaje. Cada vida perdida debe seguir doliendo, porque solo desde esa sensibilidad puede renacer la esperanza.
El Cauca sigue de luto, pero no se rinde. Su gente —indígena, campesina, afrodescendiente, mestiza— resiste entre montañas heridas. Y aunque la muerte insista en repetirse, la palabra seguirá siendo un acto de defensa. Porque escribir, en medio del miedo, también es una forma de luchar por la vida.
Como medio de comunicación regional, entendemos nuestro papel. Si para el resto del país la muerte en el Cauca es un dato estadístico, para Proclama del Pacífico es la razón de nuestra existencia. Nos negamos a naturalizar el terror.
El único blindaje que le queda al Cauca es su voz, su cohesión social y la incesante exigencia de vivir en paz. La conmoción diaria que padecemos es la falla del sistema que nos ha abandonado. Exigimos al Gobierno Nacional medidas urgentes que garanticen la vida, protejan los territorios ancestrales y dejen de considerar la muerte caucana como un simple y lamentable ritual cotidiano.
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