Francia Márquez entrega decreto de la Ley 70
Francia Márquez entrega decreto de la Ley 70.
La vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina entregó al ministro del Interior, Armando Benedetti, el proyecto de decreto de reglamentación integral de la Ley 70 de 1993, una norma que reconoce y garantiza los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales, promoviendo su desarrollo cultural, social y económico conforme a sus propias dinámicas y saberes.
“Esto es algo histórico para nosotros. Aquí le estamos entregando ministro un esfuerzo de años de comunidades, líderes y lideresas que incluso perdieron la vida en este proceso de reconocimiento de sus derechos”, señaló Márquez.
El artículo 351 del Plan Nacional de Desarrollo establece la creación de un plan para reglamentar e implementar la Ley 70, con recursos específicos para su ejecución.
Mediante el Decreto 1188 de 2024, el presidente Gustavo Petro encargó a la vicepresidenta de coordinar las políticas públicas que cierren brechas sociales, económicas, culturales y ambientales, incluyendo el seguimiento a esta reglamentación.
En cumplimiento de esa tarea, Márquez lideró la expedición de tres decretos previos:
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Decreto 1384 de 2023: marco ambiental con enfoque de justicia racial.
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Decreto 1396 de 2023: formalización de la minería étnico-territorial.
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Decreto 0129 de 2024: seguridad jurídica sobre la tenencia ancestral y tradicional de la tierra.
Estos decretos, aunque distintos en su alcance, conforman una apuesta común hacia la justicia ambiental y racial, al regular la seguridad territorial, las actividades productivas y los sistemas de gobernanza propios.
“Es un sueño y un anhelo del pueblo afrocolombiano, raizal y palenquero. Le estamos cumpliendo a las comunidades negras de este país y avanzamos en el reconocimiento de sus derechos”, agregó Márquez.
El enfoque desplaza la toma de decisiones desde un Estado centralista hacia un modelo de gobernanza intercultural, que reconoce a los pueblos afrodescendientes como protagonistas en la defensa de la vida, la naturaleza y la dignidad colectiva.
El texto entregado deberá surtir el proceso de consulta previa con las comunidades, antes de su firma por el presidente Gustavo Petro.
Consta de 112 artículos construidos con la participación de 18 ministerios, 45 entidades del Gobierno Nacional y 25 mesas técnicas interinstitucionales, que concertaron el articulado definitivo.
Los capítulos se agrupan en siete ejes temáticos:
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Instrumentos de planificación.
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Agricultura y asociatividad.
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Infraestructura física y productiva.
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Medio ambiente y minería.
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Identidad étnica y cultural.
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Salud, vivienda, agua y saneamiento básico.
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Fortalecimiento organizativo.
Entre las disposiciones más relevantes del proyecto se destacan:
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Creación del Plan Nacional de Desarrollo de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, con presupuestos definidos por ministerios.
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Formulación de políticas a 12 años que protejan la identidad cultural y fomenten el desarrollo sostenible.
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Conformación de una Comisión de Estudios y una Secretaría Técnica Permanente, encargadas de seguimiento y evaluación.
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Creación de una Agencia de Investigación Afrocolombiana, que fortalezca las estadísticas propias y la información territorial.
El proyecto también incluye medidas financieras, crediticias y técnicas para impulsar el desarrollo económico; la creación del Observatorio de Discriminación Racial en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad; y la participación activa de las comunidades en programas de seguridad alimentaria, vivienda y saneamiento básico.
La reglamentación propone mecanismos de contratación directa para obras públicas en territorios colectivos, priorizando el mejoramiento de vías terciarias, caminos ancestrales, infraestructura portuaria y cultural, así como proyectos de energía comunitaria y fomento productivo tradicional.
Además, las comunidades negras participarán en los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, reforzando su papel en la gestión ambiental y territorial.
Con esta reglamentación integral, el Gobierno Nacional da un paso decisivo en la dignificación de los pueblos afrodescendientes, garantizando la implementación efectiva de la Ley 70 de 1993 y su promesa de justicia histórica, ambiental y cultural.
“Estamos avanzando en un modelo de país más justo, plural e incluyente, donde la diversidad se convierte en fuerza para el desarrollo y la paz”, concluyó Márquez.
