El asesinato como rutina
El asesinato como rutina
Entre pronunciamientos y la impunidad del crimen
El departamento del Cauca es el epicentro de la violencia contra líderes sociales en Colombia, a pesar de las múltiples alertas tempranas emitidas por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Pueda esta ser la razón por la cual la muerte se ha convertido en un trámite institucional. Cada asesinato, cada acto de violencia, cada nuevo líder social silenciado es seguido por la misma coreografía de declaraciones oficiales, un guion repetitivo que se ha desgastado en su propia ineficacia: “El Gobierno colombiano lamenta el asesinato de…”, “Basta ya de sembrar terror”, “Rechazamos el asesinato de…”. Palabras sin peso, sin consecuencias, sin voluntad real de acción.
Cada vez que una tragedia nos sacude, lo que sigue es una respuesta oficial de manual: un consejo de seguridad que no cambia nada, un comunicado a la opinión pública lleno de frases recicladas, y la consabida oferta de recompensa “a quien entregue información que conduzca a la captura de los responsables”. Mientras tanto, los responsables siguen en la sombra, operando con la certeza de que su impunidad está garantizada por el letargo de un Estado que ha convertido la seguridad en un formalismo burocrático.
En lo corrido de este año, 14 líderes sociales han sido asesinados aquí, en el Cauca, una cifra que refleja la gravedad de la crisis humanitaria que vive la región. La víctima más reciente fue Ernesto Muñoz Casamachín, secuestrado y asesinado el pasado 13 de marzo por hombres armados que ingresaron a su vivienda en la vereda San Miguel, Inzá. Ese mismo día, también fue asesinado Neisair Ramos, exsecretario de Gobierno y cofundador del municipio de Guachené, quien fue baleado junto con una niña de 14 años, sobrina del exalcalde de Guachené, Elmer Abonía, asesinado en 2023.
La desgarradora lista de muertos sigue creciendo con nombres que reflejan el fracaso de la seguridad pública: José Albeiro Liz Muchicón (27/01/2025 en Páez), Clinton López (30/01/2025 en Argelia), Alberto Quitumbo Yatacue (10/02/2025 en Toribío), Jacinto Chocue (18/02/2025 en Páez), Carlos Mario López (20/02/2025 en Cajibío), Edgar Tumiñá (01/03/2025 en Toribío), Ana Elcy Arteaga Camilo (03/03/2025 en Rosas), Jhon Mario Chantre (12/02/2025 en Corinto) …
Es más, el pasado miércoles 26 de febrero en horas de la tarde, en San Andrés de Pisimbala, Inzá, fueron asesinados dos comuneros indígenas: Jhorman Andrey Quinto Cunacué y su hijo menor de edad Dany Alexander Quinto Liz. El sábado 01 de marzo, en la madrugada fue asesinado el joven Elmer Duvan Pencue, en el caserío Alto de la Cruz, del resguardo La Gaitana y el domingo 02 de marzo, en el centro poblado de San Andrés de Pisimbala en horas de la noche fue asesinado el comunero Lorenzo Musse.
Cada nombre representa una vida truncada, una familia destrozada y una comunidad que pierde a quienes luchaban por sus derechos. Esta inalterable escalada de violencia no solo evidencia la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos, sino también la impunidad que rodea estos crímenes, perpetuando un ciclo de terror que parece no tener fin.
Un circo de simulaciones
Lo que antes se llamaba inteligencia militar y policial ha sido sustituido por la farsa de la reacción tardía. Las estrategias de prevención han sido abandonadas en favor de medidas reactivas que nunca logran anticiparse al crimen. En lugar de desmantelar estructuras criminales, se exige respeto por la vida a los mismos que viven del asesinato y la violencia.
Este ciclo de fingida indignación y pasividad estatal ha consolidado un sistema en el que los criminales tienen garantizadas sus impunidades. No es casualidad que la violencia siga su curso ascendente: es funcional a la estructura del poder, en la que las instituciones de seguridad parecen más preocupadas por sostener su propia estabilidad burocrática que por cumplir con su responsabilidad fundamental.
Los medios de comunicación, otra parte del espectáculo
El periodismo también ha caído en la inercia de este modelo. Los medios ya tienen preparados los boletines de prensa, y solo necesitan rellenar los espacios en blanco con nombres, lugares y cifras de víctimas. Se ha normalizado la muerte al punto de que informar sobre ella ha dejado de ser un llamado de alerta para convertirse en una mera actualización de estadísticas.
Sin un ejercicio crítico de la prensa, el sistema seguirá operando sin cambios. El silencio y la rutina informativa contribuyen a la consolidación de una narrativa en la que el crimen es inevitable y la respuesta estatal es solo un trámite administrativo.
La cultura del terror y la indolencia oficial
Este modelo ha creado un terreno fértil para la expansión del crimen. Los asesinos han aprendido cómo operar sin consecuencias, porque saben que la respuesta institucional es predecible e inofensiva. Los discursos oficiales no los intimidan, las investigaciones «exhaustivas» nunca llegan a buen puerto, y las recompensas ofrecidas no representan una amenaza real para su estructura de poder.
Así, la seguridad pública en Colombia ha sido sustituida por una coreografía de la indolencia, donde la tragedia es rutinaria y la respuesta estatal es un simple protocolo sin impacto. Mientras esto no cambie, seguiremos siendo espectadores de nuestra propia tragedia, atrapados en un país donde el crimen es rentable y la justicia es una promesa que nunca se cumple.
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