De reformas sociales y participación ciudadana

De reformas sociales y participación ciudadana / Por: Guido Germán Hurtado Vera.
Historiador y Politólogo.

Las reformas sociales nacen como respuesta a las desigualdades o injusticias que viven los miembros de una sociedad y que requieren de una solución. Cito dos ejemplos históricos, el movimiento de derechos civiles en los EE. UU. y las reformas laborales en la revolución industrial.

Desde principios de 1980 el Estado del Bienestar ha sido centro de polémicas. Los economistas neoliberales culparon al intervencionismo estatal de los problemas económicos que surgieron a partir de 1970. Según éstos, el Estado del Bienestar impuso un sinnúmero de impuestos y obstáculos económicos a los empresarios que desestimulan la inversión privada y dificulta la eficacia y el desarrollo de la libre competencia. Si bien, Colombia no es, puntualmente, un Estado del Bienestar, el estruendo de la crítica neoliberal llegó al país a principios de 1990.

Durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990-94), se confeccionó una serie de reformas que corresponden al cambio de modelo, del Estado intervencionista al neoliberal. Reformas que se convirtieron en la base de la descentralización administrativa, política y fiscal y se complementaron con otras sectoriales como las de transporte, energía, servicios públicos, vivienda y salud.

Gaviria acudió a la descentralización y apertura económica para responder a los requerimientos del mundo globalizado. Los resultados fueron desfavorables. De un lado, la descentralización contribuyó al efecto inverso, porque aumentó las diferencias entre las regiones, ya que las más ricas pudieron recaudar mayores impuestos y por lo tanto tuvieron más disponibilidad de recursos para prestar los servicios sociales. Sin embargo, muchos de los dineros recaudados terminaron en la caja menor de las estructuras de poder corruptas y clientelistas. Y, por otro lado, la apertura económica, afectó negativamente la economía del mundo rural y acabó influyendo, de manera indirecta, en el recrudecimiento del conflicto armado.

En el periodo de Ernesto Samper (1994-98) se formuló un modelo intermedio de desarrollo alejado tanto del proteccionismo estatal como del neoliberalismo. Sin embargo, no lo pudo cumplir porque su mandato se caracterizó por cuatro años de ingobernabilidad, resultado del proceso 8.000.

El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), contemplaba un proceso de paz con las Farc, la reducción del IVA, un programa económico de empleo con exenciones tributarias a los empresarios, además la modernización y actualización del Sistema de Seguridad Social. Tampoco pudo cumplir estas metas porque su cuatrienio se caracterizó por la degradación del conflicto armado en medio del fracasado acuerdo del Caguán.

En este contexto de ocho años frustrados se enmarca el éxito de la propuesta de seguridad democrática de Álvaro Uribe y que lo llevaría a la presidencia por dos períodos consecutivos (2002-2010).

La estrategia de Uribe enfocada a impulsar el crecimiento económico fue la flexibilización del mercado laboral, Ley 789 de 2002, que disminuyó los costos financieros, extendió la jornada laboral, rebajó los recargos por horas extras y disminuyó la indemnización por despidos, con lo cual los costos laborales se redujeron con el fin de crear nuevos puestos de trabajo. Asimismo, llevó a cabo una reforma pensional con el objetivo de reducir las presiones sobre el presupuesto público y amortiguar el déficit fiscal, con lo cual se extendieron las edades de retiro y se aumentaron las semanas de cotización.

Sin embargo, las reformas no cumplieron las perspectivas de crecimiento y equidad. Por el contrario, la riqueza se concentró aún más en unos pocos y los indicadores sociales se deterioraron. En consecuencia, la reforma laboral no creó más empleo de calidad y el existente permaneció en la precariedad. La reforma pensional fue diseñada para reducir el gasto público y no para extender su cobertura o disminuir la desigualdad. El ajuste fiscal de sus ocho años descansó sobre cuatro reformas tributarias, todas ellas contraproducentes y colocando límites a las transferencias intergubernamentales destinadas a salud, educación, agua potable y otros aspectos sociales.

Los dos periodos de Juan Manuel Santos (2010-18) los resumiré en cuatro palabras: ocho años de optimismo. El periodo de Iván Duque (2018-22) merece una larga y soporífera frase: cuatro años de perplejidad donde no hubo ninguna reforma social que se pueda destacar. Lo único que hizo fue poner palos a la rueda del acuerdo de paz con las Farc.

El actual presidente Gustavo Petro (2022-2026), acaba de cumplir 32 meses de Gobierno, más de la mitad de su mandato. Llegó al Ejecutivo bajo la bandera del gobierno del cambio, encaminado en sacar de la pobreza y exclusión social a la población más vulnerable. Pero hoy enfrenta apuros porque el paquete de reformas sociales (salud y educación) para consolidar su proyecto político no contaron con el respaldo del Congreso y se hundieron. La reforma pensional está siendo objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional. Y sumado, la deseada “paz total” es un rotundo fracaso.

Los apuros que enfrenta se incrementaron porque el proyecto de reforma laboral fue archivado. El panorama resulta más difícil porque la reforma a la salud, que fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Representantes, tendrá que pasar por la Comisión Séptima del Senado, la misma que archivó la reforma laboral. Por tal motivo el presidente anunció que acudirá al artículo 104 de la Constitución Política y convocará al pueblo a una consulta popular.

El proyecto de la reforma laboral de Petro plantea distintas modificaciones al mercado laboral. Entre ellas están cambios en la estabilidad laboral, la jornada laboral, los tipos de contratos laborales, la oferta laboral del sector agropecuario, la regulación de plataformas digitales y las relaciones entre trabajadores. En el momento que escribo este artículo muchos ciudadanos marchan, convocados por el gobierno, en defensa de las reformas, en especial la laboral.

Con este panorama social tan caldeado, (i) ya que las reformas sociales adelantadas desde hace 35 años no han resultado positivas para el grueso de la población colombiana (lo expongo en este artículo) y, (ii) porque es urgente llevar a cabo las reformas sociales que el país necesita para superar la pobreza, desigualdad y exclusión social, creo que es un momento importante para que los colombianos asumamos el sujeto político que llevamos dentro.

La Constitución de 1991, en el artículo 103, declara los mecanismos de participación ciudadana y dado la coyuntura política es necesario que superemos la condición formal entre democracia y participación, que pierde buena parte su legitimidad cuando solamente se centra en los ritos formales.

El riesgo de esta experiencia de la democracia es que tiende a extinguirse, cuando la participación se circunscribe únicamente a las elecciones cada cuatro años, cuando muchas de las decisiones importantes quedan en manos de un Congreso señalado de ser, en su mayoría, una caterva de corruptos y clientelistas, y cuando la gran mayoría de la población queda excluida de la participación real en las decisiones inherentes a sus intereses cotidianos.

Si el Congreso avala la consulta popular convocada por el actual gobierno, del cual he sido crítico en muchos aspectos, participaré. Y lo haré precisamente para ayudar a superar el rito formal de la participación democrática limitado al voto de elección popular.

Mi participación en la, viable, consulta popular estará sujeta a dos cosas. La primera, que no me dejaré manipular por los cantos de sirenas del gobierno de turno y, la segunda, que estaré muy atento porque ya viví la experiencia de lo ocurrido en el Plebiscito sobre el Acuerdo de Paz de 2016, donde la victoria del No fue a base de mentiras.