Editorial de El Tiempo: Sin salud mental, todo va mal
Por: EDITORIAL| 6:39 p.m. | 07 de Junio del 2012
El caso de Rosa Elvira Cely desnudó la peligrosa realidad de un sistema sanitario que no prioriza ni asiste debidamente a la población en materia de salud mental.
Rosa Elvira Cely no es solo la víctima más reciente de un violador y un asesino y la mujer cuyo trágico final logró indignar al país. También es la persona que le puso cara a miles de casos de violencia contra las colombianas.
La evidencia palpable de este drama es que 1.215 fueron asesinadas durante el 2011 y al menos el 6 por ciento de ellas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2010), fueron forzadas a tener relaciones sexuales. Cada hora dos mujeres son violadas; una estadística espantosa.
Lo ocurrido desnudó, además, la peligrosa realidad de un sistema sanitario que no prioriza ni asiste debidamente a la población en materia de salud mental. Si algo ha quedado claro del debate surgido en torno a este terrible crimen es que quienes cometen tales atrocidades pueden ser detectados e intervenidos tempranamente. A Javier Velasco, por ejemplo, el presunto asesino de Rosa Elvira, se lo sindica de otras violaciones (incluida la de una de sus hijastras) y el asesinato, hace una década, de Dismila Ochoa.
En ese momento, peritos en psiquiatría forense del Instituto Nacional de Medicina Legal conceptuaron que se trataba de un caso de inimputabilidad. Un inimputable, según la definición adoptada por el Instituto, es un individuo incapaz de comprender el contenido y alcance social de su conducta. Está, de hecho, «en inferioridad de condiciones psíquicas para autodeterminarse». Tal concepto, que no contó con el debido seguimiento y atención del sistema de salud, sacó de la cárcel a Velasco, apenas 15 meses después de lo sucedido.
La psiquiatría hoy está en capacidad de detectar casos como el de Velasco mucho antes de que se lleguen a plantear la comisión de un crimen, y darles el debido manejo para proteger a la sociedad.
Lograrlo requeriría, sin embargo, que el país contara con programas de psiquiatría infantil que se ocupen de identificar e intervenir integralmente a los niños y sus familias, a partir de una serie de señales de alerta, entre las que se cuentan el maltrato de los animales, las conductas desafiantes y oposicionistas en extremo hacia los padres y otras autoridades o la proclividad para mentir todo el tiempo, para robar y amedrentar a los otros.
Esa sería una de las bases de la prevención temprana de delitos como el cometido contra Rosa Elvira. No obstante, en Colombia esta clase de medidas brillan por su ausencia, a grado tal que menos del 1 por ciento de los niños pueden acceder a servicios de salud mental porque no resultan rentables para el modelo de salud.
Y la situación no es mejor para la población adulta, pues de cada 10 pacientes que requieren atención psiquiátrica, solo uno recibe tratamiento. En semejantes condiciones, hablar de rehabilitación, resocialización e, incluso, de intervención preventiva de potenciales delincuentes es simplemente una quimera.
Mención aparte merece la psiquiatría forense. Debe quedar claro que, tras un dictamen psiquiátrico, la decisión de que el responsable de un delito quede en libertad o no o de que sea aislado de la sociedad, porque representa un peligro para ella (cuando hay inimputabilidad), es autónoma de jueces y fiscales y no de los médicos que orientan conductas y recomiendan.
El problema de fondo hoy es que, la mayoría de las veces, dichas recomendaciones no pueden llevarse a la práctica (como en el caso de Velasco) por la falta de articulación entre los sistemas judicial y de salud. Es evidente que el Estado, cuyo deber fundamental es la protección de sus ciudadanos, le falló a Rosa Elvira. Y seguirá fallando, como ocurrirá con la nueva ley de atención a drogadictos, si no asume la salud mental de su gente con la seriedad debida.
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