La Fiscalía General de la Nación pidió a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia cerrar el proceso penal contra Andrés Peñate, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por considerar que la acción penal ya prescribió. La Corte deberá resolver la solicitud en los próximos días.
Peñate dirigió el DAS entre el 26 de octubre de 2005 y el 29 de agosto de 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue acusado por concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de autoridad, dentro del proceso por los seguimientos e interceptaciones ilegales conocidos como las “chuzadas” del DAS.
La Fiscalía formalizó la acusación en julio de 2025. En ese expediente sostuvo que Peñate habría participado en una estructura interna que recopiló información reservada sobre magistrados, dirigentes políticos de oposición, periodistas y exfuncionarios, y que parte de esos reportes habría llegado a la Presidencia de la República.
El ente acusador cambió ahora el rumbo procesal y solicitó la terminación del caso por vencimiento de los términos establecidos en la ley penal. Según la petición conocida este 6 de octubre, los hechos investigados ocurrieron hace cerca de 20 años y el tiempo transcurrido impediría continuar con el juzgamiento.
Peñate ha sostenido que durante su paso por el DAS intentó desmontar estructuras internas que operaban de manera irregular. También afirmó que él mismo fue objeto de seguimientos y amenazas por parte del llamado G-3, grupo que realizó labores ilegales de inteligencia dentro de la entidad.
El escándalo de las chuzadas involucró seguimientos e interceptaciones sin orden judicial contra integrantes de la oposición, periodistas, magistrados de la Corte Suprema y la Corte Constitucional, defensores de derechos humanos y otras personas consideradas críticas del Gobierno de la época. Estos hechos derivaron en procesos penales, disciplinarios y administrativos contra antiguos funcionarios del DAS.
Las consecuencias judiciales continúan. En 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al Estado por las interceptaciones y seguimientos ilegales contra el Polo Democrático Alternativo. La corporación concluyó que existió una operación institucional ilegal adelantada por servidores del DAS y ordenó medidas de reparación.
La decisión que deberá tomar ahora la Corte Suprema no establecerá si Peñate es culpable o inocente de los cargos formulados. El punto que debe resolver es distinto: si, por el tiempo transcurrido desde los hechos, la acción penal se extinguió y el proceso debe terminar sin sentencia sobre su responsabilidad.
