Cuando el Estado no delimita, la violencia lo hace
La academia trazó los linderos que el Estado
debió proyectar antes de tanta violencia
Mientras el país procesaba la tragedia del 21 de mayo en Silvia —seis muertos, más de ciento veinte heridos, comuneros retenidos, vías bloqueadas— el profesor Carlos Arturo Duarte Torres, antropólogo y doctor en Sociología de la Universidad Javeriana Cali, ya tenía escrito el análisis que el Estado colombiano nunca produjo.
Su pregunta de apertura define el tono de todo lo que sigue: «¿Por qué dos pueblos hermanos como los Misak y los Nasa terminaron en una confrontación armada en mayo de 2026? Una frontera sostenida por décadas a punta de pleito jurídico se rompió de golpe».
La respuesta que Duarte Torres construye junto a Dayver Betancourt en “Tres relatos sobre una misma cordillera” desmonta la narrativa más cómoda —la del enfrentamiento entre comunidades incapaces de dialogar— y revela algo más preciso y más perturbador: «no es solo una pelea por linderos; es un choque de memorias».
Tres relatos que no encajan
El texto reconstruye el conflicto desde tres posiciones simultáneas que el autor describe con rigor: Guambía, en clave de defensa de lo propio; Pitayó, en clave de retorno soberano; y el Estado, en la prosa técnica de sus resoluciones. Ninguno de los tres relatos encaja con los otros dos. Esa incompatibilidad no es un fracaso del diálogo: es el producto de décadas de gestión estatal que tituló, clarificó y amplió resguardos sin resolver las superposiciones que sus propias resoluciones producían.
Las raíces del conflicto se hunden en 1700. Los Nasa reivindican el Cacicazgo de Don Juan Tama; los Misak se amparan en la Cédula Real de Felipe V. Dos ancestralidades legítimas y dos títulos coloniales que, como señala Duarte Torres, «convergen y se superponen en un mismo espacio sagrado: yaskaptun o La Ensillada».
El detonante reciente fue la Resolución de la ANT de 2023 que clarificó el título de Pitayó. El autor aclara con precisión jurídica lo que el ruido público confundió: «clarificar es declarar que un título existe, no es titular tierras nuevas». Sin embargo, al mover esa pieza en el tablero administrativo, el Estado reactivó una disputa de tres siglos sin haber completado el deslinde técnico que la norma exige.
El conflicto que los mapas revelan
Los tres mapas elaborados por el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana son el corazón analítico del trabajo. Lo que la cartografía evidencia donde el papel calla: un título colonial clarificado se proyecta hoy sobre un resguardo ya constituido, ampliado y registrado. El conflicto, antes que histórico o jurídico, es —como lo formula el propio Duarte Torres— geométrico.
Detrás de la violencia hay además lo que el autor llama «una aritmética cruel»: en Silvia el coeficiente de Gini de tierras llega a 0,90. Hay mucha tierra colectiva en papel y microfundio en la práctica. Los resguardos están saturados de familias sobre suelos de baja productividad y el páramo es la única válvula de expansión posible. La conclusión es demoledora: «no es codicia sino estrechez agraria».
Hay además una paradoja que el análisis nombra con hondura: Misak y Nasa comparten un vínculo sagrado con el agua. El lugar que hoy los enfrenta —La Ensillada, yaskaptun— es, en su cosmovisión, lo que más los une. Pelean por la fuente de vida que ambos están llamados a custodiar.
La salida que el Estado todavía no ha dado
Duarte Torres es claro en que la salida no puede ser solo administrativa: se requiere georreferenciación conjunta, deslinde intercultural y la intervención de la nueva Jurisdicción Agraria. Y advierte algo que los operadores políticos de Bogotá deberían leer antes de diseñar cualquier mesa de negociación: «la salida no pasa por elegir cuál título es más antiguo; eso no disuelve la superposición, solo la administra o la agrava».
Reconocimiento del campesinado en América Latina
ante el espejo de la UNDROP
El segundo trabajo que Duarte Torres comparte es igualmente revelador, aunque opera en una escala diferente. Reconocimiento del campesinado en América Latina ante el espejo de la UNDROP analiza 170 normas jurídicas de 23 países latinoamericanos sobre el reconocimiento del campesinado entre 1917 y 2025, y las confronta con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos —UNDROP— aprobada en 2018.
El hallazgo central merece atención: el 88% de las normas latinoamericanas incluyen algún nivel de reconocimiento de derechos campesinos. Sin embargo, de las 48 normas aprobadas en los siete años posteriores a la UNDROP, apenas cuatro la citan explícitamente. Colombia es uno de los tres países que lo hace, a través del Acto Legislativo 01 de 2023. Eso, que parece un dato técnico, tiene una consecuencia política precisa: América Latina lleva más de un siglo construyendo legislación sobre el campesinado, pero esa legislación reconoce al campesino principalmente como productor de alimentos y ocupante de tierra, no como titular autónomo de derechos políticos, culturales y ambientales. El Estado reconoce al campesino en la medida en que produce; no en la medida en que existe.
Los vacíos más graves que la investigación identifica son tres: las normas sobre derechos de la mujer campesina representan apenas el 4,7% del corpus; las normas sobre agroecología y semillas, el 6,5%; las de participación política efectiva, el 7,1%. Tres dimensiones que la UNDROP coloca en el centro del reconocimiento campesino y que la legislación latinoamericana sigue tratando como asuntos secundarios.
Hay algo que conecta los dos textos más allá de su autoría común y que vale la pena nombrar con claridad.
El conflicto entre Nasa y Misak en Silvia no estalló porque dos comunidades decidieron enfrentarse. Estalló porque el Estado colombiano lleva décadas titulando y clarificando predios sin resolver las superposiciones que él mismo produce. La investigación regional sobre el campesinado muestra que ese patrón no es una anomalía colombiana: es el modelo dominante en toda América Latina. El Estado reconoce al campesino o al indígena cuando le conviene —para justificar una transferencia de recursos, para cumplir un mandato constitucional, para responder a una presión internacional— pero rara vez construye los instrumentos técnicos, cartográficos y jurídicos que harían ese reconocimiento operativo y verificable sobre el terreno.
El resultado de ese patrón en el Cauca ya lo conocemos: cuando el Estado no traza los linderos, los traza la violencia.
Carlos Arturo Duarte Torres lleva años produciendo este tipo de análisis desde el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana Cali: conflictos territoriales rurales en fronteras interétnicas, reconocimiento campesino en Colombia, lecturas territoriales del Magdalena Medio, paz decolonial. Su trabajo académico tiene la virtud poco común de llegar al territorio antes de que la crisis lo haga inevitable, de nombrar el problema con evidencia antes de que el problema nombre a sus muertos.
Proclama del Pacífico lo dice sin rodeos: esos dos documentos —disponibles en acceso abierto para cualquier ciudadano, investigador o funcionario que quiera leerlos— contienen más inteligencia territorial sobre el Cauca que la mayor parte de los informes de gestión que las instituciones responsables envían a Bogotá.
La pregunta que queda es la misma de siempre, y su respuesta sigue siendo la misma de siempre: ¿alguien en el Gobierno Nacional los leyó antes del 21 de mayo?
Escuche el análisis completo del conflicto Nasa-Misak en formato podcast: https://soundcloud.com/carlos-duarte-44/tres-relatos-sobre-una-misma
Otras publicaciones de Alfonso Luna Geller en Proclama del Pacífico:
Aquí, los documentos completos:
