Redacción Bogotá – Por: Carlos Villamil.
El Gobierno Nacional encendió las alarmas por presuntas irregularidades y presiones contra las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La denuncia fue hecha por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien aseguró que existen casos en los que trabajadoras son amenazadas con perder su empleo si exigen sus derechos laborales o si no apoyan determinadas candidaturas políticas.
“Eso es un delito”, afirmó el ministro, al advertir que algunas manipuladoras estarían siendo víctimas de chantaje laboral y constreñimiento electoral por parte de operadores y secretarías de educación. Según explicó, las denuncias indican que a varias trabajadoras se les estaría condicionando su permanencia en el programa a respaldar campañas presidenciales, vulnerando sus derechos y su dignidad.
Rojas Medellín sostuvo que el Gobierno ha destinado mayores recursos para fortalecer el PAE y mejorar las condiciones laborales de quienes hacen parte del programa. Recordó que el presidente Gustavo Petro aumentó en un 79 % el presupuesto del PAE con el propósito de dignificar la labor de las manipuladoras y garantizar mejores condiciones, “no para aumentar las utilidades de los operadores”.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que ya se adelantan acciones de inspección, vigilancia y control en todo el país. Explicó que recientemente realizaron operativos en 19 departamentos, revisando a los operadores del programa, donde encontraron hallazgos que podrían derivar en investigaciones, sanciones y planes de mejoramiento laboral.
Sanguino invitó a las trabajadoras afectadas a denunciar cualquier irregularidad ante el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. “Vamos a proteger la dignidad de niñas, niños, jóvenes y también de las mujeres trabajadoras vinculadas al Programa de Alimentación Escolar”, aseguró.
El pronunciamiento del Gobierno pone nuevamente en el centro del debate la situación laboral dentro del PAE, un programa clave para millones de estudiantes en Colombia y que históricamente ha estado rodeado de cuestionamientos por la contratación de operadores y el manejo de recursos públicos.
Las denuncias ahora podrían abrir investigaciones disciplinarias y penales contra quienes estén utilizando amenazas o presiones políticas para controlar a las trabajadoras del programa.
