Autoridad selectiva y sospecha de negocio oculto
Autoridad selectiva y sospecha de negocio oculto / La ironía es grotesca. A la irregularidad en la aplicación de la norma se suma la cuestionable legalidad de los medios empleados. Por ejemplo, como se observa en la fotografía, el vehículo cama-baja utilizado para estos traslados se estaciona en flagrante violación de las normas que supuestamente hacen cumplir. Se exige el cumplimiento de la ley, pero se la vulnera en el proceso.
La gestión del tránsito en Santander de Quilichao exhibe una problemática que trasciende la mera aplicación de normas. Se evidencia una arbitrariedad en el decomiso de motocicletas que socava la confianza ciudadana en la autoridad. No se trata de una aplicación equitativa de la ley, sino de una práctica selectiva donde el criterio del funcionario, y no una directriz clara y transparente, determina quién es sancionado.
A diario se observan calles repletas de motocicletas mal estacionadas. Sin embargo, cuando llega el operativo de decomiso, no se actúa sobre la totalidad ni bajo un protocolo claro. El agente escoge, bajo criterio desconocido, cuál es la moto que debe ser retirada. A veces se trata de una, a veces de dos, mientras otras, en la misma condición, permanecen en su lugar. No hay notificación previa, no hay aviso ni presencia del propietario. El procedimiento se ejecuta en ausencia y sin explicación.
Esta situación genera interrogantes sobre la idoneidad del procedimiento. ¿Cuáles son los parámetros que rigen el decomiso? ¿Por qué se penaliza a unos y se ignora a otros en circunstancias similares? La opacidad en la selección de los vehículos infractores, sumada a la ausencia del conductor al momento del decomiso, sugiere un procedimiento que roza la indefensión.
El vehículo utilizado para el decomiso, conocido como «cama baja», también estaciona en sitios prohibidos mientras carga las motocicletas, infringiendo las mismas normas que sus operadores dicen hacer cumplir.
No se ve a los agentes de tránsito en operativos para prevenir carreras ilegales o piques clandestinos, controlar excesos de velocidad, la violación de semáforos en rojo o garantizando la seguridad peatonal. Se les ve en procedimientos selectivos, sin patrón evidente, como si la infracción dependiera de la cara del conductor o del momento oportuno para surtir el negocio del día. La autoridad está para servir, no para seleccionar a quién castigar en nombre del desorden que ella misma permite. La autoridad tampoco es para llenar patios privados con motos cuyos dueños deben pagar multas desproporcionadas, costos de parqueadero y transporte. Un negocio redondo, amparado por el uniforme.
Si la autoridad no rinde cuentas, esta práctica seguirá siendo lo que es hoy: un abuso disfrazado de procedimiento.
Derecho de petición
Teniendo en cuenta lo anterior, y que la función de las autoridades de movilidad en cualquier municipio no es castigar, sino garantizar el tránsito, el orden y la seguridad vial para todos por igual, para que esta publicación no se quede solo en reportaje, la presentamos como un derecho de petición formal a la Secretaría de Movilidad de Santander de Quilichao.
En consecuencia, se demanda una explicación pública sobre los criterios técnicos y legales que justifican el decomiso cotidiano sin aviso previo; se exige la divulgación del contrato de la «cama baja», incluyendo la verificación del cumplimiento de los requisitos legales (pólizas vigentes, revisión técnico-mecánica y SOAT del vehículo como los documentos del conductor), y acciones concretas para evitar la aplicación caprichosa de la ley.
La ciudadanía merece transparencia en la gestión del tránsito y la garantía de que la ley se aplica a todos por igual, sin arbitrariedades ni favoritismos. Por esta razón, en este mismo espacio, una vez cumplidos los plazos legales, publicaremos las respuestas que la Secretaría de Movilidad le debe entregar a todos los quilichagueños.
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