La corrupción se ha establecido como un sistema de despojo estructural que asfixia el futuro de nuestras comunidades. Lo alarmante es que este abuso se convirtió en la forma habitual y aceptada de administrar lo público. Su mayor victoria ocurre cuando la ciudadanía considera inevitable que una obra quede inconclusa, que una contratación favorezca siempre a los mismos o que denunciar no produzca consecuencias. Entonces, el saqueo de una entidad pública triunfa gracias a su mejor aliada: la resignación ciudadana a la que se acostumbró Popayán y el Cauca. Una complicidad que se alimenta de unos organismos de control lentos, incapaces de demostrar con sanciones oportunas que meterle la mano al erario público tiene consecuencias.
El Cauca no escapa a este a este grave flagelo y no se puede permitir que le sigan metiendo la mano a los recursos públicos, que se asimile a un paisaje normal de nuestra cotidianidad y que el cinismo con que actúan los corruptos sea aceptado con resignación.
Cada trámite que se estanca en una ventanilla a la espera de una dádiva, cada pliego de condiciones diseñado y amañado con precisión de sastre para favorecer al amigo del mandatario local y cada convenio o contratación directa que esquiva con descaro la Ley 80 representan una estocada directa a la inversión y el bienestar social.
La contratación pública, que por ley debe ser transparente y competitiva, se ha transformado en un festín de adjudicaciones a dedo, donde el mérito no existe (desapareció), los recursos se diluyen en un mar de coimas, como han denunciado en repetidas oportunidades.
Este desvío desvergonzado de dinero se traduce de forma inmediata en el abandono que sufre la red vial urbana y rural, la señalización y seguridad vial, los escenarios deportivos, las ciclovías, espacios culturales, de recreación, de salud y bienestar, de convivencia, las escuelas rurales que se caen a pedazos, etc.; se concluyen con obras mal planificadas, hechas a medias y ejecutadas con materiales de mala calidad, porque el presupuesto real se quedó en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos que se pavonean como dueños absolutos de la riqueza colectiva.
El Cauca, Popayán y demás municipios exigen que la defensa del patrimonio público se traduzca en obras útiles, recursos protegidos y decisiones oportunas. Sinembargo, el impacto social empeora drásticamente en época electoral, cuando se desata el indignante espectáculo de los anuncios de renuncias en masa. Secretarios que abandonan sus despachos con sonrisas triunfantes y con la complacencia de alcaldes y gobernador para exhibir sin pudor un músculo financiero desproporcionado que delata el dividendo de la corrupción.
Mientras tanto, la ciudadanía contempla con frustración el silencio sepulcral, la pasividad y la indolencia de la Fiscalía, la Procuraduría y las Contralorías. Que no existan condenas contundentes o que los expedientes duerman el sueño de los justos en los escritorios oficiales no significa que los delitos no se estén cometiendo a plena luz del día; significa que la impunidad está ganando la batalla y que los entes de control le están fallando a la ciudadanía, cobrando salarios millonarios sin entregar los resultados que la sociedad les exige.
Hoy se comenta en reuniones sociales y políticas que tocará esperar que venga el Tigre a poner orden, porque los órganos de control en el Cauca no son capaces. Las valientes denuncias de algunos periodistas y los medios de comunicación digital, que ponen sobre la mesa actuaciones abusivas de contratación, no pueden seguir siendo tratadas como simples anécdotas o ignoradas por quienes tienen el deber constitucional de investigar las denuncias de los medios y deben investigarse.
Normalizar este flagelo en el Cauca es condenarnos al atraso eterno.
Es obligación de todos los ciudadanos romper el silencio, el miedo y la indiferencia, denunciar de manera activa y exigir rendición de cuentas real, porque permitir que sigan saqueando el departamento y el municipio es despojar de raíz la dignidad y los derechos fundamentales a las presentes y futuras generaciones de caucanos.
A quienes administran lo público se les debe exigir legalidad y cuentas claras. A quienes los vigilan, diligencia e independencia. Hay que entender que cada peso perdido es una oportunidad que se quita a la comunidad, y cada alerta ignorada destruye la posibilidad de recuperar la confianza.
Los entes de control deben llegar a tiempo para proteger los derechos ciudadanos, velar porque los recursos se inviertan en las obras de destinó, porque el control no puede llegar cuando el daño está hecho.
Invito a los lectores a hacer conocer de las autoridades los actos de corrupción, con evidencias concretas, para que no se sigan robando las esperanzas de buen gobierno que esperan los caucanos y payaneses.
