IGAC, LA CIUDADANIA NECESITA SOLUCIONES, NO TRAMITES
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La actualización catastral adelantada en Popayán durante los años 2022 y 2023 dejó una profunda fractura entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los propietarios de bienes inmuebles. Lo que debía ser un proceso técnico, transparente y comprensible terminó siendo percibido por amplios sectores de la ciudadanía como una decisión distante de la realidad económica de sus predios y de su capacidad de pago.
El problema no radica únicamente en el aumento de los avalúos. Toda actualización catastral puede producir variaciones y en algunos casos, incrementos importantes. La verdadera discusión está en la calidad de la información utilizada, en la posibilidad efectiva de controvertir los resultados y sobre todo, en la respuesta institucional frente a los errores advertidos por los ciudadanos. Cuando una entidad recibe un volumen extraordinario de peticiones, quejas y reclamaciones, no basta con asignarles un número de radicado: debe preguntarse qué está fallando en el proceso que ella misma adelantó.
En Popayán, propietarios, organizaciones ciudadanas y veedurías han acudido a peticiones, reclamaciones, marchas, cabildos abiertos, foros e intervenciones ante distintas instancias. Sin embargo, la percepción que persiste es que no ha existido una respuesta integral y de fondo. El IGAC parece haberse convertido en una máquina de trámites: recibe documentos, abre expedientes y comunica procedimientos, pero no ofrece un diagnóstico público que identifique la magnitud de las inconformidades, sus causas y las medidas adoptadas para corregirlas.
Resulta especialmente preocupante que, según lo denunciado por representantes ciudadanos, ni siquiera exista una estadística consolidada y confiable sobre el número de reclamaciones presentadas, su estado, los errores más frecuentes y la cantidad de avalúos corregidos. Sin información organizada no hay evaluación institucional posible. Y sin evaluación, la entidad queda condenada a responder caso por caso, trasladando al propietario toda la carga de demostrar un problema que puede ser sistémico.
La situación llego al punto de requerir una acción de tutela para obtener esas cifras, un juzgado de Popayán adelanto el trámite correspondiente sancionando con desacato a la directora territorial del IGAC en auto de 12 de agosto de 2026, ante el incumplimiento de entregar la información solicitada. Si estos hechos constan en una providencia judicial, su gravedad trasciende una simple demora administrativa: revelarían una falla en el deber de responder y acatar las decisiones judiciales.
Corregir de oficio no significa desconocer el debido proceso ni alterar indiscriminadamente la base catastral. Significa usar las reclamaciones como una fuente de control de calidad, revisar metodologías y extender las correcciones a los predios afectados por una misma inconsistencia. También implica publicar, con datos verificables, cuántas solicitudes se recibieron, cuántas se resolvieron de fondo, qué porcentaje produjo modificaciones y cuáles fueron las fallas encontradas.
Popayán no necesita más respuestas formales que eludan el problema.
Necesita una auditoría técnica transparente de la actualización realizada en 2022 y 2023; un plan extraordinario para resolver las reclamaciones pendientes en conjunto con el municipio, pero no puede utilizarse para diluir responsabilidades: cada entidad debe responder por las competencias que le corresponden.
Mientras persista esta situación, las graves consecuencias económicas recaen sobre ciudadanos que pueden estar pagando obligaciones calculadas a partir de valores desproporcionados. Para un pequeño propietario, el avalúo catastral no es una cifra abstracta: incide en el impuesto predial y afecta su estabilidad económica, la conservación de su patrimonio y en muchos casos, la posibilidad de permanecer en el inmueble. El Estado no puede colocar al ciudadano en condición de indefensión, ni exigirle una carga económica originada en datos que la propia administración se niega a revisar de manera suficiente.
La ciudadanía no está pidiendo privilegios ni la eliminación del catastro.
Está exigiendo algo elemental: que el valor de sus bienes se determine con rigor, que sus argumentos sean escuchados y que los errores de la administración sean corregidos por quien los produjo. La legitimidad del catastro no se mide por el número de predios actualizados ni por la cantidad de trámites evacuados, sino por la confiabilidad de los datos y la justicia de las decisiones que se toman a partir de ellos.
El IGAC puede reconstruir la confianza perdida, pero para hacerlo debe abandonar la lógica defensiva del trámite y asumir la responsabilidad institucional de resolver. Reconocer una falla, medirla y corregirla no debilita a una entidad pública; por el contrario, demuestra que está al servicio del ciudadano. En Popayán, la respuesta ya no puede seguir siendo otro radicado. Debe ser compromiso institucional conjunto para dar soluciones.
