Por: Miguel Eduardo Muñoz Guevara.
El acelerado crecimiento de la deuda externa colombiana entre 2023 y 2026, constituye una de las señales más preocupantes del manejo económico reciente del país. Lo que inicialmente se presentó como una necesidad temporal para atender compromisos fiscales y mantener la estabilidad financiera terminó convirtiéndose en una política de endeudamiento permanente, carente de planeación y sin resultados visibles en términos de crecimiento productivo, desarrollo industrial o mejoramiento de las condiciones sociales de la población.
La consecuencia inmediata de esta política es trasladar una enorme carga financiera a las futuras generaciones, hipotecando el presupuesto nacional durante décadas.
Al cierre de 2022, Colombia registraba una deuda externa cercana a los 184 mil millones de dólares. Sin embargo, para finales de 2025 esta cifra ya superaba los 238 mil millones de dólares, reflejando un incremento extraordinario en un periodo relativamente corto. Lo más grave no es el aumento del monto adeudado, sino las condiciones bajo las cuales se adquirieron los compromisos financieros. El país comenzó a endeudarse a tasas entre el 9 y el 15% anual en dólares (en 2026), niveles altos que evidencian el deterioro de la confianza de los mercados internacionales en la economía colombiana y el incremento del riesgo fiscal del Estado.
A la fecha que se escribe esta columna, se siente la presión económica afectando de manera importante los ingresos en los hogares, la pequeña, mediana y gran empresa, pero las consecuencias de este manejo irresponsable por parte del gobierno nacional relacionado con el endeudamiento comenzarán a sentirse con mayor fuerza en el corto y mediano plazo, es decir al próximo gobierno le tocará asumir esta responsabilidad.
Cada punto adicional en las tasas de interés representa billones de pesos que deberán salir del presupuesto nacional, pero si vamos al origen del recaudo, es a través de los impuestos que pagamos todos los colombianos que se cumplirán estas obligaciones. Recursos que podrían destinarse a hospitales, universidades, carreteras, vivienda, acueductos o programas de lucha contra la pobreza terminarán siendo absorbidos por el pago de la deuda. El país corre el riesgo de convertirse en una economía que trabaja principalmente para pagar intereses.
Este escenario inevitablemente conducirá a una mayor presión tributaria sobre los ciudadanos y el sector productivo. Cuando el Estado necesita más recursos para pagar intereses, recurre a reformas tributarias permanentes, incremento de impuestos indirectos, ampliación de bases gravables y mayores cargas para empresas y trabajadores. En consecuencia, las familias terminan pagando el costo del endeudamiento mediante aumento del costo de vida, menor capacidad adquisitiva y reducción de oportunidades económicas.
Las decisiones que se adopten hoy serán determinantes para definir si el país logra recuperar la sostenibilidad financiera, fortalecer la confianza inversionista y retomar una senda de crecimiento estable y responsable. Por ello, será fundamental elegir un presidente con criterio y visión de futuro, con el propósito de implementar los correctivos necesarios que permitan sanear las finanzas públicas, garantizar mayor eficiencia en el gasto y proteger la estabilidad económica del país.
De ahí la importancia que tiene la juventud, es decir, las nuevas generaciones, de comprender con claridad la grave responsabilidad que tienen al momento de elegir el rumbo del país. Hoy Colombia enfrenta decisiones fiscales y financieras que marcarán su estabilidad en los próximos años y serán precisamente los jóvenes quienes recibirán la herencia económica del gobierno y serán quienes carguen el mayor peso de las consecuencias de un manejo irresponsable de las finanzas públicas, del endeudamiento excesivo y de políticas que comprometen el desarrollo económico y social de largo plazo.
No se trata solo de una elección del presente, sino de definir si el país corrige el rumbo o profundiza una crisis que puede traducirse en menos oportunidades de empleo, mayores cargas tributarias, debilitamiento de la inversión, deterioro en la calidad de vida y una afectación directa sobre quienes hoy construyen su futuro. Por eso, las nuevas generaciones tienen el deber de analizar con criterio, visión y responsabilidad sus decisiones, entendiendo que pueden ser los grandes perjudicados a mediano y largo plazo.
