La trampa de una falsa legitimidad
La trampa de una falsa legitimidad
Han puesto de moda una sutil, pero falsa, disputa de legitimidad entre Petro y el Congreso, fabricada por los intereses políticos y económicos del clan de empresarios nacionales y extranjeros que son dueños de los medios de comunicación masiva de Colombia.
En el fragor del debate actual sobre la Consulta Popular, la falacia que se han inventado ahora es que el Congreso tiene más legitimidad que el Presidente porque, sumando todos los votos de las elecciones legislativas de 2022, logró más de veinte millones, mientras que Petro «apenas» obtuvo poco más de once millones de votos.
La falacia de la superioridad del Congreso por la suma de sus votos en bloque no es un debate académico, sino una estrategia política con fines desestabilizadores. Al poner en duda la legitimidad del Presidente, se busca minar su capacidad de gobierno y desconocer el mandato popular que lo llevó al poder. Es un intento de erosionar la confianza en las instituciones democráticas y de crear un clima de incertidumbre y polarización que solo beneficia a quienes se resisten al cambio.
Es preciso recordar a los desinformadores, y a sus directores, que el Congreso colombiano está integrado por 296 miembros. En las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022, los 108 senadores fueron elegidos con 9.614.985 votos (108 electores sumados, sacaron menos votos que el aspirante a la Presidencia), y los 188 representantes a la Cámara obtuvieron un total de 11.239.874 votos (los 188 representantes sacaron menos votos que un solo candidato a la Presidencia). Un simple cálculo aritmético revela que, de un total de 20.854.859 votos, cada congresista obtuvo, en promedio, unos 74.500 votos.
Esta cifra, aunque irrisoria si se la compara con la votación que obtuvo en junio de 2022 el presidente Petro (11.292.751 de votos), no es en sí misma un argumento para deslegitimar al Congreso. Sería tan abusivo como ignorante afirmar que los miembros del poder legislativo carecen de legitimidad democrática por esa razón. Su legitimidad emana de la misma fuente que la del presidente: el voto popular. Lo que resulta inaceptable es la comparación malintencionada que busca socavar la investidura presidencial.
La ilusoria comparación es un insulto a la inteligencia democrática y sirve a tres agendas:
- Deslegitimar al Presidente minimizando su victoria histórica (primera izquierda en 200 años).
- Justificar el bloqueo legislativo pintando al Congreso como «vocero del pueblo» contra un Ejecutivo «minoritario».
- Infantilizar al electorado asumiendo que los ciudadanos no saben sumar ni dividir.
A los medios hegemónicos y sus voceros les sobran calculadoras, pero les falta ética. La democracia no se mide por sumatorias tramposas, sino por la voluntad popular expresada en urnas.
Pero más grave aún: revela una estrategia mediática cuyo fin es minar el principio de soberanía popular cuando no conviene a intereses privados.
Ante esta embestida, es fundamental que la ciudadanía, los medios de comunicación y las fuerzas vivas de la sociedad alcemos nuestra voz en defensa de la democracia y la legitimidad de nuestras instituciones. No podemos permitir que los medios de la hegemonía económica manipulen la información y desvirtúen el sentido del voto popular. La democracia se defiende con argumentos, con transparencia y con un compromiso inquebrantable con la verdad.
La opinión pública merece rigor, no atajos narrativos. Y sobre todo, merece un periodismo que no se convierta en partido político al servicio de intereses privados.
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